Los supremos dan por cerrado otro capítulo negro que les afecta, pero con un presidente golpeado por estos hechos y una ministra en visita del caso GATE que actúa frente a supuestas presiones, con falta de prudencia, como dice la resolución. No menores resultaron los votos de minoría que revelan la fuerte pugna de los disidentes con la decisión de no aplicar sanciones.
En los pasillos del palacio de tribunales hay un viejo dicho: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y es que la resolución de ayer de la Corte Suprema, sobre el affaire Chevesich-Libedinsky, y las supuestas presiones y filtraciones, deja al máximo tribunal en una posición difícil. Esto, porque la decisión final reconoce que el actual presidente del máximo tribunal tuvo una conducta impropia de su cargo, al preguntar por la citación al Presidente Lagos en la causa que sustancia la jueza Chevesich, una funcionaria bajo la égida de su autoridad.
Si bien la resolución de ayer operó sobre la base de la investigación hecha por un ministro de la talla de Milton Juica, y que los altos magistrados no podían desconocer, lo cierto es que más allá del acuerdo general de no echar más leña al fuego y de imponer el "justo medio" a los involucrados, queda un trozo de realidad que los supremos no quisieron asumir: Libedinsky violó el acuerdo de comportamiento de los jueces que él mismo ayudó a crear, apoyó y aplicó en otros casos y salió incólume. Y la imprudencia de Chevesich, que adelantó públicamente una diligencia y, finalmente, le pasó lo mismo.
Sin ir más lejos, casos como el del ex ministro Luis Correa Bulo y el mismo Juan Guzmán Tapia, están en la memoria judicial donde estos principios inamovibles se aplicaron sin mayor problema.
El contexto de esta historia es un elemento que ayuda a entender algunas cosas, porque claramente GATE y sus ramificaciones no es una causa común. Ni para el gobierno ni para el Poder Judicial. De allí que no resultó sencillo, por ejemplo, comprender el comportamiento cambiante que tuvo el ministro Hernán Alvarez, quien al principio lanzó duras diatribas contra Libedinsky, pero al final fue el articulador de un acuerdo que salvó la situación y la imagen del Poder Judicial.
Pero más allá de este último hecho, algunos ministros dijeron que Alvarez quiso más bien salvar su propia imagen. Esto, porque en la anterior resolución emitida por el Pleno, donde apoyó a Chevesich y al mismo tiempo reconoció presiones sin siquiera tener meridianamente claros los hechos, fue en gran parte una clara influencia del ex presidente del máximo tribunal. Sin embargo, en esta ocasión, la prudencia se apoderó de los supremos -aunque no de todos- y se prefirió confirmar lo obrado por Juica.
De hecho, de la lectura de la resolución aparece una situación grave, como es la intromisión de un supremo en una causa judicial, con un bajo perfil, que no se condice con los votos de minoría, como por ejemplo el del ministro José Benquis, quien enrostró a sus colegas que bajarle el perfil a situaciones como estas, "ocasiona el riesgo de hacer inaplicable el Código de Conducta dictado al efecto por este Tribunal Supremo, a casos de tráfico de influencias que ocurran en el futuro", sobre todo tomando en cuenta que Libedinsky preside la Comisión de Etica del Poder Judicial.
En cualquier caso, los supremos con esta decisión dan por cerrado otro capítulo negro que les afecta, pero con un presidente golpeado por estos hechos y una ministra en visita que actúa frente a supuestas presiones, con falta de prudencia, como dice la resolución.
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