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General (r) Campos acusa al Ejército de adulterar datos en Mesa de Diálogo

A un año de ser procesado, el ex jefe de la Dirección General de Areronáutica Civil, DGAC, declaró al tribunal que, al margen de la destrucción que él hizo de ciertos datos, los altos oficiales del Ejército que consolidaron el informe adulteraron antecedentes dados por la Fach, entre ellos, que el cuerpo de Rivera Matus estaba en Peldehue. Asegura que le informó a Ríos y éste al Presidente Lagos. General Molina Johnson declarará en los próximos días.


Una declaración explosiva recibió la semana pasada el ministro Jorge Dahm, quien investiga la obstrucción a la justicia en que incurrió el ex general de la Fach Patricio Campos Montecinos al ocultar información recabada por esa rama castrense y que debía ser entregada a la Mesa de Diálogo.



A casi un año que se dictara auto de procesamiento en su contra y luego de ver perdidos todos los recursos judiciales que interpuso su defensa para revocar dicha resolución, el general (r) Campos acusó al Ejército de haber cambiado la información original que él sí entregó.



El episodio no tiene vinculación directa con los hechos por los cuales Campos se encuentra procesado. Se refiere a lo que ocurrió después que, como admitió en su oportunidad ante el tribunal, decidiera omitir en su informe final información sobre cinco detenidos desaparecidos.



El Mostrador.cl tuvo acceso a algunas piezas del expediente que tiene en sus manos el ministro de fuero, siendo la última declaración del general en retiro la que más destaca.



Ella está fechada el 15 de este mes y, según quedó consignado en el documento, Campos amplió sus declaraciones anteriores «a raíz de que he tenido noticias por la prensa de que el Ejército hará pública la manera de cómo recopilaron ellos la información que se entregó a la Mesa de Diálogo".



«Entre otros errores, estaba el de Rivera Matus»



El relato de Campos a Dahm señala que las fichas que debió llenar a mano en "una oficina del Ejército" en razón de los antecedentes que la Fach había recopilado, no se correspondieron con la información que finalmente fue derivada al Presidente de la República.



El general (r) sostiene, entonces, que el Ejército, encargado de sistematizar los datos entregados por las distintas ramas de las FFAA, adulteró los antecedentes por él aportados. Eso, al margen del hecho de que él mismo eliminó antecedentes sobre cinco desaparecidos.



Campos no culpa de la adulteración a una persona en particular, pero en su testimonio sí alude al general Carlos Molina Jonson, actual tercera antigüedad del Ejército y entonces encargado de la consolidación de los antecedentes, y a un coronel no identificado.



"Una vez que reuní la información relativa a los desaparecidos que se atribuían a la Fach, le comuniqué al general Ríos tal situación. Este me indicó que debía entregar toda la información recopilada al Ejército, puesto que ellos harían el informe consolidado. Me presenté a una oficina del Ejército, para hacer entrega de esta información y allí se me indicó, por el general Molina, que debía llenar una fichas que se habían preparado al efecto. Conseguí la oficina y procedí a llenar manuscritamente cada una de estas fichas", declara Campos en su testimonio judicial.



Continúa diciendo que entregó las fichas el 4 de enero de 2001, en horas de la mañana, y que al día siguiente concurrió a la misma oficina a fin de verificar el trabajo que se había realizado, "que consistía en traspasar la información que en forma manuscrita yo había entregado a unas fichas hechas a máquina, no sé si en computador o máquina de escribir".



Y ahí, dice Campos, fue cuando detectó algunas diferencias. "Se las representé a un coronel, que no recuerdo el nombre, pero que fue el mismo que me entregó las fichas en blanco y después recibió las mías llenas manuscritamente. Aparecía información de lugares y nombres que yo no había puesto. A las fichas les agregaron datos que yo no proporcioné. Le dije expresamente al antes mencionado coronel que entre otros errores estaba el referente a Rivera Matus, que yo había informado como destino o paradero final los terrenos de Peldehue", consigna al documento.



