Según fuentes allegadas al 12° Juzgado del Crimen de Santiago, a Patricio Castro se le dejó en libertad desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) por un »error administrativo» al no haberse registrado su ingreso como reo rematado. En tanto, este martes fue removido un oficial de Gendarmería por haber escondido el oficio que lo declaraba cumpliendo condena.
Desde el jueves de la semana pasada, Patricio Castro, uno de los cerebros de la »Cutufa», la ex financiera informal que funcionó al interior del Ejército a principios de la década de 1990, se encuentra prófugo de la justicia, al haber obtenido su libertad de manera irregular, ya que se encontraba recluído cumpliendo la condena que se le impuso por estas estafas.
A mediados de junio de este año, el juez del 12° Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera, decidió que las condenas a 3 años de prisión a que fueron condenados los cinco principales cabecillas de este «sistema» fueran cumplidas con cárcel efectiva, ya que no cumplieron con la obligación de indemnizar a las víctimas de sus engaños.
En ese entonces, el magistrado evacuó órdenes de aprehensión en contra de coronel (r) Jaime Lucares, el capitán (r) Gastón Ramos Cid y los civiles Gerardo Paredes Paredes, Sergio Silva Blanco y Enrique Cowell Mancilla.
En tanto, distinta fue la situación del mayor (r) Patricio Castro, quien en ese entonces ya se encontraba en prisión preventiva por orden del 31° Juzgado del Crimen de Santiago debido a las nuevas acusaciones de estafa en su contra que fueron conocidas durante este año.
Según fuentes allegadas al 12° Juzgado del Crimen, a principios de dicho mes, el magistrado Rivera evacuó la resolución para revocarles a los cinco mencionados en primer término el beneficio de la libertad vigilada (o pena remitida), enviando para tal efecto copia de dicha medida al Centro de Reinserción Social de Gendarmería para que dicho antecedente se adjuntara a la información digital que maneja esa institución.
La decisión del tribunal se debió a que estos cinco condenados incumplieron uno de los requisitos mediante los que pudieron acceder a la remisión condicional de la pena que se les impuso: el pago solidario de más de 123 millones de pesos a ocho querellantes de la causa tramitada a principios de 1990.
Los cabecillas de la millonaria estafa, Castro y Ramos, fueron condenados a tres años de reclusión en calidad de autores de infracciones a la Ley General de Bancos, mientras que a Lucares, Paredes, Silva y Cowell se les condenó a 300 días de presidio como cómplices.
Pero junto a ese castigo, la justicia también determinó que éstos debían hacerse responsables solidariamente (es decir, uno o todos ellos) del pago de la retribución a quienes resultaron afectados por el fraude. El monto, según la última liquidación calculada el 2003, supera los 123 millones de pesos.
Libertad bajo fianza
Sin embargo, a mediados de la semana pasada la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó a Castro el beneficio de la libertad bajo fianza por el proceso por estafa que se tramita en el 31° Juzgado del Crimen, cuyo titular, Jaime Balmaceda, lo procesó bajo ese delito el pasado 10 de junio.
En virtud de esa decisión, funcionarios de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) dejaron en libertad a Castro, sin tener a la vista el antecedente de que éste se encontraba cumpliendo condena como reo rematado.
Según la versión que se maneja en el tribunal, el »error administrativo» de haberlo dejado en libertad fue sólo responsabilidad de Gendarmería, ya que dicha institución ha dado distintas versiones al juez sobre cómo se produjo el error. Una de ellas afirmó que su resolución no estaba incluida en el sistema computacional de la institución debido a un incendio que se registró en el CRS en agosto de este año, lo cual habría impedido ingresar los datos de la carpeta de Castro a dicho registro.
No obstante, el magistrado no daría credibilidad a la versión, ya que hubo dos meses de desfase entre que se comunicó su decisión y el siniestro en que se habrían quemado dichos antecedentes.
En tanto, durante esta tarde trascendió que fue removido el agregado de Gendarmería del 12° Juzgado del Crimen, David Valdés, por haber ocultado el oficio del tribunal que comunicaba el carácter de rematado de Patricio Castro.
Además, este martes también declaró en el sumario abierto el lunes por el juez Rivera, el encargado de Estadística de la Carcel de Alta Seguridad, Luis González Aguilera, en el contexto de aclarar la evasión de este ex uniformado.
Por otra parte, el magistrado Rivera evacuó el viernes de la semana pasada una orden inmediata de captura en contra de Castro, con la misión de vigilar los cuatro domicilios que registra tanto en la capital, como en la zona sur del país.
Por otra parte, la versión oficial de Gendarmería es que Patricio Castro sólo figuraba como procesado por el juez Balmaceda y que recién ahora se les comunicó que tenía la calidad de reo rematado.
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