La importancia de la comprobación de que Berríos estuvo en el Batallón de Inteligencia del Ejército, le permitiría al ministro ir contra la participación que tuvo la justicia militar en la salida del químico de la DINA. Es decir, contra el ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva y el coronel (R) Enrique Ibarra.
Una nueva arista del proceso y que apunta al Batallón de Inteligencia del Ejército, logró acreditar el ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Tras varios meses de interrogatorios a distintos BIE, el magistrado comprobó que Berríos antes de ser sacado de Chile por personal de la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), estuvo cautivo en las dependencias ubicadas en García Reyes, las mismas donde en 1982 se planeó el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.
La importancia de esta comprobación es que en las próximas semanas Madrid dictaría un nuevo auto de procesamiento, esta vez en contra del entonces jefe del BIE, Manuel Provis. Pero al mismo tiempo, le permitiría al ministro ir contra la participación de la justicia militar en la salida del químico. Es decir, contra el ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y el coronel (R) Enrique Ibarra.
Esta pista surgió el año pasado debido a la confesión que hizo al respecto el principal procesado por el homicidio de Berríos, el ex agente de la Unidad Especial, Arturo Silva Valdés. En esta postura le apoyó otro de los encausados, Jaime Torres Gacitúa. Sin embargo, Ibarra y Provis contradijeron a sus acusadores. De allí que Madrid se dio a la labor, estos meses, de tratar de comprobar estos vínculos.
«Me mantengo y ratifico mi declaración. A Berríos lo conocí en el subsuelo de las dependencias del BIE, cuartel al que concurrí acompañado por el coronel Ibarra, aquí presente. Más aún puedo señalar que cuando el general Ramírez Rurange me dio la orden de ir a ver al señor Berríos, me ordenó que me contactara con el coronel Ibarra que trabajaba en la AUGE, lo que hice. Lo concreto es que ambos entramos, vimos a Berríos, se veía bien, lo miramos, ninguno de los dos cruzamos palabra con él. Yo no lo conocía e Ibarra tampoco me lo comentó», dijo Silva a fojas 4.428 del proceso.
Fuentes ligadas al proceso, en tanto, dijeron a este medio que el magistrado valoró la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema que acordó dar curso a la extradición de tres militares de inteligencia uruguayos, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella.
Por ahora el magistrado, junto con terminar de profundizar esta arista, sigue paso a paso interrogando ex agentes, médicos y civiles en el marco de la investigación por la misteriosa muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
De hecho, en las últimas semanas, el ministro Madrid ha generado una sospecha con uno de los médicos que estuvo en el círculo que operó al ex Mandatario, cuyo nombre este medio se reserva para el éxito de las diligencias.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a la Argentina, donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos Intentó escapar en el balneario de Parque del Plata. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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