Una de las novedades que incluye la iniciativa es la creación de tribunales de abogacía, los que estarían a cargo de jueces ad honorem con tuición ética y facultados para sancionar a aquellos profesionales que no estén colegiados. Los integrantes de los nuevos tribunales, uno por cada región del país, serán designados por las Cortes de Apelaciones de una lista preparada por los colegios respectivos.
Un duro anteproyecto de ley fue presentado esta mañana por el presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, y el titular del Colegio de Abogados, Sergio Urrejola, al ministro de Justicia Luis Bates, que busca sancionar la falta de ética de abogados y procuradores.
La iniciativa -la primera que se presenta en su tipo- además del respaldo de la Corte Suprema y del Colegio de Abogados, cuenta con el apoyo de los decanos de derecho de varias universidades chilenas.
El anteproyecto -de 33 páginas y al cual tuvo acceso El Mostrador.cl– establece la creación de los «tribunales de abogacía», los que estarían encargados de velar por la ética profesional y sancionar a los abogados que ejerzan sin estar colegiados.
Este hecho es de vital importancia ya que, actualmente, la entidad gremial solo puede pronunciarse sobre el comportamiento de sus asociados. Es más, el Colegio de abogados no puede aplicar sanciones de carácter vinculante contra ningún profesional.
En el anteproyecto se postula que cada región del país cuente con un tribunales de abogacía. La designación de sus integrantes estaría a cargo de las Cortes Apelaciones a partir de listas que prepararían los colegios respectivos. Los jueces trabajarían ad honorem lo que no acarrearía costos adicionales para el erario nacional.
En el análisis de los promotores de los nuevos tribunales también se revisaron las dificultades que podrían enfrentar estos nuevos órganos y con las que se puede encontrar el legislador a la hora de discutir una modificación legal de este tipo. Entre los obstáculos destaca el hecho que, desde hace varios años, los colegios profesionales no tiene tuición ética sobre sus miembros y, de volver a tenerlas, enfrentarían problemas con algunos preceptos constitucionales sobre la libertad de asociación.
Sin embargo, los redactores de este anteproyecto, entre quienes se cuentan los decanos de derecho de la Universidad de Valparaíso, Antonio Pedral, y de la Universidad de Concepción, Orlando Poblete, sostienen que es necesario encontrar una fórmula para ejercer el control sobre los abogados, de allí que sea la misma Corte la que designe a los miembros de este tribunal de abogacía.
De hecho, en el primer artículo de este anteproyecto se establece que: «Se prohíbe a los abogados: intervenir profesionalmente a sabiendas en procesos imposibles, innecesarios, abusivos o iniciados con la intención de presionar, perjudicar injustamente o vejar a otro», que se complementa con el segundo que prohíbe: «emplear innecesariamente recursos, incidentes, o formalidades legales, con al intención de dilatar, entorpecer un juicio trámite o gestión, o causar perjuicio a otro».
El ministro de Justicia estaría ahora analizando el contenido del anteproyecto y, si considera que cumple con los requisitos legales necesarios, debiera remitirlo al Presidente de la República para que ingrese con su patrocino al Congreso Nacional.
