Ministro Carlos Cerda encausó al ex uniformado por los delitos de falsificación de pasaportes, adulteración de instrumento público, declaración maliciosa de bienes y evasión tributaria. Tras ser notificado, el ex uniformado quedó con arresto domiciliario.
El juez que investiga el denominado caso Riggs, Carlos Cerda, sometió a proceso este miércoles al general (R) Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, en la causa que versa sobre sus millonarias cuentas bancarias en el extranjero y decretó su arresto domiciliario.
El magistrado imputa al ex comandante en jefe en retiro los cuatro delitos por los cuales fue desaforado: falsificación y uso de cuatro pasaportes, adulteración de un documento de la Subsecretaría de Guerra para acreditar ingresos en 2002, la irregular declaración de bienes ante notario entregada al abandonar La Moneda en 1989 y evasión tributaria.
Se trata del primer encausamiento que enfrenta el ex comandante en jefe del Ejército luego de descubrirse la abultada fortuna que reunió en sus más de 20 años como Presidente de la República y jefe castrense.
Anteriormente, Pinochet, quien celebra 90 años de edad este viernes 25 de noviembre, fue declarado reo por los casos Caravana de la Muerte y Operación Cóndor, pero fue sobreseído por razones médicas.
El ex soldado fue notificado de su situación por la secretaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Silvia Pappa, en su domicilio, ubicado en calle Los Flamencos 3796 o 3818, en el sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea.
El minisro Cerda le otorgó a Pinochet el beneficio de la libertad bajo fianza, previa consulta al mencionado tribunal de alzada capitalino, con la condición del pago de un monto de $ 12 millones, lo cual sería analizado este jueves por la Quinta Sala.
Detalles del fallo
El juez Cerda sañaló en su fallo de 19 páginas que el encausado es autor del delito de «infracción tributaria del artículo 97 número cuatro inciso primero del código de la especie, por haber presentado declaraciones de impuestos a la renta maliciosamente incompletas».
Dichas acciones «han inducido a la liquidación de un tributo inferior al correspondiente, con evidente perjuicio fiscal, entre los años 1980 y 2004, el que al presente mes de noviembre asciende a $ 1.282.887.954».
Recordó también que el otrora jefe castrense confeccionó cuatro pasaportes falsos y utilizó dos de ellos, falta que es castigada en los artículos 200 y 201 del Código Penal, ambos en sus primeros incisos.
Asimismo, le imputó la «elaboración y extensión de una declaración jurada falsa, en acto público jactanciosamente ejemplarizador, que describe el artículo 210 del mismo cuerpo legal».
En cuarto lugar, lo acusó de «falsificación de dos certificados atribuidos a la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional, con compromiso público, sancionado en el artículo 205 inciso primero de este estatuto».
Finalmente, el magistrado consideró que «nada impide que el encausado haga uso a su derecho constitucional a la libertad, mientras progresa el procedimiento. En efecto, las circunstancias que rodean el diario vivir de una persona nonagenria son indicativas que su libertad no es peligrosa para la seguridad de la sociedad».
«Por otra parte, las diligencias están avanzadas y se vislumbra en actores y defensores el ánimo de hacerlas prosperar con eficiacia y prontitud, de modo que la libertad tampoco parece amagar ese avance», finalizó.
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