Un ministro del máximo tribunal dijo que los dichos del presidente de la UDI, Jovino Novoa, »hacen aparecer tanto a la Corte Suprema, como al tribunal de alzada, como una suerte de cómplices en la denegación de justicia al senador».
En un verdadero embrollo se ha convertido el caso Spiniak, con los emplazamientos al Poder Judicial que desde el lunes viene haciendo la Unión Demócrata Independiente (UDI), primero a través del presidente del Senado, Hernán Larraín, y ayer del timonel de la colectividad, Jovino Novoa, quien ha sido reiteradamente vinculado a ese caso y que exigió, en forma perentoria, que se tramite su querella por falso testimonio contra Gemita Bueno.
Es que desde las últimas semanas el gremialismo ha intentado por todos los medios probar que Novoa nada tiene que ver en la red de Spiniak, ni menos que abusó de Bueno, tal como ella lo ha mantenido en el tiempo, pese a sus confusos testimonios acerca de la fecha exacta en que esto ocurrió.
Sin embargo, existe una gran cantidad de hechos que los dichos de Novoa omiten respecto de cómo han funcionado hasta ahora los trámites procesales propios de una causa criminal bajo investigación, "que hacen aparecer tanto a la Corte Suprema, como al tribunal de alzada, como una suerte de cómplices en la denegación de justicia al senador", según dijo un ministro del máximo tribunal a este diario.
«Hechos asquerosos»
En su emplazamiento -que contó con el apoyo explícito de las bancadas RN y UDI-, Novoa enfatizó que le han involucrado falsamente "en hechos asquerosos, que repugnan la conciencia de las personas".
"Cuando el ministro Muñoz dio conocimiento del sumario, presenté una querella por falso testimonio contra Gema Bueno. Han transcurrido 42 días y los tribunales aún no la tramitan. Mi honra está siendo atacada casi todos los días y la justicia no me ampara. No pido ningún privilegio, pero tampoco pido un favor. Exijo que se haga justicia", señala la declaración. E insistió, además, que los "informes de Carabineros e Investigaciones también dejan en evidencia las falsedades de Gema Bueno".
Sin embargo, existe a fojas 9.722 del expediente que tramita el ministro Sergio Muñoz, un informe de la policía civil que señala "la descripción de aspectos tan íntimos del imputado Jovino Novoa, cuyo examen físico realizado por el Servicio Médico Legal (SML) corrobora características similares a los del parlamentario".
"No obstante, los dichos de Gemita Bueno que, en cierta medida, se encuentran relativizados, por el cambio en las declaraciones de la ofendida, no se puede acreditar fehacientemente, pero tampoco descartar los abusos que ella denuncia por parte de Claudio Spiniak y del senador Jovino Novoa", indica el documento.
En cualquier caso, el tema tampoco cayó bien en el tribunal de alzada, cuyo presidente, Juan González, salió al paso de las declaraciones de Novoa.
"No se puede hablar de denegación de justicia, porque la querella del señor Novoa ha seguido el tradicional proceso administrativo. Ustedes saben, son pericias propias del proceso que se aplican en estos casos, de manera que, insisto, no se puede hablar de denegación de justicia», aclaró.
Los dichos de González los emitió minutos después de que el Pleno de la Suprema diera a conocer un acuerdo adoptado el pasado lunes, en el cual le piden al ministro Mauricio Silva que informe por qué no ha tramitado la querella por falso testimonio presentada por Novoa contra Bueno, hace poco más de un mes. Esta es la suma de hechos que sucedió ayer. Sin embargo, la madeja es más complicada de lo que parece.
Zig-zag judicial
Cuando Jovino Novoa presentó su querella contra Gema Bueno en junio pasado, ya estaba en marcha otra estrategia judicial similar de la UDI en el 33 Juzgado del Crimen de Santiago, en el llamado caso Montaje. Pero la acción judicial de Novoa, que recayó en manos del ministro de fuero Mauricio Silva, duró menos de 24 horas, porque el magistrado se declaró incompetente, aduciendo que su colega Sergio Muñoz era el encargado de esta materia y la devolvió al pleno del tribunal de alzada para que decidiera.
