El confuso contenido del testimonio de los adolescentes el miércoles pasado, comentado por fuentes allegadas a la causa, confirma la intrincada configuración del proceso, dificultando la separación entre el ámbito político y judicial.
El joven conocido con las iniciales L.Z., cuyas declaraciones aparecieron en el programa El Termómetro de Chilevisión -donde dijo haber reconocido a un político entre los participantes de las «fiestas» de Claudio Spiniak-, echó pie atrás al prestar declaración el pasado miércoles ante el ministro en visita Daniel Calvo, confidenciaron a El Mostrador.cl fuentes allegadas a la causa.
La información recogida por este diario señala que los adolescentes acogidos por la Fundación Margen declararon no estar seguros de sus dichos y no reconocieron al personaje público mencionado en la edición del miércoles pasado de este diario.
De hecho el magistrado comentó a sus cercanos que los testigos y víctimas de las fiestas de Spiniak están profundamente «confundidos».
De esta manera se agrega un nuevo elemento de duda respecto de los verdaderos alcances de la información transmitida por el programa El Termómetro de Chilevisión, como también del testimonio de los jóvenes abusados por la red pedofílica de Claudio Spiniak.
Si bien el ministro en visita no ha llegado a la convicción jurídica de que hubo un montaje o que se indujo a los jóvenes protegidos por la Fundación Margen a individualizar a un parlamentario de la UDI, lo que sí ha logrado aclarar es que las declaraciones de los adolescentes son febles y difícilmente pueden constituirse en prueba. Por otra parte deberán ser cotejadas con las pericias a los videos hallados en la casa de Spiniak.
Pero el ministro Calvo también está investigando la tesis del «montaje» denunciada por la UDI. Ayer interrogó al editor de TVN, Mario Aguilera, para saber cómo y cuándo dicha cadena televisiva entrevistó a las víctimas de Spiniak y en qué contexto.
En este sentido el magistrado deberá dilucidar qué participación le cupo al diputado Guido Girardi, acusado por la UDI de llevar o enviar en su automóvil a L.Z. hasta TVN, para que éste fuera entrevistado y entregara el testimonio sobre la exisxtencia de un político o parlamentario de la UDI en la mencionada organización pedófila.
Otros avances del proceso
Agregando aún más ingredientes a esta ya truculento y confuso caso, el abogado de la UDI, Gabriel Zaliasnik, presentó ayer un escrito al ministro en visita.
Aunque su contenido no ha sido dado a conocer públicamente, fuentes consultadas por este medio indicaron que se trata de un resumen cronológico de los hechos que derivaron en la denuncia de María Pía Guzmán, quien -recordemos- acusó a tres parlamentarios, dos de la Alianza por Chile y un DC, de aparecer en videos de Spiniak.
En tanto, ayer el ministro Calvo otorgó la libertad al químico Winston Michelson, en el caso de la red de Spiniak. Este último fue encausado por el magistrado por su presunta tenencia de cocaína. Sin embargo, aún falta el informe del Instituto de Salud Pública que confirme la existencia de la droga. La defensa de Michelson ha insistido en que se trataba de un compuesto para aminorar el dolor bucal.
Para el lunes se espera el primer comparendo entre la diputada Pía Guzmán y Pablo Longueira. Ayer el abogado de Gumzán, Jorge Bofill, indicó al respecto que no hubo animus injuriandi de parte de su clienta. En otras palabras, no actuó de mala fe cuando manifesó la existencia de parlamentarios en la red de Spiniak.
«La forma en que los hechos se desencadenaron a partir de la respuesta de la diputada Guzmán en el programa matinal aquel, era del todo imprevisible para ella. De manera que a nosotros no nos queda más que reforzar su afirmación, en el sentido de que actuó de buena fe. Que nunca quiso injuriar ni calumniar a nadie y reconoce el error en que incurrió en ese momento. Pero lo más importante de todo es que ella no ha cometido ningún delito. En particular, los delitos que se le imputan en la querella que le fue notificada en el día de ayer», afirmó Bofill.
En todo caso, el mérito de los antecedentes deberá ser evaluado por el ministro de fuero Juan González, designado por la Corte de Apelaciones para tal efecto.
