En tanto, las defensas de Marco Antonio y María Soledad Olave objetaron los procesamientos dictados por el ministro Carlos Cerda, a través de sendos recursos de amparo. Antes, habían apelado de los encausamientos Lucía Hiriart y Augusto, el único del clan que no enfrenta cargos por evasión tributaria.
El abogado Hugo Ortiz de Phillipi, que representa a Lucía Pinochet Hiriart, admitió que fue una «mala idea» que su clienta viajara a Estados Unidos en momentos en que iba a ser procesada por evasión tributaria y falsificación de pasaportes en el marco del caso Riggs.
De Phillipi interpuso el jueves un pedido para que se levantara la orden de detención que pesa contra la mujer, lo que fue desestimado por el juez Carlos Cerda, bajo el argumento de que una medida de esa naturaleza sería ilegal y atenta contra el principio de igualdad ante la ley.
Este viernes, el abogado calificó como una mala idea el intempestivo viaje Estados Unidos y admitió «que no es fácil" que se le otorgue el asilo político solicitado por Pinochet Hiriart, retenida desde el miércoles en un centro migratorio de Washington.
"Creo que fue una mala idea, pero no puedo decirle las razones que tenía. Ella pretendía volver en marzo y en marzo podría comparecer y aclarar lo que sea necesario", aseveró el profesional en el Palacio de Tribunales.
El abogado interpuso este viernes una apelación por el procesamiento dictado por la falsificación de pasaportes, pero se reservó el derecho de hacerlo respecto a los cargos por evasión tributaria. Al respecto, aclaró que esta presentación no o es incompatible con el pedido de extradición.
El pasado lunes, Cerda, que investiga las cuentas secretas de Pinochet en el exterior, procesó por evasión tributaria y falsificación de pasaportes a la esposa del nonagenario ex militar, Lucía Hiriart, a sus cinco hijos, a una de sus nueras y a dos ex asesores.
Si bien todos fueron notificados de sus cargos, la mayor de sus descendientes escapó a Argentina y posteriormente a Estados Unidos.
Amparos
En tanto, uno de los hijos del general retirado, Marco Antonio, y la esposa de éste, María Soledad Olave, objetaron el procesamiento de Cerda a través de sendos recursos de amparo presentados por sus abogados Luis Pacull y José Ramón Correa, respectivamente.
Ambos argumentaron que existe «una arbitrariedad» en la decisión del juez Cerda, quien además de procesarlos les prohibió salir del país.
Correa explicó que por medio esta acción judicial se busca demostrar de que su clienta "no ha cometido delito alguno, ya que no existen antecedentes suficientes en el proceso para acreditar su responsabilidad en la evasión que se le imputa y que fue calculada por el Servicio de Impuestos Internos (SII)".
El profesional agregó que el recurso de amparo «no solamente procede para las personas privadas de libertad sino para todas aquellas cuya libertad se ve afectada», en este caso, por la orden de arraigo que les impide abandonar el país, explicó.
El magistrado imputó a Soledad Olave evasión de impuestos por $ 35.442.359 y a su esposo Marco Antonio -el único del clan Pinochet que no enfrenta cargos por uso de pasaportes falsos-, por un monto de $ 128.170.684.
Apelaciones
En la víspera, el abogado Pablo Rodríguez, defensor de Hiriart, había apelado ante la Corte de Apelaciones de la decisión del juez, que le imputa a la mujer evasión tributaria por unos 800.000 dólares y falsificación de pasaportes.
Augusto, el mayor de sus hijos varones, procesado sólo por la utilización de documentos falsos, también apeló bajo el argumento de que los hechos que se le imputan «están prescritos», ya que ocurrieron hace 28 años.
Las otras dos hijas de Pinochet, Jacqueline y María Verónica, también procesadas por Cerda por evasión de por $ 540.723 y $ 24.973.444, respectivamente, no apelaron.