El parlamentario está confiado en que finalmente las cerca de 70 mil hectáreas de la estancia Chacabuco serán adquirida por capitales chilenos. En tanto, el abogado de Douglas Tompkins cree que eso no será así y que finalmente las negociaciones beneficiarán a su cliente, quien de acuerdo a lo acordado con el gobierno, entregará los terrenos a Conaf.
El senador Antonio Horvarth Kiss está indignado. Dice que "es insólito que un extranjero con visa de turista tenga las facilidades que tiene el señor Tompkins en el país". Esto porque le puede golpear la mesa al gobierno y deshacer compromisos como el de no comprar más tierras hasta que el proyecto Pumalin esté concluido en un 100 por ciento, acuerdo que adquirió con el ex ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla (DC), en diciembre de 2003.
El empresario estadounidense ha vuelto a la polémica, luego que se diera a conocer su decisión de comprar directamente las 70 mil hectáreas de la estancia Chacabuco, en la XI Región, y a la vez desistir de su posterior traspaso a la Conaf.
Si bien es la señora de Douglas Tompkins quien a través de la fundación Patagonia Land Trust es la interesada en adquirir la estancia, apetecida por Conaf para transformarlo en parque nacional, las críticas están centradas en el empresario por persistir en su idea y porque en definitiva se transformaría en el segundo mayor propietario de tierras del país (el primero es el holding Arauco).
Para Horvarth existen dos hipótesis del porqué el gobierno da facilidades al empresario conservacionista y que "son parte de un sentimiento ciudadano que cree que Tompkins financió campañas políticas de la Concertación o bien el gobierno tiene una deuda con él por las gestiones que el empresario realizó ante congresistas demócratas, para que se aprobara el TLC con los EEUU". El parlamentario indicó que las mismas influencias habrían operado en su momento para bloquear el Fast Track con dicho país.
Confía en que la compra se llegue a concretar por parte de capitales chilenos. De no ser así espera que sea una de las últimas compras de Tompkins, debido a que a fin de año debería ser ley la iniciativa en torno a "precaver la excesiva concentración de la propiedad de bienes raíces en la zona austral de nuestro país".
El senador de RN está a favor de la productividad, servicios y conservación que ofrecen el grupo de empresarios liderados por Ariztía, que a la vez se dedicarán a conservar la identidad cultural de la zona, lo que no sucede con el proyecto Pumalín, "donde se tiene un parque hermoso, pero sin cabida para los colonos".
Horvarth no está sólo en sus apreciaciones. Uno de sus asesores y a la vez miembro del comité de ética del Colegio de Periodistas de la región, René Hermosilla, dijo que "sospechamos que habría dado un apoyo a la campaña política del señor Lagos".
En tanto, Pedro Pablo Gutiérrez, el abogado de Douglas Tompkins que negocia la compra del fundo Chacabuco, no comparte las opiniones del senador. Dice que no hay por qué esperar cuestiones oscuras. «Con esa lógica se podría decir que entonces si existieron malas relaciones con el gobierno de Frei, es porque se le negó algún apoyo. Eso es absurdo; ninguna de las hipótesis del señor Horvart tienen asidero", sentenció.
El profesional dijo a este medio que la decisión de su cliente de comprar las 70 mil hectáreas directamente no tiene nada de escandaloso y que "no hay ningún golpe de mesa, ni nada por el estilo. Simplemente facilitarle la vida al gobierno", ya que existen otros interesados en la propiedad de Francisco De Smet y es entendible que el gobierno se desligue de un tema que involucra a privados.
Gutiérrez reconoce que efectivamente existía un acuerdo de caballeros, en el sentido de no comprar más tierras hasta que el proyecto del parque Pumalín no estuviera implementado en un 100 por ciento. Por ello es que se barajaron dos alternativas: o "le regalo la plata para que lo compre el Fisco o lo compro yo y le regalo la propiedad. Creíamos que era mejor lo primero. Pero en eso terciaron otros grupos", precisó el abogado.
Es por esto que después de la primera carta que Conaf les entregó, para demostrar al dueño del predio e informarle que efectivamente existía el interés de la institución de transformarlo en parque nacional, a las 48 horas se recibe una contraorden de la Segpres con el fin de desistir de entregar la información. "Entre la primera y la segunda carta yo me imagino que los empresarios metieron la manito", ironizó Gutiérrez.
Respecto de las aprehensiones de los empresarios, en especial de José Yurazseck, en relación a que los terrenos destinados a conservación finalmente se transformarían en un obstáculo para el desarrollo energético del país, producido en especial porque Tompkins no permitiría el paso de las torres de alta tensión, el abogado explicó que no hay ningún inconveniente. Gutiérrez señala que esto se hace de dos maneras: o se pone de acuerdo con el dueño para ver por dónde lo va a pasar o no hay acuerdo y sí una ley especial de servidumbre eléctrica y los tribunales sólo resuelven los detalles técnicos".
Finalmente, el abogado aclaró que nunca ha estado en cuestión la entrega de los terrenos a Conaf. "Ese es un compromiso que está muy claro en la carta enviada a la Segpres" y, por lo demás, es el mismo procedimiento que ha realizado la señora Kristine Mc Divitt, con terrenos comprados en la patagonia argentina, los cuales finalmente se entregan al Estado.
