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Caso de jueza Atala se verá en la Comisión Interamericana de DD.HH.

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La segunda semana de marzo están citados en Washington sus representantes para ver si los antecedentes de ambos hechos -de discriminación sexual, por ser lesbiana, por un lado, y por no haber existido un debido proceso cuando se despidió al académico de la U. de Chile, en el otro caso- pasan a la Corte Interamericana y se da curso a los juicios en contra del Estado.


El Mostrador Fuente Preferida

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos verá los primeros días de marzo, en audiencias especiales, los casos de la jueza Karen Atala y del cientista político Ricardo Israel, quienes acusaron al Estado de Chile de discriminarlos por su condición sexual, en el primer caso, y por no haber existido un debido proceso cuando se exoneró al académico de la Universidad de Chile, en el segundo.



Las citas están programadas para la semana del 6 al 10 de marzo en Washigton DC, Estados Unidos, y allí los jueces podrían determinar si ambos casos tienen el mérito suficiente para ser derivados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica. En representación de la jueza Atala irá el abogado de la Universidad Diego Portales, Felipe González, quien actualmente se encuentra en España, y Ricardo Israel, que hará personalmente su presentación ante el organismo internacional.



Los tribunales de nuestro país le quitaron a la magistrada Karen Atala la tuición de sus tres hijos por su condición sexual de lesbiana el 31 de mayo de 2004, cuando la Cuarta Sala de la Suprema concedió la potestad de las menores Matilde, Victoria y Regina -que a esa fecha tenían diez, seis y cuatro años, respectivamente- al padre de las menores, Jaime López.



Se acogió en ese momento en los estrados la tesis de la defensa del padre de las niñas, que señaló que después de la separación del matrimonio (en febrero del año 2002), la mujer, de profesión abogado y jueza de la República, "asumiendo explícitamente su condición homosexual, llevó a vivir con sus hijas a una pareja de sexo femenino (la historiadora Ema de Ramón)".



El máximo tribunal del país estimó que la "decisión adoptada por la madre siguiendo su tendencia homosexual, provoca daños en el desarrollo integral psíquico y en el ambiente social de las tres menores; que el interés de sus hijas hace necesario precaver las consecuencias perniciosas que les provocará criarse bajo el cuidado de una pareja homosexual y que, en cambio, la vida junto al actor (padre), les brindará un ambiente en el que psicológica y emocionalmente tendrán mayores seguridades en su desarrollo personal".



Tiempo récord



Uno de los abogados de la jueza, Juan Pablo Olmedo, no quiso referirse en particular al tema, pero confirmó a El Mostrador.cl que efectivamente el caso se verá en la Comisión Interamericana en marzo y que él no irá a la audiencia el próximo 7 de marzo. El profesional es especialista en libertad de expresión ya que tramitó el tema de la censura de la película "La Última Tentación de Cristo" en la Corte y ganó la batalla, sin embargo en esta oportunidad no abogó por el acceso a la información de este medio.



La demanda ante la Comisión Interamericana fue presentada en noviembre del 2004, y argumenta que en el caso de Karen Atala se violaron ocho artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que hubo discriminación e injerencia en la vida privada.

De pasar el caso finalmente a la Corte, esto sería en tiempo récord ya que en un año y medio se habría tramitado la causa, hecho que contrasta con el caso del ex oficial de la Marina Humberto Palamara, quien concurrió a la instancia internacional tras la censura de un libro sobre inteligencia militar y recién después de 13 años de ocurridos los hechos, en 1992, le ganó el juicio al Estado de Chile.



Aunque en su oportunidad, el abogado Felipe González se mostró dispuesto a "una salida amistosa" con el Estado de Chile, eso deberá definirse, con mayor claridad, en los próximos días en Washington.



El caso de Israel



Ricardo Israel viajará, por su parte, los primeros días de marzo a la capital estadounidense y apelará en la audiencia que tiene programada para el mediodía del 7 de marzo. Allí espera que su caso, que también ha tenido una rápida tramitación, sea trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.



Lo que el cientista político quiere es que la entidad internacional se declare sobre el fondo de su denuncia contra las máximas autoridades de la Universidad de Chile, por violación a derechos fundamentales, luego de que fuera exonerado de dicha casa de estudios por una legislación dictada en tiempos de José Luis Federici, rector designado por la dictadura en dicha casa de estudios, y que se ha aplicado en tiempos de democracia.



Israel era profesor titular de la Universidad de Chile cuando hace tres años se le aplicó dicha ley que permite despedir a personas sin entregar ninguna justificación al respecto. El docente fue parte del Senado universitario, candidato a rector del plantel, director del entonces Instituto de Ciencia Política, y profesor titular por espacio de 20 años, pero en marzo del 2003, sin que mediara razón alguna que se conociera públicamente, fue exonerado de la Casa de Bello.



La Corte de Apelaciones determinó que su exoneración había sido ‘ilegal y arbitraria’, y la Universidad reconoció que nunca había existido acusación alguna de tipo académico o administrativo en mi contra, recordó el profesional.



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