Así queda establecido en la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que le quitó su inmunidad como ex gobernante. En tanto, los ministros que estuvieron por rechazar el desafuero argumentaron que el general (R) no recuerda las cuentas, los montos depositados, ni a Óscar Aitken, su ex albacea.
A casi dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago votara por desaforar al general (R) Augusto Pinochet por cuatro de los cinco delitos que le imputa el juez Sergio Muñoz en el llamado caso Riggs, recién se conocieron los fundamentos de dicha resolución y, con ello, se espera la reactivación de la causa, en la medida que deberá ser revisada por la Corte Suprema, instancia ante la cual su defensa apeló de esta decisión.
Dentro de los antecedentes que consigna el fallo, el que más llama la atención es el hecho que el magistrado logró acreditar en su proceso que los certificados supuestamente emanados desde la Subsecretaría de Guerra y que fueron presentados por el ex gobernante de facto ante el Riggs Bank, con el objeto de acreditar rentas, fueran firmados en la parte inferior por el propio Pinochet.
"Fueron confeccionadas computacionalmente, no corresponden a documentos oficiales de la Subsecretaría de Guerra y existen presunciones fundadas de que las anotaciones manuscritas al pie del documento de fojas 16 "Pago de rentas reservadas como P. de la R." proceden de la mano de Augusto Pinochet Ugarte", consigna la resolución de más de 31 páginas de extensión.
Por otra parte, en el proceso se estableció que las firmas contenidas en los cuatro pasaportes falsos que tuvo el ex uniformado en su poder no corresponden a las funcionarias del Registro Civil autorizadas para emitirlos, conteniendo timbres irregulares y adulteraciones por borrones de tipo abrasivo.
"El hecho de haber sido usados, al menos los pasaportes signados con los números A 029627 y A 010625 para abrir cuentas en bancos extranjeros a nombre de Augusto Ugarte y José Ramón Ugarte respectivamente, cuya pericia caligráfica (…) concluye que existen presunciones fundadas que procede de la mano de Augusto Pinochet Ugarte", señala el pronunciamiento.
El pasado 7 de junio el tribunal de alzada capitalino revocó las garantías constitucionales del ex militar por los delitos de declaraciones tributarias incompletas desde el año 1980 a 2004, haber falseado información sobre su patrimonio en una declaración notarial de 1989 (el abandonar el cargo de Presidente de la República), sustracción, confección y utilización de pasaportes falsos, elaboración de certificados de sueldos lo que implica el delito de falsificación de instrumento público y realizar maniobras para evitar el embargo internacional de sus bienes, decretado por el juez español Baltasar Garzón en septiembre de 1998, cuando fue detenido en Londres.
En tanto, la mayoría de los integrantes del tribunal de alzada estuvo por rechazar los delitos de negociación incompatible y amenazas que Muñoz le imputó debido a la compra de los terrenos en el sector de El Melocotón, en el Cajón del Maipo. Sin embargo, diez magistrados votaron en contra, entre los que se cuenta a Juan Escobar, Carlos Cerda, Sonia Araneda, Hugo Dolmestch, Jorge Dahm, Alejandro Solís, Víctor Montiglio, Mauricio Silva, Amanda Valdovinos y Carmen Garay (s).
Deuda de $6.600 millones en impuestos
El escrito además precisa que, según las estimaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), el perjuicio fiscal por los dineros que mantuvo Pinochet en el extranjero y que no declaró, entre los años 1980 a 2002 asciende a la suma de 6.608.662.553 pesos.
De esta cifra, la defensa del ex uniformado ya reliquidó ante ese organismo cerca de 1.500 millones de pesos, con el objeto de evitar el embargo de sus bienes y poder optar a un juicio tributario donde poder modificar el monto de los gravámenes impagos que se le imputan.
Al referirse sobre la cantidad de bienes que -hasta esa fecha- se le habían logrado acreditar, el fallo consigna que el total de inversiones que tiene el general (r) asciende a más de mil 294 millones de pesos en Chile, cerca de 1,5 millones de dólares ingresados al país y no declarados; y la suma de 16 millones 177 mil dólares en sus cuentas en el extranjero.
En cuanto a este último punto, se precisa que algo más de 179 mil dólares corresponden a intereses generados por saldos mantenidos en las cuentas; 2 millones 73 mil dólares a intereses de certificados de depósitos y dividendos del trust y 14 millones 14 mil dólares a depósitos de capital en cuentas extranjeras.
Malas condiciones de salud
En tanto, los ministros Rubén Ballesteros, Alfredo Pfeiffer, Cornelio Villarroel y Lamberto Cisternas estuvieron por no desaforar a Pinochet por ninguno de los delitos que le imputa el juez Muñoz, en razón a que sus eventuales condiciones de salud no le permitirían hacer frente a un proceso judicial.
En su voto de disidencia, los magistrados señalan que abrir una causa judicial en contra de una persona importa ordenar su detención y/o citación ante el tribunal, tomarle declaraciones indagatorias, efectuar careos, trasladarlo a lugares para realizar inspecciones oculares o reconstituciones de escenas, etc; "todo lo cual significa someterlo a situaciones extremas de esfuerzos físicos y mentales".
En esa medida citaron el fallo de la Corte Suprema que sobreseyó al ex militar en julio de 2002, en el caso Caravana de la Muerte, en el cual una junta de peritos determinó que sufría de una demencia vascular moderada, es decir, de un déficit cognitivo que se expresa en pérdida de la memoria.
"Le cuesta recordar hechos recientes, también detalles de sucesos del pasado, confunde eventos, carece de precisión en su relato, no tiene precisión en sumas depositadas, ni montos, ni de la época que abrió su cuenta en el Riggs, le cuesta ponerse de pie (…), no recuerda las cantidades de dinero de las erogaciones que se le hicieron cuando estuvo en Londres, ni el destino de esos dineros, no recuerda a la persona de Óscar Aitken que se le menciona", añaden al referirse a las declaraciones que Muñoz le ha tomado a Pinochet.
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