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Caso Mirages: Confirman que agentes chilenos recibieron comisiones

Algo que llamó la atención de la jueza y la policía fue que Bernard Carayón mantuvo una coordinación argumental absoluta con Bernardus Van Meer, el yerno del senador Vega. Con la declaración, la magistrada cumplió así la primera etapa del exhorto belga y se dispone a devolverlo al país europeo. Esto, paralelo al proceso que ya se inició en Chile.


El jefe de la Inteligencia Económica francesa, Bernard Carayón, confirmó que en la venta de los aviones Mirage-Elkan de Bélgica a Chile, en la que participó como un "gestor", se pagaron comisiones a los participantes de la operación, pero aseguró que todas estuvieron dentro los marcos legales en los que se basó el negocio.



Así consta en la declaración que prestó ante los detectives del Departamento Quinto en París a principios del mes pasado, diligencia que había sido ordenada por la jueza (s) Sandra Rojas, del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, en el marco de la tramitación del exhorto enviado a Chile por el juez belga, Daniel Frensen.



De esta manera, Carayón mantuvo la misma argumentación que entregó unos meses antes Bernardus Van Meer, otro gestor. Este último es yerno del senador designado Ramón Vega, quien al momento de la compra era comandante en jefe de la FACH.



Con las palabras de Carayón, la magistrada cumplió así una primera etapa en la sustanciación de la carta rogatoria y se dispone a devolverla ya tramitada al país europeo.



Sin embargo, una copia del documento se quedará en Chile ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una denuncia criminal en el mismo tribunal y solicitó diligencias. A raíz de esta gestión, la justicia chilena inició pesquisas propias.



Una de las cosas que más llamó la atención a la jueza y a la policía, dijeron fuentes judiciales, fue que Carayón mantuviera al pie de la letra una coordinación argumental sobre el proceso de venta de los Mirage a Chile con Van Meer. En todo caso, quien dirimirá si existen contradicciones será Frensen en su oficina de Bruselas.



Para el caso chileno, dijeron las fuentes consultadas, quedó claro que, más allá de las declaraciones de las personas que aparecen vinculadas al negocio de armas, existen hechos oscuros necesarios de dilucidar, sobre todo por las posibles conexiones en la triangulación de cuentas, cuyos dineros llegaron a manos chilenas. Estos "receptores" podrían ser miembros de la FACH, aún activos o en retiro.



En cualquier caso, se logró dilucidar que uno de los gestores del negocio fue precisamente el yerno Vega. El hecho era completamente desconocido hasta antes que se tramitara este exhorto y puso una sombra de duda sobre los verdaderos alcances de la operación.



Fuentes de la FACH comentaron a este diario que confían en que el proceso iniciado en Chile no llegará lejos y estiman que será sobreseído por la falta de pruebas concretas.



Altas fuentes del CDE, en tanto, manifestaron lo contrario. Confían en que en el proceso del juez Frensen existe un cúmulo de pruebas que podrían aportar mayores luces sobre el destino de los dineros pagados en calidad de "comisiones", como también de los vínculos que se producen entre los involucrados.



La trama



A principios de 1995 la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.



Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.



Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.



El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.



Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.



Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».



El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.



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Vea el comunicado de prensa de la FACH

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