En medio del debate sobre la expansión de Santiago, el titular de la cartera de Agricultura envió a Huenchumilla una propuesta para que un organismo multisectorial sea el encargado de planificar el uso de suelos en el país. El objetivo es que intereses sectoriales no influyan en este tipo de decisiones.
Una propuesta tendiente a que la planificación del suelo sea abordada con una visión "multisectorial" y que su gestión no sea entregada sólo al ministerio de la Vivienda y Urbanismo realizó a través de un oficio el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dirigido al Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, en el marco de las modificaciones a la Ley de Urbanismo y Construcciones impulsada por la cartera de Jaime Ravinet.
Los cambios a esa normativa contemplan la planificación de espacios rurales para permitir las construcciones de núcleos urbanos en esos terrenos, cualquiera sea su naturaleza. Además, la propuesta faculta a autorizar la subdivisión de predios a las direcciones de obras de los municipios, competencia que hoy radica en las secretarias regionales ministeriales de Agricultura con lo que se deroga el decreto ley 3.516 que data de 1980.
El ministro Campos asegura en el documento, al que tuvo acceso El Mostrador.cl, que no puede "confiarse" la administración del territorio nacional "a un ministerio a cargo de un sector usuario del suelo -aunque sea el de agricultura- porque éste, influenciado por los intereses de ese sector, tratará naturalmente de administrar el territorio privilegiando los intereses del sector".
La cartera propuso que un sistema de ordenamiento territorial debiera darse mediante "una ley separada", distinta a la ley de Urbanismo y Construcciones. Con una nueva normativa, explica Campos, se podría crear un organismo multisectorial encargado de la administración del territorio, los mecanismos para ordenar el uso del suelo, los procedimientos para adecuar ese uso a las nuevas exigencias y la forma de resolver los conflictos.
Las propuestas de Campos se efectuaron el 12 de noviembre pasado, un día antes que el Consejo Regional Metropolitano aprobara el proyecto de expansión de Santiago hacia zonas de uso silvoagropecuario para la creación de Zonas de Desarrollo Condicionado (Zoduc) en varias comunas de la capital. En dichos terrenos se pretende emplazar proyectos inmobiliarios en suelos agrícolas, los que deben incluir hospitales, escuelas y obras viales. Aunque las áreas de alto uso agropecuario están excluidas de esa propuesta, según Vivienda, los temores de Agricultura y también de los ecologistas, apuntan a que reste terrenos verdes a Santiago y otras zonas del país.
Temores de Campos
Los principales reparos del ministro a los cambios a la ley apuntan a que cambios en la normativa "desnaturalizan el concepto de áreas de uso preferentemente agrícola" ya que no se contemplan criterios respecto a conservación del suelo. Ello incluye que en estas zonas sólo se debieran emplazar construcciones de viviendas de propietarios de los predios y sus trabajadores, la explotación agrícola, agroindustrias, turísticas y dotación de infraestructura vial, hospitalaria y educacional.
Según Campos, en estas áreas agrícolas debe prohibirse el desarrollo inmobiliario de cualquier naturaleza y condominios con fines habitacionales, incluidos aquellos proyectos de desarrollo urbano condicionado. Además, consigna que debe limitarse el uso de este suelo también a labores de gvgáridos, turba o greda u otras que lo deterioren o contaminen la agricultura.
El ministro remarca que el sistema "expondrá a los seremis de Agricultura a todo tipo de presiones por parte de los agentes privados interesados en obtener tales autorizaciones".
Consigna además que "la experiencia ha demostrado que donde se han instalado poblaciones en el sector rural ha decaído la producción agrícola en los predios lindantes, porque éstos dejan de explotarse en espera que, como consecuencia del natural crecimiento de los centros poblados, se autorice el cambio de uso de suelo" para una nueva expansión. Añade que "otro fenómeno negativo que ha podido observarse, es que la producción en tales predios ha mermado, como consecuencia de las continuas sustracciones" de los vecinos.
Otras aprensiones
Otra crítica de la cartera es que recibió una nueva versión del proyecto de ley. Según el ministerio, ella, "inexplicablemente y en forma inconsulta", se aparta de las materias consensuadas en la iniciativa discutida el 2002.
El ministro explica que la propuesta de planificación territorial del Minvu actual se refiere únicamente al desarrollo urbanístico del territorio y "no considera los intereses de los demás sectores económicos, que usan el suelo para el desenvolvimiento de actividades propias".
Campos sostiene también que las modificaciones no concuerdan con el "nuevo marco para la coordinación intersectorial", pues las riendas del proyecto están en manos del ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta cartera consignó en la normativa que organismos como los ministerios de Agricultura y OOPP, y la CONAMA, tendrán la posibilidad de emitir un pronunciamiento sólo cuando el proyecto esté finalizado. En el evento que no emitan opinión, las modificaciones al proyecto se entenderán como aprobadas.
Otro de los puntos que plantea el ministro Campos es que la iniciativa no establece qué áreas serán de uso preferentemente agrícola y de conservación de recursos naturales. Para la autoridad, esto es un error pues esto debiera contemplarse "con toda claridad" y no limitarse a "reconocer" estas zonas.
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