Larraín aseguró que la UDI va a ‘observar’ los pronunciamientos judiciales, en los casos de sobresueldos, y si estos producen una ‘hecatombe’ real -‘no insinuada’-, se podría abrir ante una fórmula legal que no lesione la acción de los tribuanles, pero aún no ha llegado ese momento.
El planteamiento del senador Carlos Ominami sobre la necesidad de buscar una salida política para el tema de los sobresueldos no dejó impasible a nadie. Su par y vicepresidente de la UDI, Hernán Larraín, insinuó que la polémica generada por el parlamentario socialista fuera una estrategia para provocar un ‘escándalo’ que forzara a los tribunales a actuar conforme a los deseos del gobierno.
Para este senador, considerado como parte del ala más ‘dura’ del gremialismo, "es muy delicado, que se comiencen a plantear soluciones legislativas cuando un juicio esta recién empezando. Encuentro, francamente, que es politizar la justicia, porque la está -de alguna manera- presionando a resolver de una manera favorable al intento legislativo que se insinúa. Por eso, yo no comparto lo que esta haciendo Ominami, me parece impertinente y creo que los tribunales deben ser dejados tranquilos hacer su trabajo".
¿El debate sobre la salida política a los casos de sobresueldos, podría haber influido en que la Corte Suprema no fuera más drástica con los magistrados de la Corte de Apelaciones que comieron con Insulza?
-Es posible, no lo sé. En todo caso creo que ahí, de todas maneras, la Corte Suprema, dio una señal de rechazo a una reunión que, obviamente, era del todo inconveniente y repudiable. Y eso, aunque no tenga una sanción dura sí tuvo una amonestación y provocó conmoción. Ahora, en este caso, yo creo que sí puede ser una manera de ganar puntos judicialmente a través de provocar este escándalo, lo cual puede servir para forzar a los tribunales a actuar.
A su juicio, en los últimos hechos se ha dado una cierta reacción de histeria, que de alguna manera ha impedido que quienes pudieran ser inocentes, aduciendo ser víctimas de un error administrativo, se puedan defender. "Yo tengo confianza en los tribunales y que si hay personas que se han equivocado, que han obrado de buena fe, no se han enriquecido… bueno, no van a tener sanciones porque probablemente no concurran los requisitos para que haya delito y, por lo tanto, no necesitan de una ley de amnistía ni nada por el estilo".
No obstante, precisó que "si, al revés, se puede dar que hubo dolo, que hubo enriquecimiento, que hubo ilícitos, entonces, bueno, ¿a qué santo se va a perdonar?"
–Partiendo de la base que tanto el senador Ominami como el gobierno han precisado que no quieren una ley de amnistía ¿No sería necesario un marco jurídico que estableciera con claridad los límites de lo delictual, para impedir interpretaciones arbitrarias que pudieran afectar a algunos de los procesados, considerando que los ministros que llevan los casos están interpretando la ley de manera distinta?
-Quienes interpretan y aplican la ley en los casos particulares son los jueces. No le corresponde ni a un ministro de Estado ni a un senador hacerlo y, por lo tanto, no se metan en lo que no les corresponde. Lo primero que hay que decirles a los que están haciéndolo. Y segundo, hay que decir que los procesos no han terminado, aquí no hay sentencias finales, no han actuado las cortes y las cortes son las que normalmente fijan, en definitiva, la jurisprudencia. De modo que también aquí hay una precipitación, un apresuramiento que me parece de muy mal gusto y del todo inconveniente.
En este plano, Larraín criticó duramente al senador Ominami por actuar como "chivo expiatorio o globo sonda de una situación que puede ser completamente inaceptable o, peor todavía, puede ser una presión indirecta a la acción de los tribunales para forzarlos, armando un tremendo escándalo por una eventual consecuencia que podría tener si los jueces hicieran esto o lo otro. Lo cual inhibe el pronunciamiento de los jueces y lo hace interferir indebidamente en los procesos en los que el juez tiene que tener plena autonomía e independencia para resolverlos conforme a derecho."
Larraín está convencido que se debe esperar la resolución de los tribunales en torno a los proceso, porque "si sancionan, efectivamente, a los que han obrado mal, a los que se puede decir que hayan cometido corrupción y a los otros los absuelven, de qué sirvió todo este escándalo que han armado, de nada. En general, cuando se habla de amnistía o de procesos legislativos que revisan o reinterpretan una norma, es cuando ya han ocurrido los hechos, pero no en la mitad de los mismos, es ‘después de’. Resulta que aquí no estamos en el ‘después de’, estamos en el ‘durante’."
