La idea que quiso enfatizar Lagos en la propuesta fue que el Gobierno se ha preocupado desde la llegada de la democracia de la situación de las familias de las víctimas. Entonces, esta nueva iniciativa sólo vendría a complementar lo ya hecho durante los periodos de la Concertación.
Sin mayores novedades respecto a lo que informó este medio hace un mes vendría la propuesta de Derechos Humanos que entregará esta noche el Presidente Ricardo Lagos al país.
Según adelantó la prensa esta tarde, el documento final, que saldrá a la luz pública a las 20:45 horas a través de una cadena nacional que transmitirá un discurso previamente grabado, no contempla indemnizaciones especiales a familiares de víctimas, sino sólo un aumento de pensiones que no supera el doble de los que se entrega actualmente.
La propuesta también traería incorporados incentivos para que quienes tengan información efectiva y relevante sobre el paradero de los detenidos desaparecidos entreguen los datos a tribunales. La rebaja de penas sería sólo uno de ellos.
Tales beneficios sólo podrán ser aplicados a quienes ejecutaron órdenes no pudiendo abstenerse de cumplirlas, y no a quienes las impartieron. No habría, de todas formas, exención de responsabilidad penal para ninguna de las personas que hayan participado en secuestros, ejecuciones y entierros de los detenidos desaparecidos.
La idea que quiso enfatizar Lagos en la propuesta fue que el Gobierno se ha preocupado desde la llegada de la democracia de la situación de las familias de las víctimas. Entonces, esta nueva iniciativa sólo vendría a complementar lo ya hecho durante los periodos de la Concertación.
En materia de agilización de las causas de derechos humanos, se pedirían nuevos jueces especiales y se incluirán algunas modificaciones legales para que los tribunales entreguen prioridad a la vista de apelaciones y no se tenga que esperar, en algunos casos más de un año, para que estén a firme dictámenes de primera instancia.
En definitiva, no habrán plazos para las investigaciones judiciales, sino sólo mecanismos tendientes a hacerlas procesalmente mas ágiles. Además se creará la figura de ausencia forzada, que tendrá sólo efectos civiles.
En materia de reparación, la propuesta estipula incrementos en las pensiones que se entregan a los familiares de las víctimas(jamás el doble de lo que existe actualmente, pero más de 300 mil pesos, se dijo), la incorporación como beneficiarios a personas que quedaron fuera con la Ley que está vigente y que por años se han visto excluidos, mejoras en la atención de salud y fortalecimiento de las ayudas en materia educacional, como becas.
En cuanto a las mejoras en materia de prestaciones de salud, la propuesta incorporaría elevar de categoría al Programa de Reparación en Atención Integral en Salud (PRAIS), entregándole por Ley presupuesto propio y suficiente para que pueda dar a los familiares atención médica y sicológica rápida y efectiva.
Finalmente, se creará un nuevo organismo: el instituto nacional de DDHH, que se dedicará no sólo a materias judiciales (participación activa en los procesos), sino que también concentraría la operativa de las entidades anexas, como el mismo PRAIS.
Respecto a las víctimas de torturas, la propuesta no contendrá reparaciones económicas específicas y los beneficios que incorporaría la propuesta para estas personas guardan relación con acceso a la salud.
La propuesta también incluirá la ratificación de tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Tribunal Penal Internacional.
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