La resolución que aborda cómo dineros fiscales fueron utilizados para cometer delitos dentro y fuera del país sería pronunciada por el magistrado en febrero o marzo del próximo año. Otro encausamiento que se espera afectaría a dos ex miembros de la justicia militar: Fernando Torres Silva y Enrique Ibarra Chamorro.
Tras la resolución que procesó a dos ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y a otros miembros del organismo por asociación ilícita para obstruir la justicia y por secuestro, el ministro en visita Alejandro Madrid se apresta a dictar nuevos encausamientos.
Aun cuando el magistrado, según fuentes ligadas a la causa, tiene ya configurado el delito de malversación de caudales públicos por parte de la DINE, decidió esperar para dictar resolución en torno a cómo los dineros fiscales, en su forma de "fondos reservados", fueron gastados para cometer delitos en Chile y fuera del país por funcionarios estatales.
Las fuentes consultadas comentaron ayer a El Mostrador.cl que el ministro cuenta con los elementos necesarios para procesar por este delito, pero, dijeron, notificará a los inculpados de cometerlo a su vuelta de vacaciones o, bien, en marzo, una vez que comience oficialmente el año judicial 2004.
Pero no fue ésta la única carta que se reservó Madrid en esta oportunidad. También lo hizo respecto a la responsabilidad que le cabe a los dos miembros de la entonces Auditoría General del Ejército en la salida de Berríos de Chile: el general (r) Fernando Torres Silva y el coronel (r) Enrique Ibarra.
En el último tiempo, la investigación ha avanzado en estas líneas investigativas y, además, ha tenido éxitos tales como lograr que el agente de la DEA-Chile, Jorge Alarcón Dubois, declarara en el proceso. Esto, pues en un primer momento la delegación diplomática estadounidense se negó a colaborar con la diligencia.
¿Oficios falsos?
Al margen de los avances que aun no están expresados en resoluciones, el auto de procesamiento dictado ayer por el ministro Madrid deja de manifiesto elementos novedosos, como la existencia de tres oficios emanados del Ejército que podrían ser considerados falsos. Dos son respuestas a procesos judiciales y el otro es una contestación a la senadora Carmen Frei. En ellos se asegura que se desconoce cualquier antecedente sobre el químico de la DINA.
El ministro Madrid configuró la participación de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) como una asociación ilícita para no sólo obstruir la justicia en procesos de violaciones a los derechos humanos, como fue el caso Letelier, sino también para deshacerse de un personaje que era molesto a los intereses institucionales a principios de los 90.
Por ejemplo, en el caso Letelier, que en 1991 era sustanciado por el ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados, el Comando de Personal del Ejército envió el oficio secreto número N° 159, que obra a fojas 4.447 de dicho expediente, donde asegura desconocer la existencia de Berríos. En esa fecha, Augusto Pinochet estaba al mando de la institución castrense.
Pero incluso la jueza Olga Pérez, que sustanció el caso Berríos hasta principios de este año, recibió la misma respuesta. Esto, cuando el jefe institucional era el general Ricardo Izurieta. Fue el mismo alto oficial quien, a principios de 2001 y a través del ministro de Defensa de entonces, Mario Fernández, respondió a la senadora Carmen Frei que no se contaba con antecedentes que permitieran ahondar en la investigación sobre la muerte de su padre, en la que Berríos también aparecía mencionado. Sólo unos meses antes, la parlamentaria había esgrimido en el hemiciclo del Senado la tesis de que su padre pudo haber sido asesinado con un veneno preparado por el químico, oportunidad en la que solicitó oficios a distintos organismos.
En su resolución, el ministro Madrid no sólo establece la participación de la DINE, sino también que al interior del organismo hubo al menos 15 personas que supieron los detalles de la operación Berríos. Por esta razón, ayer el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, querellante en el proceso, mencionó la situación de los oficios y manifestó que alguien debe responder por las falsas respuestas a la Justicia y al Senado.
"Hay oficios cuyo contenido no es real. De hecho, el que le fue entregado a la senadora Carmen Frei señala que el Ejército no tiene ningún antecedente sobre la existencia de Berríos y con este nuevo procesamiento queda claro que esa situación no era tal", manifestó el profesional.
El ministro Madrid va más allá en su resolución y señala: "Las acciones fueron realizadas durante un período de plena vigencia del orden constitucional por personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay que, apartándose de sus funciones propias, proceden a cometer diversos delitos para lograr los cometidos que se han trazado, lo que importa la formación de una asociación ilícita con propósitos criminales constituida al interior de estas instituciones y que, utilizando los medios que ella proporciona a sus integrantes para la ejecución de tareas profesionales, establecen una línea jerárquica de mando paralela a la que detentaban dentro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), proporcionan recursos económicos a los miembros del grupo para la realización de las misiones ilícitas que le son asignadas, establecen vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar de esta organización delictual, quienes, en algunos casos actúan directamente y, en otros, colaboran en la perpetración de los delitos que se investigan en la presente causa".
Según la resolución, esta situación "ha significado que, durante un extenso período de tiempo -años 1991 a 1993- han podido seguir operando al margen de la ley, sin que el mando superior de la época de la institución de la que formaban parte tomara medidas para lograr su desarticulación o para impedir la prosecución de sus actividades ilícitas, ni tampoco denunciara los diversos delitos e irregularidades administrativas cometidas a la justicia ordinaria o a la militar si iniciara alguna investigación interna".
Madrid señala también que todo esto sucedió aun cuando los hechos "son de tal gravedad que los partícipes en ellos, con su conducta, pudieron llegar a comprometer la seguridad interna del Ejército de Chile, la seguridad exterior y las relaciones internacionales del país, debiendo tenerse presente que estos hechos acontecieron durante un período de completa normalidad constitucional".
VEA ADEMÁS
Prensa uruguaya: extradición en caso Berríos es viable
_________
Artículos anteriores:
Caso Berríos: procesan a militares por secuestro y asociación ilícita (29 de diciembre de 2003)
Listos procesamientos por asociación ilícita en caso Berríos (27 de diciembre de 2003)
Caso Berríos: Ministro realizó primera reconstitución de escena (24 de noviembre de 2003)
Caso Berríos: el duro careo entre ex jefe DINE y un subalterno (26 de octubre de 2003)
Exclusivo: aparece primer nombre de posible asesino de Eduardo Frei M. (9 de octubre de 2003)
Buscan agentes de la DINE y el CNI que espiaron a Frei Montalva (29 de septiembre de 2003)
Caso Berríos: ministro "adelanta" los delitos de su próximo procesamiento (9 de septiembre de 2003)
____________