«Ríos informó a Lagos»



El general (r) Patricio Campos sostiene en su declaración judicial que el coronel quedó de corregir ese dato, pero que antes le advirtió "que tuviera presente que el Ejército estaba consolidando la información de cinco instituciones, de manera que ellos tenían más información que yo, y que les correspondía coordinar toda la recibida".



El testimonio del ex director de la DGAC explica que al ver que en el informe final se registró que el cuerpo de Rivera Matus había sido lanzado al mar, dedujo que el Ejército estaba en conocimiento "de que a los que enterraron en Peldehue posteriormente los exhumaron y lanzaron al mar".



"Pasó mas o menos un mes de aquel hecho, cuando se supo que la ministra Amanda Valdovinos había hecho excavaciones en el Fuerte Arteaga, que está precisamente en el sector de Peldehue, y allí descubrió los restos de Rivera Matus".



Tras el impacto de la noticia, el general Ríos le preguntó a Campos -según este último sostuvo ante el ministro Dahm- si la Fach había informado a la Mesa de Diálogo respecto de este caso preciso.



"A ello le contesté que sí, pero que yo había informado que el destino final eran terrenos de Peldehue y no el mar, como se señalaba en el informe consolidado", dice la declaración.



El documento añade el detalle que el episodio "molestó al general Ríos" y, según finaliza el testimonio, el ex comandante en Jefe de la Fach le contó posteriormente a Campos "que este hecho se lo había informado al Presidente Ricardo Lagos". Versiones extraoficiales indican que tal comunicación fue hecha por escrito.



El ministro a cargo del caso tenía preparado, antes de este testimonio, tomar declaración al general Molina Johnson. Con las nuevas declaraciones de Campos, este episodio será incluido en el interrogatorio que, por el rango del oficial, deberá materializarse en un recinto militar.



El general cuestionado



El nombre del general (r) Campos cobró fama sombría luego que el diario La Nación publicara una entrevista donde el ex agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, sostuvo que a él y otros miembros del órgano represivo se les tenía prohibido mencionar a la esposa del oficial, Viviana Ugarte, alias La Pochi, en las declaraciones ante los tribunales pues con ello se ponía en posición desventajosa a un general poderoso.



Luego vino la publicación de El Mercurio, que reveló que el mismo Campos había sido la persona encargada en la Fach de recabar los datos de la Mesa de Diálogo. De ahí, la renuncia obligada a su cargo del entonces comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos.



En su momento se especuló que la razón que Campos habría tenido para no incorporar datos era la vinculación de su esposa con la desaparición de las personas sobre las cuales no se aportó información, como fue el caso de Juan René Orellana Catalán, crimen por el cual La Pochi fue posteriormente procesada.



Sin embargo, entre los antecedentes que sí incorporó el general (r) existían casos en los que su mujer figuraba con una participación bastante clara, como el de Reinalda Pereira Plaza, secuestro por el cual Viviana Ugarte fue procesada el 14 de agosto de 1986 por el ministro Carlos Cerda. Tal encargatoria de reo quedó sin efecto por imposición de la Corte Suprema.



La posibilidad de que Campos esté intentando involucrar a personas intachables sólo con el fin de desligarse de la responsabilidad que le compete, fue una reflexión aportada por abogados de derechos humanos consultados por este medio.



Se coincide, sin embargo, en la necesidad de que el ministro a cargo de las pesquisas agote todas las líneas de investigación abiertas puesto que existe la posibilidad que los datos del general (r) sean ciertos.



Esto, pues el testimonio judicial de Campos es único: por primera vez una persona que participó en las instancias de la Mesa de Diálogo aporta antecedentes investigables sobre posibles adulteraciones de datos en la fase final de la recolección de información.



Así, la justicia podrá esclarecer una de las dudas que más han preocupado en el ámbito de los derechos humanos durante estos últimos años: ¿por qué ciertos datos arrojados tras la instancia no correspondían a la realidad?



Pero de ser efectivos los dichos del general (r), el esclarecimiento de esa verdad podría tener un costo no menor, pues sería el Ejército (y presuntamente actuales mandos) el último responsable de las adulteraciones.



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