Hace más de 20 años que un grupo de chilenos intenta que el país cuente con un Ombudsman. Juan Domingo Milos, presidente del Capítulo Chileno, atribuye el retraso al temor de algunos sectores de sentirse opacados en la función de representar y resguardar los derechos ciudadanos. Además, advierte sobre la duplicidad de funciones con el futuro Instituto de DDHH.
Infructuosa ha sido hasta el momento la campaña que ha desarrollado el Capítulo Chileno del Ombudsman o Defensor del Pueblo para instalar esta institución de nivel mundial en el país. El proyecto se encuentra estancando en la Cámara de Diputados, pese a que todos los gobiernos de la Concertación lo han incluido en su programa y han propiciado su creación.
Pese a ello, no decaen. Y el próximo 5 de octubre, con el objetivo de continuar presionando al gobierno y parlamentarios, realizarán el próximo 5 de octubre la conferencia sobre «La figura del ombudsman», a cargo de Carlos Constenla, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.
El Ombudsman es una figura independiente de los tres poderes del Estado, con la que se busca defender a los ciudadanos cuando sus derechos básicos sean vulnerados, tal como ocurre en otras partes del mundo, sin que esto signifique la emisión de resoluciones de tipo punitivos para los organismos públicos, según explica Juan Domingo Milos, director del Capítulo Chileno.
"Esta es una figura no tienen poder coercitivo. Son figuras que más bien recomiendan, que hacen estudios, que ven los casos y que, en muchos países, tienen iniciativa legislativa. Entonces, es sumamente importante a tal punto que en algunos países, tiene más importancia lo que pueda decir un defensor a lo que pueda decir un organismo técnico del gobierno o del propio Parlamento", dice Milos a El Mostrador.cl.
Sin embargo, la envergadura de su función y su relevancia mediática son los factores que, según el experto, han servido para obstaculizar el avance de esta iniciativa. Y es que a su juicio, algunos sectores creen que la figura del defensor podría opacar la de otros organismos públicos encargados de fiscalizar el respeto a los derechos ciudadanos.
"Hay un infundado temor de que pudiera transformarse un actor político importante y que colisionara con los mecanismos de representación parlamentaria. Pensamos que también que hay algo de eso, una falta de voluntad política, en el sentido de que hoy las cosas, de alguna manera, se arreglan políticamente", explica.
"¿Qué pasaría en Chile con una figura que mirara los problemas que afectan a la ciudadanía, pero que no estuviese pensando en una próxima elección de diputados, no estuviese con un partido político detrás?", se pregunta, al resaltar la importancia e independencia que podría llegar a tener esta institución.
El representante del Capítulo Chileno del Ombudsman plantea, además, que otra de las críticas permanentes en el tiempo es la que dice relación con el choque de funciones con instituciones como la Contraloría Regional de la República y los tribunales. Sin embargo, replica que la experiencia internacional ha desvirtuado estas críticas, pues en otros países todas estas instituciones conviven en perfecta armonía.
Asimismo, Milos señala que si el proyecto sale alguna vez de su estancamiento, el defensor sea nominado con la participación de la ciudadanía. "El cargo no queremos que sea un premio de consuelo para algún senador que no salió en la Región que pensaba o que quedó sin trabajo por otro motivo. Eso no. Nosotros proponemos que sea alguien con vinculación ciudadana. Por eso. el mecanismo de designación de éste debe ser participativo".
Tope de funciones
Por otra parte, apuesta a que se aclare el rol que tendrá el futuro Instituto de Derechos Humanos, surgido a propósito del trabajo de la comisión Valech, ya que ha constatado que entre ambos proyectos se está produciendo una superposición de funciones respecto de la defensa de los derechos fundamentales.
"Estamos a favor de este Instituto, pero decimos que se precisen sus funciones. Porque pudiese ser que saliera un instituto no adecuado a sus funciones y no me cabe duda que dejarían sin viabilidad institucional y política a una Defensoría del Pueblo", sostiene.
Milos entiende que el Instituto de Derechos Humanos debe abordar sólo los problemas del pasado, pero el problema es que también tiene previsto hacerse cargo de los problemas del futuro. «Creemos que ningún organismo podría hacer ambas cosas bien, a no ser que se transforme en un gran ente burocrático", puntualiza.
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