En unos días comenzará a funcionar una nueva Corte de Apelaciones de Santiago. Salas que llevan importantes causas de derechos humanos tendrán sólo ministros que han votado a favor de la Amnistía y la prescripción. Magistrados que eran capaces de »dar vuelta» a colegas y confirmar procesamientos, se concentrarán insólitamente en una laboral. Todo, gracias al sorteo.
Una inusual concentración de ministros que históricamente han votado a favor de la ley de Amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, se verificará a partir de marzo en las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se deberán conocer más causas de derechos humanos este 2004.
El tema tiene complicado a abogados querellantes que tramitan estos procesos y sobre todo a aquellos del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior. Ellos ya han sacado cuentas y el panorama "parece venirse negro", justo en un año en que la Corte deberá conocer un sinnúmero de apelaciones a condenas.
El contexto contrasta diametralmente con lo ocurrido el 2003, cuando la mayoría de las salas más importantes del tribunal de alzada capitalino, en esta materia, estaban integradas por ministros con un sostenido criterio de fallo contrario, incluso, a otorgar libertades provisionales a procesados por secuestro calificado o ejecución ilegal.
Al panorama en la Corte de Apelaciones de Santiago se suma lo que ocurre en la de Apelaciones de San Miguel, otro tribunal de alzada donde se ven causas importantes en esta materia. Aunque en la década de los ochenta ésta era conocida como "la corte roja", durante la transición política fueron designados numerosos ministros de corte derechista, que hicieron cambiar los fallos que de ahí emergen, siendo ahora habitualmente favorables a los procesados.
Salas de miedo
Cuatro son las salas de la Corte de Santiago en las que más se concentran las revisiones de lo obrado por los jueces de primera instancia, que llevan causas de DDHH. Ellas son la Primera, la Quinta, la Sexta y la Séptima. Además, otras dos distintas, la Tercera y la Octava, resuelven, porque ahí están radicadas, las apelaciones del caso Prats y del caso Berríos, investigaciones que debieran dar que hablar este año.
La Primera Sala, que el 2003 tenía entre sus integrantes al ministro Haroldo Brito -conocido por sus fallos confirmatorios en lo que a procesamiento de ex miembros de aparatos represivos se refiere-, tiene radicadas varias causas del Comando Conjunto, entre ellas, la que se sigue por la desaparición del militante comunista Ricardo Weibel Navarrete y por la de los miembros de las Juventudes Comunistas, Juan René Orellana Catalán y Carlos Humberto Contreras Maluje, detenidos el año 1976. En esa sala también se ven apelaciones de algunas causas DINA (Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del MIR detenido a los 19 años, el 8 de julio de 1974) y la investigación por obstrucción a la justicia que se lleva contra el general (r) de la Fuerza Aérea, Patricio Campos, quien ocultó antecedentes sobre el paradero de cinco detenidos desaparecidos, recopilados en el marco de la Mesa de Diálogo.
A partir de marzo, el mencionado tribunal estará conformado por los ministros titulares Rubén Ballesteros (como presidente), Alfredo Pfeiffer y Juan Araya. Ballesteros fue uno de los ministros que, durante su integración de la Séptima Sala, en diciembre pasado, revocó los procesamientos de Manuel Contreras y dos agentes de la DINA, por estimar que el delito de secuestro permanente era una «ficción jurídica». Pfeiffer es conocido por sus fallos revocando procesamientos, sólo sobre la base del artículo 274 del Código Penal, y nunca ha emitido un fallo confirmatorio. Se estima que en esta sala sólo Juan Araya podría ser el voto disidente, aunque votó contra el desafuero de Augusto Pinochet, lo que ya constituye una señal.
A los ojos de los abogados de DDHH, es la Séptima Sala de la Corte -que también ve varios casos del Comando Conjunto, entre ellos el de Vega Riquelme y el de Mahuida Esquivel- la que no podría haber quedado peor integrada, con Sergio Valenzuela Patiño como presidente y Cornelio Villarroel, como uno de los ministros, ambos "votos duros" a favor de los procesados. Sólo podría votar confirmando encausamientos Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien durante su estadía en la Primera Sala, el año pasado, votó a favor de revocatorias, pero con argumentos sólidos y trabajados.
Más impredecible parece ser la Sexta Sala, que conocerán las apelaciones de casos vinculados a la Academia de Guerra Aérea. Aun no se sabe bien en qué sentido podría orientarse un fallo pronunciado por los ministros Sonia Araneda, Rosa María Maggi y Alejandro Madrid. Aunque la primera es conocida por sus votos pro derechos humanos, el criterio de fallo de Madrid y el de Maggi aún no pueden ser vaticinados con alguna certeza.
La "mejor" sala para los abogados de DDHH, en lo que respecta a detenidos desaparecidos parece ser la Quinta, integrada por los ministros Gloria Ana Chevesich, Sergio Muñoz y Jorge Zepeda. Sobre la primera no se tienen muchas luces, pero los dos magistrados que comparten estrado con ella son, casi, "votos seguros".
Complejas estarán también las cosas para los abogados querellantes en los casos Prats y Berríos, aun cuando se reconoce que esta última investigación no tiene el carácter político de las anteriormente mencionadas, pues se trata de agentes represivos contra ellos mismos. Aunque no se trata de un caso de DDHH propiamente tal, abogados ya han considerado que la sala que deberá analizar los fallos que emerjan en el caso del ex químico de la DINA, estará integrada por ministros que han destacado por tesis contrarias a lo alegado por los juristas, que representan a víctimas de la violencia política.
Estarán fallando los magistrados Raimundo Díaz (que formó parte del fallo de la "ficción jurídica") y Raúl Rocha (que como fiscal de la Corte de Apelaciones informó favorablemente al sobreseimiento de Pinochet). También debiera integrar la sala el ministro Patricio Villarroel, que investiga el caso Inverlink, y cuyo criterio de fallo en estas materias no está aun claro.
En lo que respecta al caso Prats -que deberá conocer la Tercera Sala-, los ministros que tendrán la misión de conocer las apelaciones serán Lamberto Cisternas, que en sus últimos fallos ha revocado procesamientos argumentando sólo el incumplimiento del artículo 274 del Código Penal, y Víctor Montiglio, que estuvo recientemente por aplicar la ley de Amnistía en un caso DINA, como voto disidente. También conformará la sala Juan Manuel Muñoz Pardo, quien sería el único ministro más cercano a las tesis jurídicas de los abogados querellantes.
Paradójicamente, y como único fruto de la casualidad pues la integración de las salas se realiza por sorteo público, muchos ministros que históricamente se han pronunciado a favor de confirmar procesamientos y, en algunos casos, denegar libertades provisionales, quedaron juntos en salas que casi no llevan casos de DDHH, como la Novena, que integrarán Hugo Dolmestch, Dobra Lusic y Amanda Valdovinos.
Lo que ocurrió con los ministros Carlos Cerda, Haroldo Brito y Alejandro Solís -tres magistrados que por su solidez jurídica son capaces de "dar vuelta" a sus colegas, en estas materias- fue particularmente dramático para aquellos abogados que este año vaticinan el "negro panorama". Todos ellos quedaron integrando la Décima Sala, que sólo ve causas laborales.
