La petición afecta a quien era la cabeza visible del holding, Eduardo Monasterio, y a Javier Moya, Patricio Collarte y el abogado Antonio Viñes. La Corfo está a la espera de que el ministro desarrolle algunas diligencias, luego de las cuales podría solicitar otros procesamiento.
Cuatro nuevos procesamientos pidió esta semana la Corfo, al ministro en visita que sustancia el caso Inverlink, Patricio Villarroel. Esta vez por el episodio protagonizado a principios de 2003, en momentos en que se derrumbaba el holding, entre Inverlink y el Banco Santander.
La petición afecta a quien era la cabeza visible del holding, Eduardo Monasterio, y a Javier Moya, Patricio Collarte y el abogado Antonio Viñes. La Corfo está a la espera de que el ministro desarrolle algunas diligencias, luego de las cuales podría solicitar otros procesamientos.
La Corfo sostiene que la entidad financiera, a sabiendas, se pagó la acreencias de Inverlink con fondos fiscales.
Todo comenzó en marzo de 2003, cuando Eduardo Monasterio intentó pagar con un documento de Corfo una deuda que mantenía con el Santander. Fue el fiscal del banco, el abogado Gonzalo Romero, quien se dio cuenta que el «papel» mantenía una cadena de endosos y que estaba, por así decirlo, "infectado". Entonces se dirigó a conversar con una alta autoridad de Corfo, quien le confirmó que Javier Moya no podía realizar este tipo de operaciones.
Sin embargo, a los pocos días, el mismo fiscal tuvo en sus manos otro documento de Corfo tomado con el BCI, con el cual se pagó la cuenta de Inverlink. En este hecho la Corfo puso sus ojos, ya que un fiscal de un banco, dijeron fuentes del organismo, no podía desconocer que este tipo de operaciones carecían de sustento legal.
Para la Corfo, la acción de Romero indica que "no podía menos que saber" que el documento no era legal, debido a que conversó con la Corfo con anterioridad, donde se le explicó que Javier Moya no podía realizar este tipo de operaciones con Inverlink, como también que el segundo documento carecía del endoso necesario.
Otra persona sobre quien pesa una solicitud de procesamiento es el abogado Antonio Viñes. La Corfo lo sindica como la persona que llevó el mentado documento Corfo-BCI al Santander, para pagar la deuda de Inverlink. Además, se presumía que Viñes fue asesor jurídico de Monasterio.
Viñes sostuvo en su declaración que efectivamente prestó ayuda jurídica a Eduardo Monasterio, pero que eso en ningún caso significó transformarse en su asesor legal directo, sino que operaron más bien por relaciones de amistad, toda vez que lo hizo habiendo pedido vacaciones en el Ministerio de la Vivienda, donde trabajaba.
Según su testimonio, nunca tuvo conocimiento de las actividades ilegales de Inverlink para pagar los dineros que adeudaba y todo se debió a que estuvo en el lugar y momento equivocados, pero que nunca actuó dolosamente.
La decisión ahora está en manos del magistrado, quien tiene el escrito de la Corfo, con «autos para resolver».
En la causa Inverlink todos los procesados se encuentran en libertad bajo fianza, a saber: Gino Tirapegui (Scotiabank) Juan Pablo Prieto (BBVA), Eduardo Monasterio, Javier Moya, Luis Hernández Palma, Eduardo Tapia y Larry Fletcher. Junto a ellos, están encausados: Enzo Bertinelli, Patricio Collarte, Richard Suazo, Pamela Andrada, Cristian Schultz, Marcial Izarnótegui, Manuel Leyton, Patricio Torres del Pino, Carlos Rubilar, Patricio Reyes y María Angélica Martín, entre otros.
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