El tribunal desechó los recursos de casación en la forma y el fondo que pretendieron anular el pago de las millonarias multas que se cursaron contra los principales directivos intervinientes en la venta de las sociedades Chispas. Ni las acusaciones de plagio, ni los eventuales vicios legales en que, según la defensa, habría incurrido la corte de apelaciones le sirvieron para revertir la decisión.
Un tajante pronunciamiento emitió la Tercera Sala de la Corte Suprema al resolver finalmente la controversia sobre la venta de las sociedades Chispas a Endesa España, transacción mediante la cual esta última entidad pasó a tener el control de la compañía Enersis, operación que terminó con la imposición de multas por más de 150 millones de dólares a seis ex altos ejecutivos involucrados en esta venta de acciones, por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
En un total de 135 carillas, el alto tribunal analizó extensamente cada uno de los argumentos presentados por la defensa de estos profesionales, dando como resultado que tres de los cinco integrantes de esta instancia respaldaran lo obrado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual resolvió que ellos actuaron a favor de sus propios intereses y no de los accionistas a los cuales representaban en su calidad de directores y gerentes de Enersis, faltando a la probidad y la transparencia.
De esta forma, el tribunal de alzada resolvió aplicar castigos pecuniarios a Luis Fernando Mackenna (fallecido este año), 400 mil unidades de fomento (UF); Eduardo Gardella 120 mil UF; José Yuraszeck y Marcos Zylberberg, 650 mil UF, respectivamente; Marcelo Brito y Arsenio Molina, 200 mil UF cada uno. Estos montos sumarían más de 150 millones de dólares, a lo cual se deberá agregar las costas del proceso.
Un plagio inexistente
Esto, pese a que la vista de este proceso estuvo cruzada por la acusación hecha por uno de los abogados de los ex ejecutivos respecto a que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago habría "plagiado" el fallo que le dio la razón a la SVS y que incluso la redacción de la sentencia la habría hecho uno de los abogados del ente fiscalizador.
Sin embargo, el alto tribunal ni siquiera se refirió a dichas acusaciones en su pronunciamiento de ayer jueves, mientras que el voto de mayoría avaló cada uno de los razonamientos jurídicos establecidos por el tribunal de alzada, instancia que revocó la decisión adoptada por la titular del 5° Juzgado Civil de la capital, Rosa María Kittsteiner, quien estuvo por anular las millonarias multas.
De esta forma, dio por finalizado un proceso judicial que demoró ocho años en ser revisado por la justicia, el que pasará a la historia como el primero en establecer estas cuantiosas sanciones a los involucrados.
Facultades de la SVS para sancionar
En cuanto a la fundamentación jurídica esgrimida por la Tercera Sala del máximo tribunal, llama la atención los fuertes reproches éticos y legales que aduce para confirmar las sanciones, afirmando que los otrora "gestores claves" del lucrativo negocio "confundieron sus intereses particulares con los de las sociedades en que se desempeñaban -como directores o presidentes-, en violación a su deber de observar las normas de proteger los intereses de tales sociedades".
Esta magistratura desechó de forma tajante que la Corte de Santiago se excediera en sus atribuciones al haber resuelto aplicar las multas cursadas por la SVS, ya que dicho fallo no excedió los límites de lo resuelto por el organismo contralor, añadiendo que los preceptos legales que rigen a esta Superintendencia la facultan para fiscalizar las actuaciones de las sociedades anónimas y de sus directivos.
Esto, porque sí así hubiese sido, los directivos multados debieron haber optado por la vía de la nulidad de derecho público para revertir esta situación. Empero, al haber presentado una impugnación y, en subsidio, una solicitud de rebaja de tales sanciones ante la justicia civil, admitieron la legitimidad de tal sentencia.
Defendieron intereses de Endesa España
Por otra parte, la decisión respaldó las consideraciones incluidas en un informe en derecho elaborado a petición del propio Directorio de Enersis, elaborado por el abogado José María Eyzaguirre, el cual evaluó en duros términos lo obrado por estos ex gerentes de la empresa, quienes además de vender sus paquetes accionarios a Endesa España (EE), suscribieron un contrato de gestión que los mantenía a la cabeza de la entidad.
"En definitiva, el contrato de gestión no sólo pretendía regular la permanencia de los reclamantes en el Grupo Enersis. Más allá de ello, su otorgamiento, unido al contrato de promesa de compaventa del 49 por ciento de acciones de la serie B de las Chispas, importó la ejecución de conductas contrarias a los deberes de lealtad, obediencia y diligencia que a los reclamantes le eran exigibles, al comprometer el ejercicio de sus cargos en defensa del interés de EE como nuevo accionista mayoritario de Enersis", consignó el fallo.
"Los recurrentes se aprovecharon de la posición en que se encontraban en razón de sus cargos para participar en diversas operaciones, privilegiando sus intereses propios y particulares por sobre los de las demás empresas a que pertenecían, incurriendo en diversas acciones y omisiones, tendientes todas ellas a favorecer sus respectivas posiciones personales por sobre los intereses sociales de las empresas favorecidas", añadió la resolución.
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