La apelación de la fiscalía castrense debe ser revisada por la Corte Marcial que, en caso de acogerla, podría modificar las sentencias o decretar nuevas diligencias que permitan perseguir la responsabilidad penal de involucrados de mayor rango, y no sólo la de los dos capitanes y el suboficial condenados en primera instancia.
El Ministerio Público Militar decidió pedir la revocación de la sentencia de primera instancia en el proceso por el tráfico ilegal de armas a Croacia, registrado en 1991 y que, después de catorce años de tramitación, sólo terminó con las condenas de dos capitanes y un sargento.
Fuentes castrenses consultadas por El Mostrador.cl comentaron que la decisión de apelar del fallo del Segundo Juzgado Militar se adoptó «velando por los intereses de la Defensa Nacional», y que el objetivo es que se vuelvan a estudiar los antecedentes y se persiga a todos los responsables del envío de armamentos.
El fallo de primera instancia había causado sorpresa no sólo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ya recurrió a la Corte Marcial, sino que también al interior del propio Ejército. De hecho, el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, había señalado que a la institución le interesaba conocer «la verdad verdadera y completa» en este caso.
Cabe recordar que el Segundo Juzgado Militar condenó a cinco años y un día de presidio los capitanes (R) Patricio Pérez Villagrán, de la Fuerza Aérea, y Pedro Araya Hermosilla, del Ejército, en calidad de autores de exportación ilegal de armamento de uso bélico.
Mientras Araya se desempeñaba como jefe (S) del Centro de Negocios de la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae), Pérez Villagrán es sindicado como quien hizo el contacto con el francés Ives Marziale y el inglés Sydney Edwards, ambos traficantes de armas.
Además, el tribunal castrense sentenció a 540 días de pena remitida, por fraude aduanero, al ex empleado civil de la Dirección de Logística del Ejército, Ramón Pérez Orellana.
Institución jerarquizada
Si la apelación es acogida por la Corte Marcial, ésta podría modificar las sentencias o decretar nuevas diligencias que permitan perseguir la responsabilidad penal de involucrados de mayor rango, y no sólo la de los condenados en primera instancia.
El Ministerio Público Militar, explicaron las fuentes, quedó disconforme con el hecho de que sólo se haya sancionado a funcionarios de menor rango, y no haya ocurrido lo propio con los altos militares que, se presume, también estuvieron involucrados.
«En una institución jerarquizada como el Ejército no puede haber un resultado de esa naturaleza», dijeron las fuentes, que consideraron que debe haber una responsabilidad por parte de quienes dieron la orden de enviar ilegalmente los pertrechos.
En el dictamen de primera instancia, fueron absueltos el ex agente de la empresa Main Cargo -en cuyas instalaciones se llevó a cabo el embarque- Antonio Sahd Salomón; el ex agente de Aduanas Sergio Pollman, y el general (R) de FACH Vicente Rodríguez Bustos
Sin embargo, las sospechas también apuntarían al general (R) Guillermo Letelier Skinner, quien se desempeñaba como director de Famae cuando en 1991 se descubrió con un cargamento de armas en Budapest, Hungría, que había sido rotulado como ayuda humanitaria para Sri Lanka.
El hallazgo del envío, cuyo destino real era Zagreb, la capital de Croacia, provocó un escándalo a nivel internacional, debido al embargo internacional dispuesto por Naciones Unidas en virtud de la guerra entre los países que integraron la ex Yugoslavia.
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