Magistrado que indaga las millonarias cuentas que mantuvo el general (r) Pinochet en el extranjero, sostuvo que las declaraciones maliciosamente incompletas involucran una acción por omisión, por lo cual pueden existir participes distintos al contribuyente. Con ese mismo argumento, rechazó revocar el procesamiento del ex albacea del uniformado, Óscar Aitken.
El ministro de fuero Sergio Muñoz, encargado de investigar las millonarias cuentas y depósitos que mantuvo en el exterior el general (R) Augusto Pinochet y su familia, incluyó sólo argumentos de carácter técnico-jurídicos en el informe que le solicitó la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, frente a la presentación de los recursos de amparo interpuestos por las defensas de Marco Antonio Pinochet y Lucía Hiriart Rodríguez, ambos procesados como cómplices de evasión tributaria.
Fuentes allegadas al proceso precisaron a El Mostrador.cl que el juez se refirió básicamente a aspectos legales para defender la resolución que notificó a Lucía Hiriart y Marco Antonio el pasado miércoles, y otorgarles el beneficio de la libertad provisional, previa consulta a la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, la misma instancia del tribunal de alzada que hoy jueves escuchará los alegatos sobre estos recursos, decidió mantener al hijo menor del uniformado en prisión preventiva -por considerarlo un peligro para la seguridad pública- y confirmar la libertad de la presidenta de la Fundación Cema-Chile, en consideración a su avanzada edad (81 años) y sus condiciones de salud.
Delito de acción por omisión
Para el magistrado, el delito contemplado en el artículo 97, número 4, del Código Tributario que sanciona las declaraciones de renta maliciosamente incompletas que realice un contribuyente es un ilícito que implica una acción por omisión, es decir, no incluir todos los antecedentes que debería presentar un ciudadano.
En la conducta antes descrita pueden existir terceras personas que colaboren a ocultar esa información, lo cual implica que éstos tienen un grado de participación distinta al del titular de las declaraciones, por lo cual no podrían ser tomados como coautores, sino como cómplices, según dicho razonamiento.
En esa medida, Muñoz defiende la aplicación de normas contempladas en el Código Penal, de carácter general, a una normativa especial que establece las transgresiones tributarias en que pueden incurrir un imponente ante el SII. De acuerdo a su criterio, una norma de carácter especial no puede derogar a una de aplicación restringida.
De hecho, fuentes judiciales afirman que la figura de cómplice de evasión tributaria ya ha sido confirmada incluso por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, en fallos que actualmente están ejecutoriados, e incluso también es un ilícito que se ha contemplado en procesos que se tramitan según el nuevo Código Procesal Penal.
Estafa
Pese a los argumentos anteriores, el ministro Muñoz argumentó que si la figura de cómplice de delito tributario no es aplicable a las actuaciones que tuvieron Marco Antonio Pinochet y Lucía Hiriart para evadir el pago de impuestos en Chile, por las abultadas cuentas que mantuvo el ex senador en el extranjero, entonces podrían ser procesados por el delito de estafa al Fisco.
En todo caso, sería muy difícil que los tribunales superiores que deberán resolver los amparos presentados por las defensas de la familia Pinochet recalifiquen el delito por el que están encausados mediante esta vía procesal, ya que para pronunciarse sobre ese punto se necesita una presentación para revocar las encargatorias de reo.
En cuanto a que Hiriart Rodríguez no le habría cabido mayor participación en los eventuales delitos cometidos por su marido, como lo ha expuesto su abogado Pablo Rodríguez Grez, una pieza documental que complica su situación es la firma del formulario W8 en Estados Unidos, en el que declara ser una inversionista no residente en ese país, por lo cual no le correspondía tributar ante el Fisco norteamericano.
Atentado a Pinochet
Esos mismos argumentos fueron los que expuso el magistrado para rechazar la solicitud de la defensa de Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, que pidió dejar sin efecto el procesamiento que pesa contra el abogado, a raíz de la declaración pública que difundió el otrora senador vitalicio, en la cual afirma ser el único responsable de la apertura de cuentas en el exterior.
En este caso, el juez Muñoz mantuvo a firme su tesis respecto a que este asesor del general (R) tuvo participación en el ocultamiento de estos fondos, dado que el mismo figuró como representante legal de varias empresas de papel que Pinochet creó para despistar sobre su cuantioso patrimonio.
Pero otro antecedente curioso que expuso el ministro se refirió a los procesamientos que se dictaron por el atentado que sufrió el ex jefe de la junta militar el 7 de septiembre de 1986, en la que los militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) enfrentaron cargos por la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago conoció el proceso, recalificó los ilícitos y los encuadró en el marco del homicidio calificado, dado que la primera norma de carácter especial no era plenamente aplicable a los hechos.
En esa medida, el magistrado afirma que eso es una demostración que una norma de carácter especial (Ley Antiterrorista) no deroga a una de índole general, ya que en tal caso los frentistas acusados de este atentado debieron haber sido absueltos por el tribunal de alzada.
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