La instancia judicial, entonces, analizó la decisión de Silva y resolvió devolvérsela al mismo magistrado. Éste consideró que no le correspondía tramitarla y se declaró incompetente, pasándole la responsabilidad de Muñoz. El juez de la Corte de Apelaciones tampoco quiso aceptar la competencia, cuestión que trabó la contienda entre ambos magistrados.
Mientras esto sucedía, la titular del 33 Juzgado del Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez, sometió a proceso por el mismo delito de falso testimonio -en el "caso Montaje- a Gema Bueno y al sacerdote José Luis Artiagoitía, "el Jolo". El encausamiento fue duramente cuestionado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde está radicada la causa, y le envió un mensaje a la jueza para que revisara la competencia en el delito en cuestión.
Nuevamente, los ojos de la UDI pusieron su esperanza en el ministro Silva, ya que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones había resuelto la contienda con Muñoz y le había entregado la responsabilidad de resolver la querella por falso testimonio de Novoa. Sin embargo, Silva resolvió que no tramitaría el libelo, mientras la jueza Domínguez y el ministro Muñoz no resolvieran la contienda de competencia que de seguro se trabaría entre ambos.
Eso fue exactamente lo que sucedió. La titular del 33 Juzgado desacumuló el delito de falso testimonio y se lo envió a Muñoz declarándose de esta manera incompetente. Muñoz hizo lo mismo y todo está ahora en manos de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde las "apelaciones de artículo" del caso Spiniak quedaron radicadas.
Pero no ha sido el único golpe a las pretensiones del gremialismo, porque esta semana la Novena Sala revocó también los procesamientos a los periodistas de TVN Paulina de Allende-Salazar y Marcelo Simonetti, y su colega de Canal 13 Emilio Sutherland. En definitiva, la estrategia de la UDI se quedó sin mucho por qué celebrar.
Más vínculos
Pero esta historia tiene otra arista aún más compleja. Y que comenzó la semana pasada cuando el ministro José Benquis se manifestó a favor de quitarle al ministro Muñoz la causa de las cuentas secretas de Pinochet y reordenarle la competencia junto a todas las causas "satélite" que existen en distintos tribunales del crimen, vinculadas al caso Spiniak; a saber: "Montaje" y "obstrucción a la justicia", originada en una querella del PS-PPD, entre otras, por tráfico de drogas y porte ilegal de armas. En esta última opción también estaba el ministro Hernán Alvarez, reconocido operador de la Suprema.
Llegó el viernes 6 de agosto y el tradicional Pleno del máximo tribunal. No se aportaron grandes novedades sobre este punto, salvo una. Alvarez, antes de retirarse a su casa, y como si dejara caer una suave hoja de papel de arroz, aseguró que el caso de Muñoz era un tema "pendiente", pasando por encima de la autoridad del presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky.
Pero no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como dice al adagio popular, y el lunes 9 de agosto Libedinsky, en una movida de ajedrez, de seguro notó que faltaron siete de los 21 ministros que conforman la Suprema, entre ellos los representantes del ala más conservadora: Alvarez y Ricardo Gálvez, entre otros. Es decir, había 14 altos magistrados, incluido Benquis. En ese Pleno, se indicó en la ocasión, se acordó mantenerle las causas al ministro Sergio Muñoz. Luego, no había chance de que Alvarez pudiera hacer sus clásicas declaraciones de última hora.
Pero, aunque sólo se conoció ayer, también le pidieron que el ministro Mauricio Silva informe en cinco días sobre la querella presentada por Novoa.
Quitada de piso
Sin embargo, otro caído hubo la noche del martes. Esta vez fue el director de La Nación, Alberto Luengo. A este último fue el mismo gobierno quien le pidió la renuncia, la que se hizo efectiva el martes en la noche.
Tras el impasse, Luengo concurrió a una comida de apoyo en el restorán Centre Catalá. Uno de los asistentes relató a este diario que fue el mismo gobierno el que le pidió al presidente del directorio, Mahmmoud Aleuy, que despidiera a Luengo. Sin embargo, éste se negó a hacerlo. Por esa razón es que la redacción de la carta menciona que "por petición" del accionista mayoritario se le pedía la renuncia al director.
De seguro, la UDI aprovechó esta quitada de piso al diario oficialista, dirigido por Luengo, para agudizar la crisis y atacar.
