‘Es absurdo decir que alta demanda fue problema de Tribunales de Familia’

En medio de la polémica por el colapso que experimentaron los tribunales de Familia pocos meses después de su puesta en marcha, un grupo de investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) decidió indagar el tema, con el objetivo de colaborar en la solución de las debilidades que ya eran evidentes.



El estudio, aplicado entre diciembre de 2005 y enero de 2006, reveló que el problema no pareciera que haya una la escasez de jueces, sino que la mediación no está operando como un mecanismo de solución alternativa, debido a la falta de información y un sistema de derivación eficaz y rápido. La investigación también constató otras anomalías, como que las audiencias se realizan de modo reservado y, en general, los tribunales funcionan sobre la base de una restricción de la información sobre los casos y los procedimientos internos.



Además, detectó que se reinstaló la práctica de la delegación de funciones; que no se ha logrado una gestión profesional de las audiencias; que la regla que permite la comparecencia sin abogado, no se ha traducido en criterios claros y conocidos por los operadores y el público; y que no se han desarrollado mecanismos que permitan proveer rápidamente un abogado cuando se considera necesario.



Si bien se trató de una investigación de campo centrada en los Juzgados de Santiago y Valparaíso, los autores del estudio estiman que éste describe una realidad proyectable al resto del país, especialmente en las ciudades más grandes. En la indagación, los especialistas sostuvieron entrevistas con operadores del sistema (abogados, jueces, administradores y mediadores), y revisaron documentos y publicaciones sobre la materia.



Entre los investigadores de la UDP se encontraban Lidia Casas, Mauricio Duce, Felipe Marín, Macarena Vargas, y Cristián Riego, equipo que no sólo ha realizado estudios de este tipo en Chile, sino que también en otros países de América Latina.



El abogado Cristián Riego explica a El Mostrador.cl que lo que los motivó a realizar este estudio fue que «nos dimos cuenta de que había un problema de funcionamiento muy serio».



«Nos dio la sensación de que se podía estar llegando a conclusiones erróneas, apresuradas porque lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones es que a las primeras fallas se le atribuye que la causa de éstas, es la falta de recursos, la falta de jueces y lo primero que se hace es pedir más recursos», afirma.



«Lo que hemos constatado es que eso suele ser inexacto, porque antes que ver eso, primero se debe ver si los recursos que hay disponibles están siendo bien gestionados, lo que solemos constatar que hay un problema de gestión muy serio y que por lo menos si hubiera una gestión apropiada de los recursos disponibles, no sería tan crítica la situación como lo es en la actualidad. En todo caso, así como están las cosas, si se gastaran más recursos eso no resolvería el problema, porque éste es de gestión y seguirían existiendo», agrega.



-Hay personas que atribuyen el colapso, sólo a la alta demanda ¿qué piensas de aquello?
– Eso era parte del asunto. Todos sabíamos que había mucha gente separada que no se había divorciado, y que había muchas personas que quieren cobrar pensiones alimenticias que no lo habían hecho. Entonces, si aparecen las autoridades públicas como aquí ocurrió, diciendo que vamos a tener un sistema nuevo, rápido, transparente y que va a resolver los casos en 60 días, es lógico que la gente acuda en masa, no veo de qué se extrañan.



Lo de la demanda no es el problema, el sistema tuvo que contemplar la posibilidad del aumento de ésta. Cuando se ofrece un mejor servicio de justicia es lógico que se aumenten la demanda, por lo tanto, decir que este fue el problema es absurdo, eso no es una justificación.



-¿Es cierto que en la implementación para que se llevara a cabo, se contó con un equipo insuficiente?
-El problema principal de la implementación fue empezar con todo el país al mismo tiempo, porque en la reforma procesal penal -que de hecho era más grande -, se hizo gradualmente al partir por dos regiones pequeñas. Acá se pretendió hacerlo a nivel nacional, lo que suponía desafíos enormes desde el punto de vista del trabajo que se pretendió hacer y se instaló un equipo muy pequeño, esto es un error muy fundamental.



Hacerlo a nivel nacional, lo que para nosotros era imposible porque no había profesionales para capacitar y capacitaron a toda la gente, no había ninguna posibilidad partir bien al mismo tiempo. Además, se encargó con un equipo pequeño de gente, entonces esto no podía funcionar bien.



-¿Cómo califica que se capacitaran jueces de menores para transformarse en jueces de familia en sólo 30 días?
-Era imposible pensar que, de lo que se había ofrecido, que era un nuevo sistema, una nueva cultura, transparente y rápida, esperaran que esto se produjera mágicamente. Si tengo un juez que ha trabajando durante 20 años en un sistema que no es transparente y que es lento y no lo capacito, pretender que se cambie su pensamiento radicalmente el día siguiente, es totalmente absurdo y eso fue lo que se hizo.



-¿Qué le parece que existan salas reservadas y ese especie de secretismo?
– Nosotros creemos que eso es lo más complicado para el futuro. O sea, una de las cosas que se ha aprendido de la reforma procesal penal es que lo que no funciona a la luz del público funciona mal, porque cuando trabajas en privado, sin que tener que exponer lo que tú haces en público, puedes hacer lo que quieras y los errores se tienden a reiterar y los juicios se tienden a multiplicar. Entonces, se suponía que esto tenía que ser transparente, pero los jueces -yo no los culpo tanto, porque no se les capacitó-, reinstalaron el secreto. Si uno va a cualquier juzgado, te van a decir que no hay ninguna posibilidad de acceder a las audiencias, e incluso hay tribunales que no te dejan entrar ni siquiera al pasillo. No hay transparencia de los procedimientos, no se puede ver la agenda ni los expedientes, en fin, no se puede ver nada.



