Organismo aceptó reparos de ganaderos y pidió a la SEC pronunciarse sobre eventuales ilegalidades en la aprobación de la concesión eléctrica provisional para el proyecto Aisén de Endesa. Abogado del empresario Víctor Hugo Puchi, uno de los opositores a la iniciativa, valoró la medida porque permitirá postergar los estudios sobre la construcción de megacentrales.
La Contraloría decidió devolver a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) el oficio mediante el cual entregaba a Endesa la Concesión Eléctrica Provisional, que permitía la firma iniciar trabajos y estudios en diversos predios privados de la Región de Aisén que quiere intervenir para construir cuatro megacentrales hidroeléctricas.
La información fue confirmada a El Mostrador.cl por Álvaro Varela, abogado de un grupo de ganaderos que ha cuestionado la legalidad del otorgamiento del permiso a la trasnacional española por parte de la SEC, entre los que se encuentra el empresario Víctor Hugo Puchi, también ligado a la salmonicultura.
"Efectivamente, Contraloría devolvió la resolución número 31 a la SEC, con el objeto que previamente ese organismo se pronuncie acerca de las ilegalidades en que se han incurrido en la tramitación. Como hay otras relaciones de ilegalidad, que guardan relación con el Ministerio de Bienes Nacionales y la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol), la Contraloría pidió a los jefes de servicios de ambos organismos que se pronuncien al respecto", explicó.
Varela señala, a modo de ejemplo, que la Difrol -encargada de velar por las acciones que se realicen en zonas cercanas a la frontera- no fue lo suficientemente rigurosa en el análisis de los antecedentes que la SEC le presentó 25 de octubre del año pasado, pues no se demoró más de 24 horas en visarlos, pese a la envergadura del proyecto.
«Los antecedentes muestran, sin lugar a dudas, que la ‘autorización’ otorgada por la Difrol (…) fue un simple formalismo, dado que no es posible imaginar que ese organismo haya recibido el Oficio de la SEC, lo haya registrado y haya ‘estudiado los antecedentes’, en tan sólo en 24 horas», precisa el abogado.
Además, Varela sostuvo que han denunciado permanentemente a la SEC que Endesa de todas maneras se encuentra trabajando en la zona, aunque no cuenta con las autorizaciones correspondientes, pero que la Superintendencia no ha tomado en cuenta estos antecedentes.
"No hay ninguna denuncia formal y no hay ninguna presentación de la SEC acerca de ese tema", dijo en junio a este medio Patricia Chotzen, responsable del organismo fiscalizador en materias eléctricas, tras anunciar la aprobación "parcial" de la concesión a Endesa.
"Ella mintió o no leyó los papeles", replica el abogado de los ganaderos, quien también reclamó a la Contraloría por no tener acceso al expediente del permiso otorgado por la Super, lo que a su juicio vulneraría la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos.
Segundo revés en un año
Así, la devolución de la Contraloría constituye un nuevo retraso para Endesa en su cronograma de trabajo, en el que establece junio de 2008 como fecha tentativa para que el proyecto de cuatro megacentrales -dos en el río Baker y las otras en el Pascua- sea aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las centrales permitirían, en su conjunto, inyectar más de 2 mil 400 megawatts al Sistema Interconectado Central (SIC) e involucran una inversión de más de US$ 4 mil millones. Sin embargo, también significarán la inundación de miles de hectáreas de territorio virgen, por lo que los ganaderos, al igual que algunos ambientalistas, buscan su modificación.
En enero pasado, la SEC se vio obligada a abrir un nuevo plazo para oponerse a la construcción de las cuatro megacentrales, luego que se detectara un error en la publicación del aviso mediante el cual Endesa solicitó, en diciembre de 2005, la Concesión Eléctrica Provisional.
Reclamo de ambientalistas
No sólo lo ganaderos han reclamado a la Contraloría por los eventuales vicios en el proceso. También los hicieron organizaciones ecologistas, encabezadas por «Ecosistemas», que dirige Juan Pablo Orrego. Este grupo cuestiona el permiso porque no ha sido sometido al SEIA, cuestión que vulneraría la ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
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