Suprema retrocede y revoca plazos para cerrar casos de DDHH
Pleno del máximo tribunal dejó sin efecto el plazo de seis meses que había impuesto a los jueces que tramitan causas por violaciones a los derechos humanos para que cerraran sus investigaciones. Asimismo, ordenó una redistribución de los 200 procesos radicados en tribunales capitalinos, que quedaron en manos de sólo siete ministros.
El Pleno de la Corte Suprema suspendió los efectos de la disposición que establecía un plazo de seis meses para cerrar los sumarios de los procesos por violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar, y ordenó una completa redistribución de estas causas.
La polémica disposición del máximo tribunal, que vencía el próximo 25 de julio, había contado con la oposición de organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de la Concertación, que incluso ayer amenazaron con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Se acuerda suspender los efectos de la resolución del 25 de enero de 2005, referida a fijar un determinado plazo para cerrar la etapa de sumarios de los procesos de lesa humanidad», señala el dictamen de la Corte Suprema.
Sin embargo, los magistrados que tengan en sus manos estos procesos deberán informar mensualmente a la Corte Suprema sobre el avance de los mismos, precisando las diligencias o trámites decretados y cumplidos, a fin de "procurar la mayor celeridad en esta tramitación".
Además, los jueces también quedan liberados de integrar sala en la Corte de Apelaciones de Santiago, sin perjuicio de situaciones excepcionales.
La decisión fue adoptada con la prevención de los ministros Hernán Álvarez. Alberto Chaigneau, Enrique Cury, José Luis Pérez, Adalís Oyarzún y Jaime Rodríguez Espoz, quienes no estuvieron por suspender la medida y preferían dejar sin efecto la fijación del plazo por seis meses.
Redistribución de causas
La versión oficial que dio el tribunal para determinar la suspensión de la medida fue la «completa redistribución» que se hizo de los 200 procesos de esta naturaleza que sustancian 21 de los 31 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Un total de 150 investigaciones están en manos de sólo cinco jueces, Joaquín Billard, Alejandro Solís, Jorge Zepeda, y Juan Guzmán Tapia, quien esta semana se jubiló del Poder Judicial, mientras que las restantes 50 las instruyen los otros 16.
Por lo mismo, el máximo tribunal resolvió mantener las asignaciones para los jueces Billard y Solís, y designar a cargo de los 35 procesos que sustanciaba Guzmán -entre ellos emblemáticos casos contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte- al magistrado Víctor Montiglio.
En el caso del juez Zepeda, si bien se le mantuvieron todos sus procesos, también se le asignaron dos que estaban a cargo de Hugo Dolmestch y dos que sustanciaba Alejandro Madrid. Sin embargo, estos dos magistrados continuarán con un proceso cada uno.
Según confirmaron fuentes judiciales a El Mostrador.cl, el caso que quedó en manos de Madrid es la investigación por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ligada al deceso del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.
Mientras tanto, el ministro Dolmestch quedará a cargo de los agregados del proceso por la Operación Albania -que ya tiene condenas-, entre los que se encuentran la muerte del periodista José Carrasco y el vocero del MIR Jecar Neghme.
En tanto, las restantes causas por violaciones a los derechos humanos serán asumidas por el ministrado Carlos Gajardo.
Jueces con dedicación exclusiva
El máximo tribunal también decretó el término de los jueces con dedicación exclusiva que sustancian este tipo de casos en la Región Metropolitana, y ordenó al ministro Juan Eduardo Fuentes hacerse cargo de estos procesos.
Asimismo, autorizó a las Corte de Apelaciones de Santiago que dispongan de los cambios que estimen conveniente, ya sea en la designación de los ministros en visita o el reemplazo de los jueces con dedicación exclusiva, en los procesos por violaciones a los derechos humanos.
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