Hijo del fallecido presidente de la ANEF calificó la conmutación de la pena para el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire como una »bofetada» para el mundo sindical. La medida fue interpretada como una »compensación», ante los indultos otorgados a un grupo de ex frentistas y lautaristas.
Una nueva descoordinación entre el Palacio de La Moneda y el Ministerio de Justicia provocó el beneficio penitenciario entregado al suboficial retirado del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados como autor material del crimen del ex líder sindical Tucapel Jiménez perpetrado en 1982, en momentos en que recrudecían las protestas contra el régimen militar.
Aunque las explicaciones oficiales fueron que la decisión respondía a las múltiples peticiones de beneficios penales que se hacen anualmente, y que Contreras Donaire cumplía con los requisitos para recibirlo, la medida fue interpretada como una "compensación política".
Quienes sustentan esta tesis recuerdan que hace un mes el Senado aprobó el indulto de ex presos políticos -Pablo Vargas López, Claudio Melgarejo Chávez, Hardy Peña Trujillo y Fedor Sánchez- que llevaban más de 10 años detenidos en la Cárcel de Alta Seguridad, acusados de delitos terroristas con móviles políticos.
En ese sentido, agregan que como ya se les entregó un beneficio de esta naturaleza a personas ligadas a la izquierda, ahora se debían realizar gestos con ex militares que estaban condenados por violaciones a los derechos humanos.
El propio Presidente Ricardo Lagos reconoció en la noche que la medida se había adoptado porque "me parece que es adecuado en estos momentos, pensando en el bien del país".
Molestia en la familia
Sin embargo, la decisión provocó molestia en la familia de Tucapel Jiménez. "Lagos deberá responder a la historia por el indulto dado a uno de los criminales más crueles de nuestro país", señaló el hijo homónimo de ex líder sindicalista.
"Nos topamos con dolor e impotencia de este hecho, aunque estamos acostumbrados a golpes de este tipo ya que hace unos años el propio Lagos recibió en La Moneda al general (R) Hernán Ramírez Hald", señaló Jiménez al recordar la audiencia que el gobernante le dio al militar cuando estaba procesado y ad portas de ser condenado por este caso.
Con todo, reconoció que no hay nada que hacer frente a esta resolución gubernamental, que calificó como "una bofetada para los empleados públicos del país". De hecho, la ANEF convocó para el mediodía de este viernes a una manifestación en el frontis del Palacio de La Moneda, como una manera de expresar su repudio contra la decisión.
Descoordinación
La cadena de desaciertos se inició cuando el ministro del Interior, Francisco Vidal, informó a la prensa que el ex uniformado había sido indultado por el Presidente Ricardo Lagos, y que la medida se había adoptado en razón del bien del país.
Sin embargo, posteriormente el ministro vocero de La Moneda, Osvaldo Puccio, salió al paso de las declaraciones del jefe del equipo político y aseguró que no se trataba de un indulto, sino que sólo era una conmutación de la pena y que la medida había sido adoptada por el Ministerio de Justicia.
Cuando el tema parecía aclarado, el titular de Justicia, Luis Bates, citó a una conferencia a los medios, en la que sólo se limitó a leer una declaración pública, señalando que efectivamente se trataba de una de las tres modalidades que contempla el indulto -las otras son remisión y derogación- y que éste lo había entregado el gobernante.
Sólo en la noche -aunque inicialmente también había señalado que no era un indulto- Lagos admitó que se trataba de este beneficio, y que lo había adoptado en usos de sus prerrogativas como Jefe de Estado.
Este no es el primer desencuentro público que existe entre La Moneda y el ministro de Justicia. El último de ellos fue con motivo de la destitución del subdirector de Gendarmería José Pablo Lagos, a quien incluso en Palacio se le atribuyó posesión de pornografía infantil y una serie de deficiencias en su gestión.
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