Las fórmulas para reemplazar la cuestionada figura de abogados integrantes

El próximo nombramiento de los nuevos abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones por parte del Gobierno, hizo resurgir las voces críticas que claman por la supresión definitiva de esta institución.



Si bien en la actualidad el Congreso tramita un proyecto que busca modernizar la figura, fijando un plazo máximo de cinco años para su ejercicio, elección a través de concurso público y aumento en las causales de inhabilidad, eso no parece ser suficiente para algunos sectores.



Una vez que se conociera la propuesta del máximo tribunal para llenar los cupos vacantes, las bancadas de diputados de la Concertación rechazaron que en la lista figuraran personeros ligados al régimen militar y ex ministros de la Corte Suprema. Además, anunciaron que en marzo próximo presentarán un proyecto de ley que elimine esta figura, reemplazándola por jueces suplentes.



Frente a la disyuntiva, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Diego Simpértigue, indicó que pese a que no es reprochable que los abogados integrantes se relacionen con personas naturales y jurídicas, «nos preocupa que ellos después se vayan a desempeñar como jueces, resolviendo intereses de la comunidad que de una u otra manera están relacionadas, ya sea con las personas o a lo menos con ciertos criterios que podrían favorecer o no a una postura».



"Lo que pretendemos nosotros, más que hacer un cuestionamiento de los abogados integrantes como personas, es salvaguardar el principio de independencia del juez en el momento de tomar sus decisiones", puntualizó el magistrado.



A su vez, el diputado Jorge Burgos (DC) manifestó que esta institución "debería ir poco a poco terminándose, porque las personas que impartan justicia en los tribunales colegiados deben dedicarse absolutamente a aquello y no personas part-time, que tienen que conciliar su trabajo e impartir justicia con el ejercer la abogacía. A mi juicio, eso es producto de problemas".



Si bien Burgos reconoce que los abogados integrantes han funcionado "relativamente bien", dijo que "hay que pensar en invertir un poco más en la creación de nuevos puestos de jueces, salas especializadas y dejar de lado una institución que no tiene mucho sentido en el mediano y largo plazo".



Por su parte, el abogado y académico de la Universidad de Chile José Luis López Blanco expresó que «es mejor no utilizar el concepto de institución de abogados integrantes porque conllevan a los riesgos que más vale la pena evitar. La función jurisdiccional es una función muy noble y fundamental y, como requisito esencial, es la independencia de los poderes, independencia que hemos visto que está siempre en tela de juicio».



El académico agregó que «como todos tratan de influir en los jueces, los abogados querellantes, demandantes tratan de influir en nuestros alegatos, se dice también que el Poder Ejecutivo trata de influir en la vía de las designaciones, por lo tanto, este intercambio produce cierto tipo de relaciones de carácter personal y amistosa, pero que de alguna manera tienden a afectar el concepto de la independencia judicial».



Corregir el sistema



Para el diputado Burgos, la corrección definitiva sería "invertir más en justicia y tener más jueces especializados, más jueces en los tribunales colegiados, más salas en la Corte de Apelaciones, sobre la base de que esas salas sean especializadas. Eso permitiría hacer la justicia más expedita".



El parlamentario DC manifestó que le pedirá al Gobierno de Michelle Bachelet que evalúe este tema. "Para marzo tengo presupuestado, junto con un grupo de diputados, ir a ver al futuro ministro de Justicia para ver si vale la pena insistir en este proyecto, o más bien pongamos fin esta institución en un plazo razonable. Voy a plantear ese tema antes de seguir tramitando el proyecto actual".



En tanto, Simpértegui dijo que la Asociación de Magistrados ya había elaborado una propuesta, que no sólo está relacionada con la figura de los abogados integrantes, sino también con los fiscales judiciales. "Estos tendrían que ocupar cargos de ministros en todo el país y con esto las salas aumentan su número de ministros de tres a cuatro, lo que significa que va hacer muy difícil que jueces titulares sean reemplazados por otras personas", señaló.



"Además, se solicitó que no sólo que se implementara un sistema que vaya acorde con las necesidades de su relación por parte de los jueces de la tercera categoría -los más antiguos-; sino que también que exista la posibilidad de llamar a abogados de ejercicio, libres en la profesión, a integrar a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema», agregó Simpértigue.



Según el presidente de los magistrados, esto tiene como objetivo "permitir que los actuales fiscales judiciales pasen a desempeñarse como ministros, de esa manera a través de todo el país el número de nuevo ministros que tendrían que designarse no es tan alto, lo que permitiría desde el punto de vista económico al Estado a asumir esta obligación".



Del mismo modo, el académico de la Universidad de Chile, López Blanco, manifestó que "el Poder Judicial debería pensar en un sistema global, donde tengamos el número adecuado de jueces y que pueda funcionar día a día, incluso cuando hayan enfermedades o ausencias, de manera que el tribunal inferior pueda suplir, con la vía de la integración, la ausencia de los jueces del tribunal superior, si faltan jueces de la Corte Suprema, llegarán los de la corte de Apelaciones a integrar".



Igual opinión tuvo el presidente de la Corte de Santiago, Juan Escobar, quien manifestó al diario "La Nación" que a pesar que respeta a los abogados integrantes, es partidario de que sean los mismos jueces del Poder Judicial quienes, exclusivamente, cumplan esa función.



Asimismo, el magistrado dijo que puede haber un staff donde jueces, relatores o secretarios de la respectivas cortes sean quienes reemplacen a los mismos titulares, cuando éstos se ausenten.



Los actuales postulantes



Entre los nombres que propuso la Corte Suprema y que han sido cuestionados por su cercanía con el régimen militar se encuentran los ex ministros del general (R) Augustio Pinochet Jaime del Valle, Hugo Musante, Samuel Lira, Vasco Costa.



A ellos, se suman además por la ex senadora designada Olga Feliú, y los ex ministros de la Corte Suprema Osvaldo Faúndez y Hernán Álvarez. Éste último jubiló del Poder Judicial un día antes que venciera el plazo para que accediera a una millonaria indemnización, cuyo objetivo original era incentivar la renovación del máximo tribunal.



Sobre los dos últimos casos, el diputado Burgos considera que «no es una buena práctica establecer nombres de personas que ya han cumplido carreras judiciales, me parece que es una forma de torcer la ley. Creo que los jueces a los 75 años se deben jubilar y darle espacio a otras generaciones".



Pese a que el ministro Simpértegui declinó a referirse de los candidatos, indicó que "en términos generales creo que la vida tiene ciclos y en este caso llega un momento en que uno debe cuidarse y descansar. Por lo tanto, hay que permitir que sean otros los que cumplan esos cargos que son tan relevantes dentro de la función judicial. Ahora bien, nosotros en el proyecto nos oponemos a la institución de los abogados integrantes, más que las personas en forma individual".



Por otra parte, López Blanco afirmó que en vez de existir un retiro por edad de la judicatura, «debería ser por cumplimiento del período y una vez que se retiró no tiene que volver, porque si esto no ocurre, vamos a tener nuevamente el tema de que el Poder Judicial, de alguna manera, se empieza a autogenerar».



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