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Carolina Tohá: «Colegios subvencionados acentúan los ghettos de pobreza»

Así de tajante es la parlamentaria PPD, quien asegura que las indicaciones del proyecto de Jornada Escolar Completa se han hecho para dar mayor «equidad» y «transparencia» al sistema educacional.


Respondiendo al fuerte cuestionamiento de las municipalidades y colegios particulares subvencionados sobre las indicaciones hechas al proyecto de Jornada Escolar Completa, la presidenta de la comisión de educación de la Cámara aseguró que entre los sostenedores existe un espíritu de «poca cooperación con los sectores más desposeídos. La verdad es que contribuyen a crear ghettos de pobreza en el país», sostuvo.



Las declaraciones de Tohá responden al anuncio formulado por los alcaldes -con corporaciones educacionales en sus municipios- de crear un «frente común» contra las modificaciones a la JEC. Los ediles alegan que el actual proyecto sólo perjudica su actividad. En el país existen 53 de estas corporaciones que administran los recursos del Estado desde la década de los 80 como una forma de desentralizar los presupuestos.



Las indicaciones hechas en enero al proyecto JEC incluyen un punto que ha traído debate: la integración en sus matrículas de un 15 por ciento de alumnos con riesgo social, prohibición de sistemas de selección de alumnos y la restricción de cobros a familias morosas, entre otros.



El proyecto en los próximos días entrará para estudiarse en la Cámara, luego de haber pasado por la Comisión de Hacienda de la misma.



Tohá es una de las gestoras de dichas modificaciones quien, en conversación con El Mostrador.cl, afirmó que las medidas sólo buscan dotar de «transparencia» al sistema.



Se ha especulado mucho sobre el objetivo de las indicaciones puestas a la JEC ¿Cuál es la meta para los legisladores?
– El único fin que se pretende con esta modificación es que los recursos se destinen directamente a la educación, que los presupuestos pasen por las contraloría interna de los municipios y que los consejos puedan conocer lo que se hace con ellos.



Los alcaldes aseguran que el objetivo final es que las corporaciones desaparezcan.
– Por ningún motivo se pretende que las corporaciones desaparezcan, sino que se otorgue mayor transparencia al sistema. Existen numerosas denuncias sobre malos manejos en corporaciones, por lo que el sistema se debe regular. Las irregularidades no se remiten sólo a San Fernando.



Otra de las indicaciones aborda el tema de que la matrícula debe integrar a alumnos con riesgo social lo que ha provocado un fuerte rechazo de la Corporación Nacional de Colegios Particulares.
– Los establecimientos que reciben aportes estatales no pueden seguir con una política de exclusión hacia los sectores más desposeídos. Los colegios subvencionados acentúan los ghettos de pobreza en el país. Realizan exclusiones a partir de la mensualidad que se cobra, pues les interesa tener familias que puedan pagar los altos costos.



¿Esta medida no uniforma la educación como plantean los sostenedores?
– Con la educación no se puede lucrar, pues todos deben tener la oportunidad de elegir un colegio que impartan clases de excelencia. No se pretende hacer una nueva Escuela Nacional Unificada, sino que todos tengan la oportunidad de elegir en el caso de que el Estado entregue recursos.



Los críticos a las indicaciones aseguran que no existe confianza en la gestión que han hecho.
– A los municipios les gusta la discrecionalidad en sus actividades, que no exista mayor control. Pero las cosas deben cambiar por el bien de los padres, alumnos y profesores. Esta ley los beneficia a todos, pues ha sido pensada en conjunto.



¿Cómo se va a llevar adelante una ley que cuenta con el rechazo de quienes son sus protagonistas?
– La iniciativa pasará nuevamente a la Cámara para ser revisada. Confiamos en que las indicaciones sean aprobadas pues van en beneficio de la mayor parte de los estudiantes y solo quiere dar equidad al sistema. En cuanto a la gestión municipal, los parlamentarios conocen que hay deficiencias en la administración de los recursos y que la ley es una forma de beneficiar también a los docentes por lo que aprobarla es prioritario.



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