Tribunal de alzada desestimó, en fallo dividido, despojar de sus privilegios al legislador gremialista. Uno de los argumentos que pesó fue que no hay antecedentes directos para relacionar al ex ministro del Interior del régimen militar con las detenciones ilegales ejecutadas. Sin embargo, una minoría de magistrados cree que »mal podría no haber estado enterado».
Luego de la semana de «estudio» que se tomó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para pronunciarse sobre el desafuero del senador UDI Sergio Fernández, en el marco de la denominada Operación Cóndor, la mayoría de los integrantes de esta instancia rechazó la medida solicitada por los querellantes en el caso.
En la votación efectuada esta mañana 13 magistrados se pronunciaron en contra de despojar de sus privilegios parlamentarios a Fernández, frente otros once jueces que estuvieron a favor de que se iniciara un juicio de reproche contra el ex ministro del Interior del general (R) Augusto Pinochet Ugarte.
La información fue entregada por el presidente de la Corte de Apelaciones capitalina, Juan Escobar, quien indicó que la resolución terminará de ser redactada en una o dos semanas.
Fuentes del tribunal de alzada consultadas por El Mostrador.cl, habían adelantado que los antecedentes que figuran en el proceso no bastan para establecer la directa vinculación del ex jefe de gabinete de Pinochet con las detenciones ilegales y clandestinas llevadas a cabo por los organismos de seguridad del régimen de facto.
Si bien hay documentos que darían cuenta que el propio Fernández firmó varias órdenes de detención, emanadas desde el ministerio del Interior, ésa no sería una prueba contundente para afirmar que al informar a la justicia sobre la situación de algunos detenidos él estuviera en antecedentes de que efectivamente se encontraban privados de libertad, a juicio de algunos magistrados.
En todo caso, la decisión sobre la situación del parlamentario gremialista será recién adoptada hoy, jornada que se prevé será de un intenso debate jurídico respecto a las responsabilidades penales que puede significar encabezar una determinada repartición pública, en la cual los subalternos pueden actuar sin la autorización del superior o, incluso, llegar a engañarlo.
‘No puede alegar ignorancia’
Por otra parte, también hay un sector de jueces que estaría por quitarle las garantías constitucionales que tiene el senador Fernández, en razón de que debería indagarse qué grado real de desconocimiento tenía, dado que en un régimen autoritario -como el de Pinochet-, en el cual toda la información era centralizada en los mandos superiores, "mal podría no haber estado enterado de estas situaciones", sostuvieron.
Esa línea coincide con el voto de minoría en la resolución que revocó los procesamientos de los generales (r) César Benavides y Enrique Montero -también ex ministros del Interior de Pinochet-, en la cual se dejó expreso testimonio de que era "imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando". Por lo mismo, este voto concluyó que, Benavides y Montero "cooperaron" a la perpetración de los delitos de secuestro de estas personas, en calidad de cómplices.
Aquella decisión de la mayoría de los ministros de exculpar a los ex uniformados Benavides y Montero dejó en una débil situación a esta solicitud de desaforar a Fernández y asimismo a la posibilidad de sentar en la banca de acusados a otros ex ministros de Interior de Pinochet, como Sergio Onofre Jarpa (1983-1985) y Ricardo García (1985-1987), además del ex subsecretario de Interior, actual diputado RN, Alberto Cardemil, esta vez por las víctimas de las protestas masivas que se iniciaron en contra de la dictadura militar a partir de 1983.
Otras posibilidades
En todo caso, se debe recordar que existen otros dos procesos criminales en que se indagan las eventuales responsabilidades criminales del senador de la UDI Sergio Fernández. La primera es una querella por torturas presentada por 26 ex presos políticos, a cargo del ministro Joaquín Billard, y otra de similares características que tiene a su cargo la magistrada Gloria Ana Chevesich, quien tramita una acción judicial presentada por el diputado socialista Sergio Aguiló.
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