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MOP reflota polémica carretera de ‘Acceso NorOriente de Santiago’

La iniciativa, que tiene un costo de 130 millones de dólares, facilitaría el acceso directo a las comunas del barrio alto con el norte de la capital. El proyecto genera nuevas discrepancias en la comunidad del colegio Saint George, entre ecologistas y en parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) que evaluará el proyecto las próximas semanas.


Sólo 21 kilómetros separan al gobierno de los opositores al proyecto de carretera NorOriente de Santiago que aseguran que una carretera dañaría fuertemente su entorno. La obra quiere unir las comunas del sector oriente de la capital con la zona norte del país.



El boom inmobiliario hizo que a comienzos del 2002, dos empresas de ese rubro del sector de Chacabuco ofrecieran aportar con 20 millones de dólares al proyecto como medida de mitigación vial para facilitar el acceso a la zona norte de la capital. Ahora, es el MOP el que hizo un nuevo y más amplio llamado a licitación que implica un menor riesgo para los privados.



El nuevo trazado del proyecto nace en el sector del Puente Centenario en la avenida Américo Vespucio y termina en la Ruta 5. Contempla diferentes enlaces con otras vías: Centenario, El Llano, El Valle, Ruta 57, y el enlace Ruta 5, lugar donde finaliza la obra.



Entre los objetivos del emplazamiento de la ruta está el que las comunas del sector oriente posean una nueva conexión hacia la zona norte. El panorama actual contempla sólo la alternativa de la avenida Américo Vespucio. Según las autoridades, ésta será también una vía para potenciar el desarrollo de proyectos inmobiliarios de la Provincia de Chacabuco.



La obra implica además la construcción de cuatro túneles diferentes: La Pirámide, Manquehue I, Manquehue II y Montegordo, el que posee mayor longuitud.



El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de esta iniciativa debe someterse a votación en las próximas semanas por la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema).



Para dar viabilidad al proyecto, se modificó el plan regulador de las comunas de Vitacura, Colina, Lampa y Huechuraba para que el nuevo trazado pueda incluir áreas de suelo que eran de uso agropecuario exclusivo y un área de protección ecológica del Parque Metropolitano de Santiago.



130 millones de dólares



El proyecto surgió por primera vez en 1996 como iniciativa privada. En esa fecha no hubo empresas interesadas debido a que no fueron capaces de asumir los altos riesgos de la idea, entre ellos, el sobrecosto de las expropiaciones de terrenos para emplazar la carretera.



El próximo 23 de mayo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibirá las ofertas técnicas y económicas de las nueve empresas que esta vez sí quisieron postular a la concesión de la obra. Las firmas que han comprado bases para la licitación son El Chamisero, Tradeco Infraestructura, O.H.L. Concesiones Chile, Infraestructura Dos Mil, Impregilo, Sacyr Chile, María Elvira de Jesús León Woppke, Constructora Delta e Itinere Chile. En junio se conocería qué empresa tiene la mejor calificación para adjudicarse el proyecto de 130 millones de dólares.



La voz del Saint George’s



El rector del Saint George’s College, James Macdonald, se encuentra en pleno lobby para tratar de detener el proyecto. Con este objetivo prepara reuniones con todos los secretarios regionales ministeriales y consejeros regionales que son parte de la Corema.



El establecimiento tiene inquietudes sobre varios puntos, entre los que destacan la supuesta interrupción del acceso vehicular al colegio, el impacto acústico de una carretera y la obstrucción visual que tendría la institución.



"El trazado representa una invasión grave a nuestro proyecto educativo, pues llevará contaminación acústica a las salas de los estudiantes más pequeños, y una perspectiva visual dañina del entorno", sostuvo el rector.



Macdonald añadió que hace 30 años el colegio tuvo que modificar su ubicación debido a la construcción de la Avenida Pocuro, en Providencia. "En ese momento elegimos un espacio abierto, relativamente aislado, sin contaminación ambiental. También lo elegimos por ser un refugio de numerosa flora y fauna", dijo.



Agregó que el estudio de impacto ambiental «tiene muchos defectos que no contemplan un análisis cuidadoso de los impactos sobre el colegio tanto en la etapa de construcción como de operación, debiendo hacerlas por mandato jurídico".



"Impactos serán compensados"



El jefe de proyectos de la unidad de concesiones del MOP, Leonel Vivallos, remarcó que al igual que otros proyectos "es coherente con el plan regulador metropolitano de Santiago por lo que no afecta áreas que tienen hoy otro uso".



"El proyecto pasa por los lugares que debe pasar. Según el plan regulador metropolitano de Santiago, son zonas que están destinadas a vialidad. No se interrumpirán áreas que tienen otro uso. Sin embargo, efectivamente, el proyecto atraviesa áreas más consolidadas en el sector del Puente Centenario, en Vitacura", aclaró.



Vivallos precisó que las características de la ruta en la primera licitación "afectaba fuertemente instalaciones del colegio Saint George en sus áreas recreativas. Pero esto fue resuelto modificando la ruta hacia el sector poniente del cerro, lo que significó un costó adicional de unos 11 millones de dólares".



En cuanto a las aprensiones de la comunidad del colegio, el ejecutivo planteó que "el tráfico vehicular no se verá afectado. En cuanto al ruido, se incorporarán barreras acústicas para garantizar, en un 100 por ciento, que no se dañarán las instalaciones del establecimiento. Y para mitigar el impacto visual se emplazarán zonas arbóreas para que no se visualice el viaducto".



Respecto a la posibilidad de afectar áreas verdes, Vivallos dijo que Bosques Santiago «siempre supo que por ahí pasaría la ruta NorOriente, pues así está contemplado en el plan regulador. Se deben reponer todas las especies que se puedan ver afectadas, aunque no estamos hablando de árboles originarios", remarcó.



"La comunidad y los servicios han pedido que detallemos algunos puntos para evaluarlos con mayor profundidad y medidas de mitigación. Esperamos que el mes siguiente sea votado por la Corema", concluyó.



"Falta información"



El consejero regional y miembro de la Corema, Pedro Saitz, aseguró que el mayor problema de esta iniciativa "es la falta de información de los vecinos sobre los reales impactos que tendrá en el sector. No queremos que una vez más se desarrolle un proyecto a puertas cerradas, en el que sólo el empresariado conozca sus alcances".



Aseguró que junto a los vecinos del sector se está promoviendo una manifestación para el próximo 16 de mayo "para que la comunidad dé su parecer a la opinión pública y, si es necesario, se detenga la iniciativa hasta que se conozcan los detalles del proyecto".



El presidente de la Coordinadora de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, planteó que este proyecto obedece a los intereses de inmobiliarias que "no contemplan que con una ruta nueva se agudiza el problema de la contaminación por la circulación de vehículos".



Según Rendón el gobierno regional "promueve proyectos de expansión de la capital, sin tomar en cuenta que los espacios verdes se disminuyen cada vez más".

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