Mientras este martes Spiniak fue detenido por pertenecer a una red de pedofilia, en junio la Corte de Apelaciones le dio libertad provisional en un proceso por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, revocando la resolución de 33° Juzgado del Crimen que había negado su libertad por constituir ‘un peligro para la sociedad’. El SML ya había indicado que necesitaba ayuda siquiátrica urgente.
Por la "inexistencia de motivos calificados", la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó libre en junio pasado al empresario Claudio Spiniak, detenido hace algunas horas por cargos de pedofilia, acogiendo el pedido formulado por su defensa en un proceso por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
Spiniak fue detenido este martes, acusado de pertenecer a una red de pedofilia que contrataba a menores de edad para filmarlos mientras eran abusados.
La resolución que le dio la libertad en junio -de tres votos contra cero- fue firmada por los ministros Raimundo Díaz, Mauricio Silva y el abogado integrante Hugo Llanos, con lo cual se revocó la decisión de la titular del 33 Juzgado del Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez, quien había rechazado otorgarle la libertad a Spiniak por constituir "un peligro para la sociedad".
La defensa de Spiniak estuvo a cargo del estudio del abogado Luis Hermosilla. El alegato lo hizo la profesional de esa oficina, Macarena San Martín.
La nueva detención de Spiniak, a quien se le incautaron videos caseros manteniendo relaciones sexuales con menores, puso nuevamente en el tapete la discusión sobre modificaciones a la ley contra la pederastia. Al mismo tiempo, la responsabilidad que eventualmente podrían tener los jueces de la sala en el análisis de los antecedentes que obraban en el expediente. Esto, porque en un acta reservada le ordenaron a la jueza que iniciara un proceso por abuso sexual de menores, tomando en consideración una declaración existente en el expediente.
Sumado a ello existía un peritaje realizado por el Servicio Médico Legal (SML) donde se indicaba que Spiniak necesitaba ayuda siquiátrica urgente, de acuerdo a la versión entregada por el diario La Tercera en Junio. Pese a estos antecedentes, la Octava Sala le otorgó la libertad provisional.
Argumentos jurídicos
En la resolución fechada el 13 de junio, a la que tuvo acceso este diario, la Corte señala -como justificativos para conceder la libertad provisional- "la inexistencia de motivos calificados que impidan reconocer al procesado el derecho que consagra el artículo 19 N° 7 letra e de la Constitución Política" y los artículos "356 y 361 del Código de Procedimiento Penal". Sin embargo, después del fallo, le ordenan a la jueza fijar la fianza del procesado, en la importante suma de 10 millones de pesos y, en un acta reservada, ordenan que se inicie en su contra un proceso por abuso sexual de menores, tomando en consideración una declaración existente en el expediente.
Las normas citadas por los magistrados
La primera norma sostiene que "la libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad".
En tanto los artículos citados del Código de Procesamiento Penal fijan la forma de operar que debe seguir el magistrado a cargo de la investigación cuando se le pide la libertad de un procesado. También se cita el artículo 363 del mismo Código, que aplica los mismos criterios.
"Sólo podrá denegarse la libertad provisional, por resolución fundada, basada en antecedentes calificados en el proceso, cuando la detención o prisión sea estimada por el Juez como necesaria para el éxito de las investigaciones del sumario, o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido", dice el cuerpo legal.
Ayer, en tanto, la policía habría detenido a dos nuevos presuntos integrantes de esta red de pedofilia, aunque sus identidades aun no han sido reveladas. Todos los involucrados serán puestos a disposición del tribunal competente en horas de la mañana. La magistrada tiene cinco días para decidir su situación procesal.
