La Comisión de esta instancia aceptó tramitar una demanda contra el Estado chileno por el posible delito de denegación de justicia. La presentación legal que dio origen a este escenario se basó en el rechazo de la Corte Suprema a revisar las condenas por traición a la patria de tribunales castrenses que afectan a estos ex uniformados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó tramitar una demanda contra el Estado de Chile por el posible delito de denegación de justicia en el caso de los ex miembros de la Fuerza Aérea que fueron condenados por traición a la patria, durante el primer consejo de guerra realizado durante el régimen militar.
Esta decisión fue adoptada por el tribunal internacional luego que, tras un año de espera, se recibiera la respuesta por parte del gobierno chileno referida a los argumentos que tuvo la justicia nacional para no revisar estas condenas.
Según se informó, dichos descargos sindicaron que existiría una suerte de "quiebre" en las responsabilidades del Estado, por lo cual se debería distinguir entre el período anterior y el posterior a la reinstauración de un régimen democrático.
Sin embargo, la mencionada respuesta no convenció a la Comisión Interamericana de DD.HH. con sede en Washington, tras lo cual decidió instruir la apertura de un proceso judicial que aclare la controversia.
Tiempos de guerra
En tanto, el 12 de diciembre del 2002, la Corte Suprema dio por terminada definitivamente esta batalla legal iniciada por altos oficiales de la FACH, que el año 1973 fueron condenados por traición a la patria.
Los ex altos miembros de la rama castrense, que superan la veintena, presentaron ante el máximo tribunal un recurso que buscaba anular tales sanciones, pero la Segunda Sala Penal rechazó la última acción legal que restaba en el tema: una reposición al recurso de revisión.
Los argumentos de esta magistratura se basaron en que la justicia ordinaria no puede pronunciarse sobre resoluciones dictadas por tribunales militares en tiempos de guerra.
Sin embargo, los recurrentes -entre quienes se contaba también la familia del ex general Alberto Bachelet Martínez, muerto mientras estaba detenido en la ex Cárcel Pública, y el padre del actual senador socialista Carlos Ominami- lograron una victoria parcial gracias al voto disidente pronunciado por el ministro Milton Juica, el único que estuvo por acoger el recurso de reposición.
En su voto, Juica sostiene que la aplicación preferente de la normativa internacional por sobre la legislación nacional permite que "aun tratándose de un tribunal en tiempo de guerra, se pueda recurrir de alguna manera a algún tribunal superior".
El voto del ministro Milton Juica se constituye en un importante antecedente a incorporar por los recurrentes -representados por el Codepu- en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reestablecimiento del honor militar
Una de las abogadas del mencionado organismo, Alejandra Arriaza, señaló a El Mostrador.cl que la finalidad de esta presentación radica en poder reestablecer el honor militar de los que resultaron afectados por estas condenas, las cuales se dieron en el marco del quiebre de la institucionalidad nacional.
Esta situación no sólo abarcaría el hecho de cargar con sanciones penales injustas, sino que incluso les impediría a los que siguen vivos ejercer sus derechos ciudadanos, como poder participar en las elecciones de autoridades.
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