Tras la reunión realizada ayer se definieron las estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas por el presidente Ricardo Lagos al término de su mandato en esta materia, como la aprobación del reglamento de áreas silvestres protegidas privadas, el cual debería contribuir a lograr que el 10 por ciento de los ecosistemas del país esté resguardado el año 2006.
Dos instrumentos que abren la puerta al cumplimiento de la
»agenda verde» del presidente Lagos se aprobaron ayer durante la reunión del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente: el reglamento de áreas silvestres protegidas de propiedad privada; y la decisión de dejar en manos de la Conama la coordinación del proyecto de bonos de carbono en el país, iniciativa que nace del acuerdo internacional -Protocolo de Kyoto- firmado el año 2001.
La reunión ministerial -programada originalmente para enero pasado- se postergó por las dificultades en coordinar las agendas de las autoridades involucradas en la evaluación de las materias en estudio.
La idea de incluir áreas silvestres privadas como áreas protegidas es estimular la protección de territorios de propiedad particular que cuenten con flora y fauna única, para lo cual se les dotará de similar estatus del que gozan los parques nacionales. De este modo se protegería la existencia de especies de posibles predaciones, restringiendo la explotación comercial de los territorios al ecoturismo y observación e investigación científica.
Los propietarios que deseen poner sus predios bajo el nuevo sistema deberán presentar un plan de manejo sustentable de sus predios, definiendo las características del territorio y las actividades que pretende desarrollar.
Cuando se inició la discusión sobre el proyecto, el interés de empresarios y ambientalistas apuntaba a qué tipo de incentivo tendrían los propietarios para convertir espacios terrestres y acuáticos en "protegidos".
Debido a los recortes presupuestarios que afecta a todas las carteras, la idea de entregar una exención tributaria no prosperó. En cambio, se acordó un beneficio estatal para la promoción turística de las áreas, que busca favorecer la implementación de proyectos inmobiliarios -de desarrollo condicionado o de bajo impacto medioambiental- que contarían con un sello similar al que tiene los Parques Nacionales que son supervisados por la Conaf.
Según la Conama, de los 75 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, solo cerca del 20 por ciento se encuentra bajo algún nivel de protección oficial. Actualmente, en el país existen 400 mil hectáreas silvestres en manos de particulares que podrían ingresar a clasificación de "protegida" -más de la mitad pertenece al empresario ecologista Douglas Tompkins, dueño del Parque Pumalín- con lo que se aseguraría la preservación de flora y fauna única en el país.
Para Gianni López, director de la Conama, el objetivo es tener "a fines del 2006 el doble de la naturaleza con protección. Hoy tenemos el 5,5 por ciento de los ecosistemas protegidos. Por eso tenemos que tener instrumentos que incentiven a los privados".
Bonos de carbono
En la cita de ayer, también, también se discutió la conveniencia de dejar a la Conama como nexo oficial entre los propietarios privados y aquellos países que muestren interés en adquirir bonos de carbono en Chile.
Con la venta de dichos bonos a países desarrollados, Chile entrará al mercado global de descontaminación incluido en el Protocolo de Kyoto, lo que permitirá que empresas nacionales obtengan recursos por mejorar sus tecnologías o introducir fuentes de energías limpias.
El sistema incentiva a las empresa a disminuir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) puede vender esta "reducción" a empresas de países desarrollados que quedaron obligados -por el Protocolo- a emitir menos gases propulsores de efecto invernadero, generando -de paso- beneficios económicos y ambientales a nivel global.
Las transacciones de bonos de carbono es un mecanismo que obliga a los países desarrollados a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. La emisión de estos gases generan el efecto invernadero y contribuye a generar el fenómeno de "cambio climático", lo que se puede atribuir directa o indirectamente a actividades humanas.
Los expertos estiman que el cambio climático ocasionará una agudización de los efectos adversos sobre el planeta en el presente siglo, como un aumento en el nivel del mar y una intensificación de eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones.
Para cumplir con las metas de reducción de emisiones, las naciones desarrolladas podrán financiar proyectos de captura o reducción de gases en otras países, principalmente en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en su propio territorio, lo que abarata los costos de cumplimiento de las metas.
La Conama se encuentra elaborando una cartera de proyectos que se verían, potencialmente, beneficiados de este mecanismo y que puedan ofrecerse en el extranjero, la que estaría lista en septiembre de este año. De hecho países como Dinamarca se han interesado por proyectos elaborados por empresas nacionales como los del Metro y de compañías eléctricas.
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