Reponen discusión sobre reconocimiento constitucional de pueblos indígenas
Este mes la Cámara de Diputados debería comenzar a discutir la reforma constitucional que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas. Se trata de la última oportunidad que tiene Ricardo Lagos para cumplir con una aspiración de las etnias.
Un nuevo intento, el último durante la administración de Ricardo Lagos, dará el Gobierno por conseguir el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Se trata de una indicación al paquete de reformas que analiza la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, repuesta por el Ejecutivo y que debería comenzar a ser discutida este mes.
Si bien en 1991 -durante el gobierno de Patricio Aylwin- y en abril de 2003, los legisladores de oposición se opusieron al reconocimiento constitucional de las etnias, el subsecretario de Planificación y Cooperación y, además, coordinador de Políticas y Programas Indígenas, Jaime Andrade, se declara confiado de que en este tercer intento se logrará un acuerdo.
¿Las razones? Una mayor sensibilidad frente al tema indígena y una mayor aceptación de las personas que provienen de estos pueblos lo que, a su juicio, se ve reflejado en que en los últimos comicios municipales 17 alcaldes y 160 concejales indígenas resultaron electos.
"Creemos que hay una condición política distinta, que debiera hacer reflexionar a los parlamentarios que no han apoyado esta iniciativa y , por tanto, nos permitan tener el quórum para este reconocimiento", comenta Andrade.
En lo sustancial, en la última discusión legislativa, la principal discrepancia entre el oficialismo y la derecha radicaba en que los primeros apuntaban al reconocimiento de los "pueblos indígenas", mientras que los segundos temían que ello diera pie a movimientos separatistas, por lo que proponían sólo reconocer a las "etnias indígenas" e individualizarlas.
De hecho, la propuesta original reconocía a los "pueblos indígenas" y garantizaba "su derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones en lo espiritual, cultural y social".
Sin embargo, la que finalmente rechazó el Senado, tras las modificaciones parlamentarias, sólo hacía referencia a "poblaciones indígenas" y se limitaba a garantizar "su derecho a fortalecer los rasgos esenciales de su identidad".
Las aprensiones indígenas
Contrario a los temores parlamentarios, los pueblos indígenas consideran insuficiente la reforma constitucional, pues no reconoce sus formas de organización económica y política, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Por ejemplo, en el caso de Bolivia, se establece que las autoridades de las comunidades indígenas y campesinas -que gozan de personalidad jurídica- "podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos", siempre que no sean contrarias a la ley.
En Brasil, en tanto, se reconocen la "organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas", en México se toman en cuentas sus prácticas y costumbres jurídicas en los juicios agrarios.
Al respecto, Andrade llama a los indígenas a entender que si bien la Constitución Política es la principal norma del país, existen una serie de normas y propuestas adicionales -ley Indígena, proyecto antidiscriminación o debate sobre patrimonio genético-, que apuntan en el sentido de dar mayor protección a sus pueblos.
"Tenemos una ley indígena que desde el punto de vista internacional es bastante avanzada y tiene una serie normativas que protege a los pueblos indígenas y sus culturas. En el caso de las tierras, da un marco de solución a este tema que ha sido una materia de conflicto", asegura el subsecretario.
Con todo, la autoridad reconoce que esta indicación no significará grandes cambios para la vida diaria de los pueblos indígenas, pero sí pone al país a tono con las normativas internacionales sobre la materia.
"Esta reforma seguramente no va a cambiar la vida diaria de los indígenas, pero sí nos cambia como país, porque pone a nivel constitucional un reconocimiento que da cuenta de la diversidad de nuestra nación y reconocer aquello, nos fortalece", puntualiza.
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