El ahora procesado por falso testimonio Luis Enrique Dávila Melgarejo, tiene desde diciembre del año pasado dos órdenes de detención pendientes en Perú. Una por homicidio y otra por tráfico de drogas. Por eso es que al magistrado, como al CDE, les llamó la atención que una persona de la legación diplomática acompañe a un prófugo de la justicia.
El pasado martes el ministro en visita que instruye el caso Aero Continente, Víctor Montiglio, interrumpió el interrogatorio que realizaba al abogado Cristián Vidal, del estudio de Julio Disi. Un funcionario del Quinto Juzgado el Crimen de Santiago, donde se realizaba la diligencia, le señaló que una persona que se identificó como Luis Enrique Dávila Melgarejo, le pedía audiencia para declarar.
Montiglio sólo reparó en el hecho cuando oyó que se trataba del suscrito y vio la identificación. Pero Dávila Melgarejo no venía solo, sino acompañado nada menos que de un funcionario del Consulado peruano en Chile, como si su declaración tuviera importancia diplomática.
Tras interrogar a Dávila Melgarejo, lo dejó detenido. El resto de los días lo careó con los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y lo interrogó en varias ocasiones. En su primer testimonio, Dávila Melgarejo relató como Zevallos había hecho su fortuna con el narcotráfico. Sin embargo, tratando de enmendar lo ya declarado y culpando a los abogados del CDE, intentó señalar que "ni siquiera conozco a Zevallos".
El sábado pasado, cuando se cumplía el plazo, el ministro sometió a proceso a Dávila Melgarejo por el delito de falso testimonio. Igual situación aconteció hace cerca de un mes con otro testigo -Purificación Marreros- que delató las actividades como narcotraficante del dueño de la aerolínea Fernando Zevallos.
Pero al Consejo de Defensa del Estado, ya el mismo martes, le llamaba la atención algunas particularidades de la "venida" o "huida" de Dávila Melgarejo desde el Perú, como también su entrada a Chile y, como no, el sospechoso vínculo con la sede diplomática.
La hipótesis era sencilla. Dávila Melgarejo tiene en el Perú -desde diciembre del año pasado- dos órdentes de detención por parte de la policía. Una por tráfico y otra por homicidio, confidenciaron fuentes policiales peruanas; ello sin contar por cierto las condenas por drogas en Portugal y asesinato en Colombia. Luego, ¿cómo pudo salir del Perú? ¿Cómo logró entrar a Chile?
Las preguntas en los investigadores siguieron, como también las sospechas de que tras esta venida de Dávila Melgarejo esté el propio Zevallos moviendo sus hilos, cual titiritero. Esto porque en Santiago alojó en el hotel Alcalá, el mismo que usan los ejecutivos de Aero Continente cuando vienen a Chile. Sus dueños son peruanos.
Luego, ¿quién pago la estadía de Dávila Melgarejo si no tiene actividad conocida en Perú?
Estas preguntas hasta ahora no tienen respuesta para el CDE y el magistrado, quien ordenó a la Brigada de Inteligencia Antinarcóticos (BIA) que prepare un informe respecto de cómo entró a Chile. También deberá citar u oficiar al consulado peruano para que el funcionario diplomático explique por qué una legación presta ayuda a un prófugo de la justicia en Perú y en qué contexto se produjo el asunto.
Dávila Melgarejo permanece detenido en la ex Penitenciaría de Santiago. Hasta ahora no ha designado abogado.
Consultado el abogado de Aero Continente respecto a si asumiría la defensa del testigo falso, Julio Disi explicó que ni él ni otro abogado de su oficina tomarán el patricionio de Poder del peruano.
En todo caso Montiglio no ha perdido el tiempo y ya despachó también una citación a la dueña de Aero Continente, Lupe Zevallos, para que preste testimonio sobre este mismo línea que lleva el proceso. No se descarta que si viene a Chile, como ocurrió con Dávila Melgarejo, pueda correr la misma suerte.
El caso Aero Continente se inició a mediados del 2001 cuando el CDE lanzó la llamada "Operación Icaro" y detuvo a varios ejecutivos de la firma. El entonces titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, los sometió a proceso por el delito de asociación ilícita para el lavado de dinero. Luego tanto la Corte de Apelaciones y la Suprema revocaron los encausamientos. Sin embargo ha investigación ha continuado.
