El mundo protestante giró el debate por el uso de la píldora del día después a lo electoral. En tanto, el ministro Pedro García amenazó a los alcaldes que no distribuyan el fármaco con que se reducirá el financiamiento a programas de salud en los municipios.
Como una forma de marcar la diferencia con la Iglesia Católica, el mundo evangélico llamó a la libertad de conciencia de las mujeres, en cuanto al uso de la píldora del día después, y abrió un nuevo giro de discusión respecto al rol de los alcaldes, en torno a la distribución del fármaco: llamaron a sus fieles a que voten, en los próximos comicios municipales, por candidatos liberales que apoyen esta política de Estado.
Así lo expresó el presidente del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana (Cuprem), Emiliano Soto, quien aseveró que los alcaldes deben tener en cuenta que en las próximas elecciones municipales los evangélicos y la comunidad en general debe apoyar a los candidatos que promuevan el uso en conciencia de estos métodos.
A esto se suma la amenaza de la disminución de «los aportes y recursos financieros en algunos programas", hecha por el ministro de Salud Pedro García, hacia los municipios que se nieguen a distribuir el anticonceptivo de emergencia.
El pronunciamiento del mundo protestante sobre este tema, se da luego del llamado del Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, a rechazar la distribución de la píldora en los centros de salud, pues afirma que atenta contra el derecho a la vida. De las palabras del prelado, de inmediato hicieron eco los jefes comunales de oposición Manuel José Ossandón, de Puente Alto y Marta Ehlers, de Lo Barnechea, quienes anunciaron que no acatarán la medida sanitaria por considerarla abortiva.
Al ser consultado el pastor protestante Emiliano Soto sobre si eso implica un llamado a votar por políticos pro píldora, aseguró ue "de todas maneras, pues nuestro planteamiento va a ser el preguntarnos qué autoridades queremos: los que respeten la diversidad religiosa, nuestros valores y principios. Y los que apoyen la libertad de las mujeres de elegir o no usar estos métodos".
La autoridad protestante consideró la postura de la Iglesia Católica como "dogmática y totalitaria" y explicó que los aspirantes a alcaldes y concejales deben entregar a la comunidad, claramente, su visión en torno al uso de estos fármacos, pues se deben elegir "alcaldes pluralistas, que respeten la diversidad y que no se dejen manejar por los planteamientos de la Iglesia Católica, sino por la ciudadanía".
Por su parte, el presidente del Consejo de Pastores, Francisco Anabalón, aprobó que el Gobierno ponga "a disposición" de las afectadas la píldora de día después. Dijo que en general las iglesias evangélicas no tienen problemas con los anticonceptivos, por lo que tampoco debieran tener inconvenientes con un método de anticoncepción de emergencia.
Junto con destacar que es saludable que el ministerio enfrente "un problema real, especialmente los embarazos no deseados producto de un delito, de una violación", advirtió que sólo habría problemas si se realizara una "propaganda" que atentara contra la decisión en conciencia de cada persona.
Respecto de las objeciones planteadas por el cardenal Errázuriz, dijo que "a mí me parece que monseñor sacó un cañón para espantar un conejo", ya que, a su juicio, recurrir al "principio de desobediencia civil" sólo se habría justificado si es que la autoridad hubiera planteado derechamente la legalización del aborto.
Encontradas posiciones
Las declaraciones protestantes se suman a la polémica que mantienen el Gobierno y los alcaldes de derecha, sobre la distribución de la píldora en las urgencias y consultorios del país.
Ayer el oficialismo y la oposición continuaron enfrentando sus posturas, cada una más radicalizada que la otra. Así, mientras el ministro de Salud, Pedro García, advirtió a los alcaldes que se nieguen a repartir la píldora que podrían enfrentar una disminución de «los aportes y recursos financieros en algunos programas, porque efectivamente esa municipalidad es poco confiable», el presidente del Senado, Hernán Larraín (UDI), anunció que la Alianza Chile resolverá "lo antes posible" si presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitución, para dejar sin efecto la disposición del Ministerio de Salud que permite la distribución del fármaco.
En La Moneda, en tanto, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó que "no le extraña" que los alcaldes José Manuel Ossandón y Marta Elhers sean los encabecen la postura de rechazo a la distribución de la píldora. Justificó sus afirmaciones diciendo que para ellos una conducta "es grave, es un delito y todo lo demás, cuando lo hacen los pobres, pero cuando lo hace la gente con plata eso se justifica". Al respecto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, sostuvo que la entrega del fármaco a mujeres abusadas es algo ya decidido.
Por su parte, los diputados UDI Marcela Cubillos, Marcelo Forni y Gonzalo Uriarte aseguraron que la normativa gubernamental es un "aborto encubierto" y acusaron al Gobierno de no ser tolerante con todas las opiniones, en referencia a las críticas que ha recibido el cardenal Errázuriz, responsabilizando de esta situación al Gobierno.
"Nos molesta la falta de tolerancia del Gobierno y la actitud de permanente descalificación de sus ministros. Se llenan la boca con la diversidad pero no están dispuestos a respetar a quiénes piensan distinto que ellos. Los llamamos a sincerar el debate y a asumir las consecuencias de sus acciones", sostuvieron.
Por otra parte, las bancadas de diputados del PPD y de la Democracia Cristiana (DC) rechazaron el calificativo de "sedicioso" con que los legisladores PPD María Antonieta Saa y Guido Girardi se refirieron a la postura del Arzobispo de Santiago, contra la píldora del día después.
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