Un grupo de vecinos de Caimanes, en la Cuarta Región, llevará a los tribunales el proyecto minero del Grupo Luksic, «para impedir o al menos postergar" la edificación de un tranque para desechos minerales tóxicos, que atentaría contra derechos de agua y el patrimonio cultural del sector.
El Comité de Agua Potable Rural de Caimanes, en la comuna de Los Vilos, bajo la asesoría del abogado Fernando Dougnac, se encuentra preparando una estrategia judicial contra la compañía minera Los Pelambres, perteneciente al Grupo Luksic, con el propósito de suspender y retrasar la construcción del tranque para relaves tóxicos, aprobado por la Corema de la Región de Coquimbo, en abril de 2004, aun cuando hay estudios o resoluciones inconclusas por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección General de Aguas.
La secretaria general del Comité, Nair Huerta Carvajal, informó a El Mostrador.cl que "estamos ciertos de que el Proyecto El Mauro ya está aprobado, pero hay irregularidades y llevaremos este caso ante la justicia, para que el país sepa el daño que nos quieren hacer a la gente de Caimanes. No queremos que aquí suceda lo mismo que con Celulosa Arauco y con el proyecto Pascua-Lama".
Los argumentos centrales de la acción se refieren al posible menoscabo de derechos de agua y al daño patrimonial sobre más de un centenar de sitios arqueológicos de origen diaguita, incaico y de la cultura molle, con dos mil años de antigüedad.
En el primer caso, la Dirección General de Aguas (DGA) ha postergado la autorización administrativa final del proyecto minero, en atención a que Los Pelambres vulneraría derechos de agua para consumo y regadío, ya que se pretende construir canales perimetrales al tranque, que sólo permitirán el uso de aguas superficiales, pero sin considerar el agua de las napas subterráneas que serán cubiertas por la misma estructura.
Según informó la DGA, "se mantienen pendientes resoluciones acerca del sistema de depósito de relaves" (por dudas sobre la seguridad del muro de arena prensada, en cuanto a filtraciones) "y el sistema de manejo de aguas superficiales", respecto del embalse de cola, canales de contorno, vertedero de seguridad y túnel evacuador.
Polémico proyecto
El proyecto termina este mes la fase de "obras tempranas" (construcción de accesos y túneles, etapa de preparación) y consiste en la edificación de un tranque para almacenar más de 1.700 millones de toneladas de desechos nocivos (sales minerales, cadmio, estroncio, óxido de silicio, cloro, óxido de aluminio, azufre, arsénico, plomo y otros metales pesados) resultantes de la purificación del cobre y plata, provenientes de la mina que la empresa tiene en el sector de Portones, casi en la frontera con Argentina. Considera una inversión de 800 millones de dólares, para aumentar de 30 a 50 años la vida útil de esa mina, con un tranque que será llenado hasta una cota de 983 metros sobre el nivel del mar.
El Comité de Agua Potable Rural de Caimanes critica que "hay dos temas importantes que no se han resuelto, y que son tratados como un mero trámite por la empresa y por las autoridades", según detalló Nair Huerta. Se trata de la disposición de agua en una zona que en la década pasada registró una sequía de siete años, de ahí que el sustento más regular de la comunidad de Caimanes (más de mil habitantes) provenga de reservas subterráneas, al cual -según se infiere del proyecto- no podrán acceder una vez que esté asentado el tranque, porque serán utilizadas por Los Pelambres, o bien, quedarán en riesgo de contaminación con metales pesados.
Pan por charqui
Otro permiso sectorial de la DGA debe conocerse en los próximos días, pero dado que la autorización general de la Corema es la que prima, el Comité prevé que será adverso a sus intereses, de ahí el anuncio de abrir camino en tribunales.
«Entre la empresa y el Estado están disponiendo de ropa ajena, quieren quedarse con el agua que le corresponde a los agricultores. Quieren interceptar la vertiente del estero Pupío e incomunicarla. Es decir, impedir que siga su curso hacia el valle. A cambio de eso quieren construir canales perimetrales para interceptar la lluvia. Quieren cambiar esas aguas por la vertiente. Es como cambiar pan por chaqui, porque el agua estará contaminada», explicó el abogado Fernando Dougnac a El Mostrador.cl.
Los vecinos estiman que la empresa no da algo a cambio, porque las aguas lluvias también forman parte del estero. «Quieren apropiarse de un bien que les pertecene a los agricultores y que está amparado por la garantía constitucional del número 24 artículo 19», complementa Dougnac.
Las estrategia de los vecinos tiene presente varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en las que se indica que «no se puede intervenir en forma indiscriminada acuíferos, cuando éstos tienen relación con otros de donde se saca agua».