"Aquí hay que dejar que se decanten lo hechos, que la situación se tranquilice, que se vea cuales son los efectos, porque lo contrario significa provocar un escándalo, producir una situación que no existe y eso a mí me parece de muy, muy mal gusto, del todo inconveniente e inoportuna."
¿Cómo se puede tener certeza de la actuación de los tribunales si los ministros están interpretando de diferente forma una misma norma?
-Bueno, eso ocurre habitualmente. Por eso que quienes son los que uniforman la jurisprudencia son los ministros de las cortes superiores. Primero los ministros de las Cortes de Apelaciones y luego la Corte Suprema y, por lo tanto, hay que esperar que ellos la uniformen. Que ellos sean los que determinen cuál va a ser, al final, el criterio jurídico a aplicar. Antes de eso es presumir una respuesta que no es aceptable o presionar para obtener una a favor, que tampoco es aceptable.
"Por eso a mi me parece que no se puede seguir en esta lógica que esta promoviendo Ominami y otros. En circunstancias que los tribunales todavía no han fijado un criterio y presumir cuál va a ser el criterio es no tener confianza en los jueces y además impedir que haya la debida defensa para los afectados."
–Pero los ministros que llevan los casos ya han planteado sus posiciones frente a los hechos…
-En una primera instancia ha habido criterios distintos de jueces que se han pronunciado sobre esta materia, pero no hay ningún primer fallo definitivo y, segundo, no hay ninguna apelación ni ningún pronunciamiento de cortes superiores y a mi me parece que eso es lo que debe primar y no lo veo primando en los criterios de los que intervienen, a propósito de la primera reacción (judicial). Porque esto ocurrió un día viernes y el lunes estaba la histeria desatada y estaban todos buscando leyes para amnistiar y perdonazos y reinterpretaciones y cada uno le ponía un nombre distinto, porque nadie se atrevía a llamar las cosas por el suyo.
"Yo creo que están mal y hay que dejar a los tribunales trabajar tranquilos, de una vez por todas. ¿Qué pasa si los procesados apelan y la Corte la Corte de Apelaciones revoca esto?
Nadie ha destacado que la fianza que fijó Alejandro Rivera de 500 mil (pesos), la corte la redujo a 300 mil. Lo cual, para mi gusto, es un gesto de desdramatizar el caso. No podía negarla, al contrario, eso habría sido una señal que podría haber abonado la tesis de los alarmistas, de los que están aterrados."
–¿Es también una señal de que se puede confiar en el criterio judicial?
-Yo creo que sí. Yo creo que se tiene que confiar en el criterio judicial, no hay otra solución. Si después de pronunciados los criterios judiciales se ve que éstos aplicaron una norma que estaba mal concebida, mal diseñada, si eso produce daño, entonces se puede buscar o una reinterpretación o una amnistía, pero lo que no corresponde ni tiene sentido es que antes de que los jueces apliquen la norma, ya la estamos cambiando por temor a que la puedan aplicar en un sentido que a mí no me gusta.
–Entonces ¿Después de terminados los procesos estarían dispuestos a escuchar una fórmula proveniente del gobierno para corregir fallos en que inocentes hubieran sido condenados?
-Si acaso, efectivamente, producto de pronunciamientos judiciales se produce una hecatombe, usted comprenderá que no nos vamos a quedar negando la hecatombe por defender un pronunciamiento judicial. Vamos a observar el pronunciamiento judicial, pero vamos a ver qué recursos se podrían utilizar y si hay alguna vía legal ante una hecatombe, producida no insinuada, ver si acaso se puede resolver sin que eso afecte o lesione la acción de los tribunales, pero de todas maneras es absolutamente inoportuno hacerlo hoy día.
–Visto así, ¿El problema de fondo es temporal?
-Es que se están adelantando a hechos, están presumiendo respuestas de los tribunales que tienen al lado, ¡si los tribunales no han terminado de actuar, están recién empezando!. Entonces, por eso es que encuentro extremadamente grave que se siga en este camino que lo único que hace es perturbar la labor de los tribunales, nada más que porque les dio terror.
