La sentencia que impugnó la aprobación ambiental de la Central Ralco, podría ser un inesperado y potente recurso de presión para que los abogados de las familias pehuenches soliciten la paralización de faenas en el alto Biobío, en el caso de que no lleguen a un acuerdo económico satisfactorio con la empresa.
Como anillo al dedo cayó para las familias pehuenches que esperan millonarias compensaciones económicas por la construcción de la Central Ralco, el fallo emanado del Sexto Juzgado Civil de Santiago que anula el Estudio de Impacto Ambiental -AIE- presentado por la empresa.
El Sexto Juzgado Civil de Santiago declaró ayer "nulo de derecho público los actos administrativos relativos al sistema de impacto ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco de Endesa".
También considera como nulos los procedimientos mismos de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto tramitado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y todas las actuaciones de ese servicio público en el marco de dicho procedimiento administrativo. La acción judicial contra el estudio fue presentada por las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán y Mercedes Huenteao en 1997.
El impugnado instrumento es crucial para que la empresa desarrolle obras y obtenga permisos sectoriales, por lo que de ser anulado por la justicia en forma definitiva constituye un serio revés a la terminación de las obras que se deberían finalizar en septiembre. En todo caso, Endesa puede apelar a la medida en los próximos días.
Seis largos años de espera por un pronunciamiento del tribunal, otorgaron un efectivo instrumento que podrían validar los abogados de los pehuenches en el marco de la mesa de trabajo con el Gobierno y Endesa para que esta haga efectivas un pliego de exigencias, que incluyen 200 millones de pesos y 77 hectáreas a cada una de 14 familias afectadas.
Las «ñañas» Berta y Nicolasa Quintremán han simbolizado la resistencia pehuenche a la construcción de la central eléctrica.
Sin embargo, para la Endesa solo son cuatro las familias que quedan por ser indemnizadas, contrario a lo que demandan los afectados de Ralco que aseguran que se deben contemplar los 14 núcleos familiares que habitan el alto Biobío.
Posible paralización
El abogado coordinador de la mesa de trabajo con el Gobierno y la empresa, Roberto Celedón aseguró que este fallo "tiene un valor jurídico y moral y, sin duda, constituye un efecto positivo en la mesa de trabajo que entablamos".
El profesional remarcó que "si la empresa mantiene una posición intransigente como la mostrada hasta ahora, legalmente procede que exijamos una medida precautoria de paralización de faenas".
Celedón remarcó que "es complejo rebajar las demandas a estas alturas de la discusión. Lo que planteamos, según la propia resolución ambiental, es que se debe respetar la unidad de las familias y el valor de oportunidad, pues los predios en este caso recibirán una millonaria obra".
Las negociaciones tripartitas -que se han desarrollado en el marco de la demanda pendiente de las familias pehuenches ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- se han llegado a acuerdos políticos en cuanto a la creación de la comuna Ralco, pero quedan definir aspectos las áreas económica y ambiental.
Alex Quevedo, abogado que patrocinante del recurso, es más radical en su postura y asegura que "nada nos impide que hagamos válida la paralización de las obras pues la empresa se ha mostrado inflexible en las demandas de las familias, que están lejos de lo solicitado inicialmente".
Respecto al fallo aseguró que sienta un precedente que se debe tomar en consideración a la hora de conversar sobre las peticiones, pues "ratifica lo que se habló hace seis años respecto a que la empresa no entregó antecedentes suficientes y en esa época fue impugnado por la propia gente que revisó el proceso en la Conama".
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