Aunque la redacción del acuerdo se firmará mañana viernes, trascendió que una amplia mayoría del máximo tribunal desestimó las imputaciones contra los jueces de segunda instancia que dieron la razón a la SVS, aplicando las millonarias multas a los ex ejecutivos de Enersis, las cuales fueron confirmadas también por la alta magistratura.
Sin lugar a dudas, la Corte Suprema quiere dar por cerrado a la brevedad posible el largo proceso judicial denominado como el Caso Chispas, por lo cual esperan que este viernes se firme el acuerdo alcanzado al interior del máximo tribunal ante el recurso de queja presentado por las defensas de los ex ejecutivos de Enersis en contra de dos ministros y un abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Si bien no hubo una versión oficial sobre la decisión que adoptaron los integrantes de la alta magistratura, en fuentes de tribunales trascendió que una amplia mayoría de ellos estuvo por desestimar este reclamo, dado que el fallo elaborado por la Segunda Sala del tribunal de alzada capitalino no podría ser calificado como un plagio de la presentación hecha por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El razonamiento iría por la misma línea de lo expresado por la Tercera Sala del máximo tribunal, en el sentido que la transcripción de argumentos presentados por las partes de un litigio no puede ser interpretado como una falta administrativa o disciplinaria de la instancia que pronuncia una resolución, sino como una concordancia entre argumentos esgrimidos por alguno de los litigantes con el razonamiento jurídico de un tribunal que dicta la sentencia.
Recurso disciplinario
Por otra parte, cabe recordar que la jurisprudencia de los últimos años ha optado por rechazar casi la mayoría de los recursos de queja interpuestos en contra de magistrados, dado que la mayoría de los miembros del Poder Judicial estiman que este tipo de vía ha sido mal utilizada por los abogados, ya que mediante la comprobación de faltas disciplinarias se busca cambiar decisiones jurisdiccionales.
Es decir, este tipo de recursos se ha empleado en los últimos años como una instancia más para intentar revocar una resolución, por lo cual la modificación del recurso de queja en el Código Orgánico de Tribunales (COT) es una de las viejas aspiraciones de los jueces chilenos. De hecho, varios miembros de la magistratura estiman que esa reforma ya no es necesaria, dado que las mismas Cortes superiores ya han dictado los lineamientos de no intervenir en decisiones de fondo por medio de este camino.
Fin de una historia de 8 años
Este sería el desenlace de una causa judicial que ha tenido casi ocho años de extensión, ya que fue en agosto de 1997 cuando la SVS sancionó a los ex ejecutivos de Enersis José Yuraszeck, Marcos Zylberberg, Arsenio Molina, Marcelo Brito, Eduardo Gardella y el fallecido Luis Fernando Mackenna, aplicándoles una multa de 2 millones 200 mil UF, la cual en la actualidad superaría los 250 millones de dólares, añadiéndole los intereses e impuestos que podrían aplicárseles al momento de cancelar.
En una primera fase, el Quinto Juzgado Civil de Santiago favoreció a los mencionados empresarios al evaluar que éstos no habrían incurrido en irregularidades al momento de vender sus participaciones en las denominadas sociedades Chispas, por lo cual decidió anular las multas cursadas por el mencionado organismo fiscalizador.
Sin embargo, el 8 de julio de 2004 la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago -formada por los ministros Sonia Araneda, Cornelio Villarroel y el abogado integrante Francisco Tapia- revocó la decisión y optó por castigar a los gestores claves de la denominada "operación del siglo", estimando que utilizaron sus cargos y el acceso a información privilegiada para vender las acciones de Enersis en condiciones más favorables que el resto de los accionistas.
Ante ello, en diciembre del año pasado los abogados de los ex ejecutivos, Alfredo Etcheverry y Pablo Rodríguez, acusaron a estos jueces de copiar íntegramente un escrito interpuesto por la SVS, favoreciendo a este organismo del Estado e, incluso, presentaron supuestos peritajes informáticos que avalarían tal denuncia.
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