El Comité rechaza las comunicaciones de Los Pelambres en cuanto a que el agua interceptada no será utilizada, ya que «si la usan o no la usan da lo mismo, porque la van a contaminar y eso es un crimen», afirma el abogado.
Los bueyes delante de la carreta
El otro argumento se relaciona con el "daño patrimonial" que sufrirían los petroglifos del valle de Pupío y un cementerio indígena (se han encontrado 3 momias). En este caso, también se critica al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) por la "negligencia" de haber ordenado la remoción y el traslado de petroglifos, "sin una investigación rigurosa y sin considerar que las piezas halladas tienen relaciones globales que se perderán al meterlas en un museo, al Parque Arqueológico" que se construirá en un sector aledaño al tranque, explica la directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín.
Esto, porque el "Plan de Mitigación y Compensación Arqueológica de Tranque de Relaves de El Mauro: Fases 1 y 2″ fue aprobado por el CMN en enero, aun cuando la recopilación de antecedentes (sin procesarlos ni relacionarlos a esa fecha) terminó en marzo (coincidiendo con la fecha dispuesta por Los Pelambres para iniciar las obras tempranas), luego de la presión de ambientalistas, para que se realizara una investigación más aguda que, finalmente, fue llamada "segunda fase".
En los hechos, la primera fase costó 20 millones de pesos y debió ser ampliada cuando se constató que el trabajo era deficiente (sólo participó el arqueólogo Gastón Castillo y dos profesionales jóvenes) y se consignó 80 sitios con 200 petroglifos, registrados "en una cartografía básica, sin cotas de nivel", según reconoce un experto que trabaja actualmente en el proyecto.
Así, la "segunda fase" costó 2 millones de dólares y se incluyó a un centenar de arqueólogos, egresados y estudiantes de varias universidades del país. Se descubrieron 300 petroglifos más, "pero el asunto ya está aprobado -dice la misma fuente-. Ahora se trata de un mero trámite. El CMN puso los bueyes delante de la carreta". Al respecto, la institución aludida (a cargo de Ángel Cabezas) sólo optó por derivar a este medio a los contenidos de su página electrónica.
«Tráfico de influencias»
La Fundación Chile Sustentable y los dirigentes vecinales de Caimanes se han reunido en días recientes en calle Ramón Carnicer número 67, comuna de Providencia, donde anunciaron que "este caso será llevado a los tribunales". Preliminarmente hay conciencia de que las posibilidades de "atacar como un todo" al Proyecto El Mauro es inviable, porque la justicia vela únicamente por las formalidades administrativas, pero no revisa el contenido de las mismas.
Así, el Comité de Agua Potable Rural de Caimanes ahora estudia la manera de canalizar las acusaciones de "tráfico de influencias" contra Los Pelambres: El actual jefe de los proyectos de la empresa, Gastón Castillo, también trabaja para el Museo Arqueológico de La Serena. «Estas personas deberían estar atentas a fiscalizar y no a lucrarse millonariamente», afirma Nair Huerta.
Los Pelambres financió la renovación de tres salas de exposición en dicho Museo, con una inversión de 20 millones de pesos y actualmente se negocia la financiación de una parte de la ampliación de 2 mil metros cuadrados de las instalaciones y los depósitos, como una forma de compensar las pérdidas patrimoniales y pagar las asesorías que encabeza el museo en obras de Los Pelambres. Esto es visto con desconfianza por Sara Larraín, quien afirmó que «tanto universidades -la de La Serena- como museos de la Cuarta Región están comprometidos económicamente con la empresa, más preocupados de autofinanciarse que de cuidar el patrimonio arqueológico».
Así, la compañía paga 5.4, 3.6 ó 2 unidades de fomento (UF) diarias a los arqueólogos (dependiendo si son jefes de excavación, egresados o estudiantes universitarios), que hoy trabajan en el "rescate y remoción" de los petroglifos, para abrir camino al futuro tranque. Se dispuso un concurso de becas de 3 millones de pesos anuales, «pero si te atreves a recomendar que este sitio no debería ser intervenido… hay muchos arqueólogos esperando por pega«, comenta un integrante del equipo de gestión del proyecto arqueológico Mauro.
Al respecto, la empresa declinó dar entrevistas. Envió un correo electrónico refiriéndose a la «normalidad» del proceso. Por su parte, tanto la directora de la corema de Coquimbo, Liliana Pastén, como el intendente regional, Felipe del Río, y el alcalde de Los Vilos, Carlos Salinas, rehusaron hablar del tema. Se explicó extraoficialmente que «nadie quiere ir contra el gobierno» central.-
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