Aquí lo que ocurrió fue que a partir de ese método de total falta de transparencia, que en parte fue culpa del Congreso que no estableció una regla de publicidad clara como se requería, y por parte de los jueces, que interpretaron una norma que les permite proteger la privacidad en algunos casos, como una regla general en secreto. A partir de esa falta de transparencia, la verdad que el desastre era completamente previsible, cuando las cosas son secretas y se hacen de cualquier manera no hay cómo incentivar para que se haga de manera apropiada.



– ¿Qué problemas tuvieron durante la investigación?
– En general, tuvo que ver con esto, porque el sistema es muy difícil de escudriñar como funciona, porque primero no te dejan entrar, y para lograrlo hay que pedir una serie de entrevistas y convencer a una serie de funcionarios, los que te dejan entrar muchas veces de forma bastante arbitraria, según si le caíste bien o mal. Nosotros no dijimos que estábamos haciendo una investigación, sino que éramos académicos que estábamos interesados en ver como funciona el sistema.



En algunos casos se nos negó el acceso, en otros, se nos permitió como si nos estuvieran haciendo un favor, y entonces tampoco contamos con cifras oficiales que no están disponibles, y sólo contamos con la agenda en un par de tribunales, que las tenían y las mostraban, en otros ni siquiera llevaban la agenda formal, por lo que no se sabía cuántas audiencia iban a ver ese día. La mayoría de los trámites se hacen de manera informal, hay personas que te entreguen información según le caigas bien, no hay un procedimiento formalmente establecido, ni mecanismos claros a través de los cuales se obtiene la información. Si esto fue problema para nosotros, me imagino los problemas que esto significa para los usuarios que no tienen experiencia en el tema.



Esto era como volver al sistema antiguo, donde nada está claro, no hay reglas claras y, por lo tanto, es el poder total del funcionario frente al ciudadano. Nos parece que a estas alturas del partido el país no requiere de esto, y eso quedó demostrado en la reforma procesal penal, donde hay un Estatuto de Derecho, el ciudadano tiene derechos claros, y los actores del sistema, actúan de acuerdo a ese sistema conocido y previsto, que establece muy claramente sus roles y el ciudadano tiene que ver como se hace eso.



-En el estudio se establece que hay problemas de coordinación, ¿a qué se debe?
– Lo que pasa es que como todo el proceso de instalación fue tan débil, si bien es cierto formalmente se planteó reproducir el sistema de administración de los juzgados de la reforma procesal penal, que por lo demás costó mucho y en donde también se copiaron algunos elementos como la introducción de un administrador. Sin embrago, acá no se le dieron facultades demasiados precisas al administrador, lo que provocó que cada uno de los jueces se convirtiera en una especie de autoridad de su propio trabajo, no se le dio la posibilidad de que el administrador ordenara el trabajo, sino que cada juez ordenaba su propia agenda, y esto deriva en que no haya coordinación entre los jueces, cada juez tiene su propia agenda, cita su propia audiencia a través de los métodos que él elija. Esto provoca que se generen problemas de tiempos muertos, de descoordinaciones, lo que hace que la productividad del tribunal sea bastante baja, y eso es la causa de la demora, junto a que hay un déficit de personal, pero la causa inicial es el problema de coordinación y gestión.



-¿Tengo entendido que además hubo problemas de cálculo en las personas que iban a requerir asistencia?
– No sólo fue eso, sino que todas las consultas que el público iba a tener, entonces el sistema de atención de público es muy débil, generalmente hay una o dos personas, con poca información y hay permanentemente colas de personas que quieren preguntar cosas, presentar escritos o demandas. En algunos lugares, esas colas hacen que las personas se demoren toda la mañana en hacer trámites, debido a que hay una inapropiada estimación de la demanda de información por parte del público, pero todas esas cosas que son conocidas, y un buen sistema de gestión las habría resuelto.



-¿Qué otros factores produjeron el colapso?
– Esto fue una política pública en la que se invirtieron muchos recursos, en la que se hicieron enormes cargos legales, donde se convocó una enorme expectativa pública, pero fue una política pública que nunca tuvo una formulación consistente y verdaderamente profesional. Fue más bien una expresión de deseo, de hacer algo positivo para el país que no se tradujo, en un diseño riguroso, como la experiencia muestra que tiene que ser hecho. De todos estos errores y ambigüedades, como la falta de rigor en el manejo del problema, se dejaron pendientes y no se resolvieron de manera apropiada y terminaron en una situación muy deficitaria, en que no sólo se ha gastado muchísimo dinero, sino que también tenemos un sistema que funciona muy mal y que no sabemos cómo lo vamos a arreglar.



-¿Qué correcciones habría que hacer?
– Hay que profundizar el diagnóstico, ya que nosotros hicimos un estudio exploratorio y sólo en Santiago, y hay que hacerlo a nivel nacional y, a partir de eso, hay que elaborar un plan, probablemente urgente y que tendría que incorporar algunas reformas legales, que supone tomar algunas definiciones en temas muy claves. Por ejemplo, darle mucha más facultad al administrador de manejar la agenda del tribunal y hay que transparentar esa agenda con toda claridad; se deberían fijar metas en cuanto al número de audiencia que el juez debe hacer diariamente y poner un gran énfasis que el hecho de la audiencia se realice efectivamente, y que el número de ellas, sea bastante significativo.



Además, aparte de definir la cuestión de la comparecencia con abogados o sin abogados, habría que definir las mediaciones estableciendo un sistema de operativizar el desvío de los casos hacia la mediación a través de un mecanismo eficiente y rápido y ahí que decidir un conjunto de otras medidas, pero que tienen que ser ejecutada con mucha claridad tiene que ver un diseño muy claro de cómo tiene que funcionar y tomar las medidas de implementación que se requiera para que ocurra de esa manera.





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