Superintendente de Isapres y síndico de quiebras disputan legalmente el derecho de priorizar el pago a los afiliados o bien a los acreedores de la aseguradora de salud. A juicio de Manuel Inostroza, si la Corte de Apelaciones rechaza su postura, el dinero simplemente no alcanzará para los beneficiarios de la desaparecida empresa del grupo Inverlink.
Inquietud existe en la superintendencia de Isapres por la situación de más de once mil afiliados a la desaparecida isapre Vida Plena, que aún no pueden recibir los subsidios y reembolsos que se les adeudan, tras la quiebra del grupo Inverlink, propietario de la aseguradora privada de salud.
El superintendente del ramo, Manuel Inostroza, advirtió que la Corte de Apelaciones aún no resuelve si se apoyará la postura de su repartición de priorizar el pago de los afiliados a la isapre, o bien la del síndico de quiebras, Gonzalo Torres, quien postula que debe cancelarse primero a los trabajadores, luego a los acreedores y en tercer lugar a los beneficiarios.
Inostroza reconoció ayer que "nos preocupa la demora en la que estamos incurriendo en el pago, por los procesos judiciales que están en marcha, tanto por parte del síndico como por parte de algunos prestadores", y que implican una deuda de más de $2.700 millones.
Agregó que "a pesar de que la Ley (corta) de isapres es clara respecto a la imbargabilidad, incautabilidad y al orden de prioridades de pago de las aseguradoras (…) el síndico, en función del reclamo de sus acreedores, ha interpuesto un recurso en los Tribunales de Justicia, intentando señalar que no es la superintendencia la que debiera pagar las deudas, sino él. Y ahí entendemos que las prioridades cambian, porque lo importante para el síndico de quiebras son, uno, los trabajadores, y dos, los acreedores que han acreditado legalmente la deuda ante los tribunales. Con lo cual, en la práctica, los afiliados pasan a tercer lugar".
Según aseguró, la preocupación de la superintendencia radica en que, de respetarse las prioridades establecidas en la Ley de Isapres, "estaríamos en condiciones de pagar el 100 por ciento de la deuda que la isapre tiene con sus afiliados, tanto en subsidios como en reembolsos". Sin embargo, si la Corte de Apelaciones ratifica los recursos de primera instancia que favorecen a las clínicas -como principales acreedores de Vida Plena-, entonces los dineros de la garantía irían a parar principalmente a los centros de salud, por lo que los fondos para los afiliados serían insuficientes.
Si bien Inostroza reconoció que, en caso de perder, teóricamente "cualquier persona o ciudadano que quiera puede reconocer la deuda ante el síndico de quiebras y transformándose en un acreedor más, esto se tiene que hacer con un profesional, por lo que para reclamar, por ejemplo, una boleta de $100 mil, uno tendría que contratar un abogado que le saldría más caro de lo eventualmente significa el reembolso de la deuda que tiene la isapre con la persona".
Los afiliados tras la quiebra
Por otra parte, el superintendente entregó ayer un positivo balance del proceso de distribución de los ex afiliados a Vida Plena. En primer término, sostuvo que de un total de 35.817 cotizantes, el 72,5 por ciento permaneció en el sistema isapre, tras ser reasignados en nueve aseguradoras privadas -Promepart, Colmena, Normédica, ING, Vida Tres, Más Vida, Isapre Banmédica, Consalud y Fusat- luego de la quiebra. Agregó que sólo un 27 por ciento abandonó el sistema y, como dato estadístico, que de un 0,5 por ciento no se obtuvo información.
En este sentido puntualizó que de los que se quedaron, 71,1 por ciento se mantuvo en la isapre adjudicada y 28,9 por ciento se cambió a otra institución previsional de salud. Respecto del total de cotizantes cautivos (adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes), dijo que 75,1 por ciento permaneció en el sistema y 24,9 se cambió a Fonasa.
Inostroza enfatizó que de no ser por la así llamada Ley "corta" de Isapres -para muchos promulgada debido a la situación de esta aseguradora-, no se habría aumentado de $1.200 millones a cerca de $3 mil millones la garantía para estos casos, y que unas 7.700 personas, en su mayoría clientes cautivos, habrían tenido que emigrar a Fonasa.
En tanto, el síndico de quiebras, Gonzalo Torres, no contestó a los llamados de El Mostrador.cl
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