La resolución sostiene que el año 98, cuando era ministro de OOPP, el actual jefe de Estado dio el visto bueno a una resolución que aprobó una consultoría con la casa de estudios que, presume la ministra, habría servido para el pago de sobresueldos a través del abultamiento del valor del contrato. Esta constatación abre la posibilidad de una declaración en la causa -por oficio- del Presidente.
La ministra Gloria Ana Chevesich, quien pesquisa los delitos cometidos por ex funcionarios del ministerio de Obras Públicas a través de los nexos con la empresa GATE, selló ayer martes -con carácter de provisorio, ya que se trata de un auto de procesamiento y no de una condena- el curso de la investigación que, según afirmó, recién comienza, a través de un auto de procesamiento que afecta a 22 personas.
Con el fallo, de paso, envió un discreto mensaje a la autoridad gubernamental al mencionar en el texto, con nombre y apellido, al Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, como la persona que, en su antigua calidad de titular del MOP, dio, en 1998, el visto bueno a una resolución que aprobó un convenio por 12.970 millones de pesos con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile para la realización de un estudio sobre calidad del servicio de las obras viales concesionadas.
La resolución de la ministra Chevesich incorpora, en las letras b y c del considerando segundo del acápite IX, los siguientes párrafos:
"Que mediante convenio Ad-Referendum de 15 de junio de 1998, suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas, representada por el señor Sergio Hinojosa Ramírez, y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile, representada por el señor Sergio Yánez Henríquez, se encargó al consultor el desarrollo del trabajo de consultoría y las labores especificadas en los Términos de Referencia, que en conjunto con la Oferta Técnica y Económica del consultor forman parte integrante del convenio, señalándose que el valor del trabajo de la consultoría contratada alcanza un monto total de UF 12.970, incluido impuestos".
Sigue con que: "por Resolución de la Dirección General de Obras Públicas signada con el número 560 de 27 de julio de 1998, suscrita por el Director General de Obras Públicas, don Juan Lobos Díaz, y con el visto bueno del ministro de Obras Públicas de la época, don Ricardo Lagos Escobar, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto N° 48 que aprueba el nuevo Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría, se aprobaron los Términos de Referencia y el Convenio Ad-Referéndum para la realización de la asesoría denominada Elaboración de un Índice de Calidad de Servicio de Obras Viales Concesionadas, autorizándose el gasto".
Fue con ese dinero que, según constató en su investigación la jueza Chevesich, la Universidad de Chile subcontrató con GATE, "no obstante no estaba autorizada para subcontratar", siete convenios por un monto total de 31 millones 400 mil pesos. "Los pagos efectuados a la empresa GATE S.A. se efectuaron no obstante que no prestó ningún servicio y, además, sin que interviniera en la consultoría encargada", sostiene la resolución de la ministra.
Así, y de acuerdo al modus operandi que existía en el MOP en aquellos años, la magistrada halló elementos suficientes para presumir que el dinero fue usado para el pago de sobresueldos a funcionarios del MOP. "Personas que a la época se desempeñaban como funcionarios públicos, idearon el ardid de abultar el precio de una consultoría en la suma de 31 millones 400 mil pesos para pagar diferentes sumas de dinero respecto de las cuales el Fisco de Chile no se encontraba obligado a solucionar, entre ellos, honorarios adicionales o sobresueldos, privando al patrimonio fiscal de una cantidad equivalente a dicha suma", dice la resolución.
El contrato suscrito con la Universidad de Chile el año 1998 es el más antiguo que incorpora el auto de procesamiento y el único que aparece en el fallo de ayer donde se menciona al actual jefe de Estado, pues los otros contratos fueron firmados luego de la llegada al ministerio de Jaime Tohá. Pero esta sola constatación deriva en la posibilidad bastante cierta de una declaración por oficio del Presidente Lagos en la causa.
Por los hechos anteriormente mencionados, quedaron procesados ayer martes Carlos Cruz Lorenzen (a esa fecha director de Concesiones del MOP), Sergio Cortés Castro, Sergio Hinojosa Ramírez, Ramón Silva Améstica, Ricardo Paredes Molina (en ese entontes decano de la mencionada facultad de la Universidad de Chile) y Héctor Peña Véliz, dueño de GATE. Los dos primeros, en calidad de autores de fraude al Fisco, y los siguientes como autores del delito de estafa contemplado en el artículo 468 del Código Penal.
Una resolución que cambia las cosas
Otro de los elementos novedosos que trajo la resolución de la ministra Gloria Ana Chevesich fue la casi completa resolución del puzzle que el magistrado Carlos Aránguiz -quien en un principio tuvo en sus manos la causa- más había intuido que constatado.
Así, si bien la jueza conservó las figuras delictivas por las cuales el magistrado rancagüino había procesado, a fines del año pasado, a Cruz y Cortés -y en cierto modo también la de Peña Véliz, que sólo varió de estafa residual a estafa- la configuración de los hechos constitutivos del ilícito variaron, sustancialmente, ya que Aránguiz se arriesgó con una encargatoria de reo que no estaba lo suficientemente firme y que, de permanecer así, corría mayor riesgo de «caerse» a mediano plazo.
La ministra Chevesich, como refleja el texto de ayer martes, tiene ya claro que la operatoria que acarrea los presuntos delitos fue compleja y sobre la base de un mecanismo con al menos tres fases: el MOP contrataba consultorías con empresas externas que elaboraban estudios, dichos entes privados subcontrataban con GATE servicios para apoyar tales análisis y los pagaba con el dinero que tenían en su poder gracias al «sobreprecio» que el ministerio había cancelado en el contrato original. Los montos que ingresaba así a la compañía de Peña Véliz, eran destinados a pagar sobresueldos a funcionarios del organismo estatal que trabajaban en la dirección de Concesiones.
Por estos hechos quedaron procesados por estafa los representantes de siete empresas consultoras del MOP. Ellas son Aristos Consultores, Consultorías Profesionales Agraria Ltda., Consultora Generes, R y Q Ingeniería S.A., Exe Ingeniería y Software, Geofun Limitada, y de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.
Además de Cruz y Cortés, otros ex funcionarios públicos encausados por fraude al Fisco son: Roberto Salinas Briones, ex funcionario de la Coordinación General de Concesiones; Héctor Quiroz Astorga, ex inspector fiscal del MOP; Sergio Hinojosa Ramírez, jefe del área de estudios de la Coordinación general de Concesiones; y Ricardo Arraigada Moreno, ex director de Vialidad.
Por estafa residual quedaron sometidos a proceso Luis Jara Núñez y Yerko General Carrasco, contadores de la empresa de Peña Véliz y encargados de administrar la caja paralela que funcionaba con el sistema MOP-GATE que resultaba de los dineros «restituidos o devueltos al Ministerio de Obras Públicas por empresas consultoras, previamente retirados del patrimonio fiscal mediante el artificio de abultar el precio de las consultorías», según reseña el fallo.
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