Los tres personeros involucrados en el caso hace seis meses que fueron suspendidos de la colectividad y de acuerdo a lo que resuelva la justicia podrían ser pasados al Tribunal Supremo. El secretario general de la tienda, Marcelo Schilling, y el vicepresidente, Ricardo Solari, pedirán a la comisión política que aplique duras medidas a aquellos que están en el servicio público y cometan irregularidades.
Preocupación existe en el Partido Socialista (PS) por la decisión de la Fiscalía de Valparaíso, en el marco de la investigación por denuncias de fraude al Fisco a través de los Programas de Generación de Empleo (PGE), de acusar a tres personeros de esa colectividad respecto al desvío de fondos públicos a campañas políticas.
Se trata del ex presidente regional del PS, Edgardo Lepe y del ex jefe del Departamento de Municipalidades del Gobierno de la V Región, Jaime Quiroz. Además, del ex seremi del Trabajo, José Manuel Mancilla, quien en su momento habría sido muy ligado al actual presidente de la colectividad, Camilo Escalona.
Según fuentes del PS, el tema se analizó en la mesa directiva, donde no estuvo presente Escalona, por encontrarse en el sur de Chile; sin embargo el secretario general, Marcelo Schilling y los vicepresidentes, Ricardo Solari, Carmen Gloría Allende y Sadi Melo, manifestaron su preocupación por lo negativo que este hecho puede ser para la imagen de dicha tienda política.
En ese marco, tanto Schilling como Solari expresaron la necesidad de revisar las normas de conducta de los militantes y por sobre todo hacerlas más rigurosas, lo cual será planteado en la comisión política del próximo lunes. También aquellos socialistas que han sido formalizados en este caso de la Quinta Región, y que llevan seis meses con sus militancias suspendidas, deben continuar en ese estado y, si la justicia indica que no son inocentes, serán pasados al Tribunal Supremo de la colectividad.
Se teme también en fuentes partidarias que la investigación del fiscal, Jorge Abbott, pueda llegar en corto lapso a los parlamentarios, Marco Enríquez-Ominami y Carlos Ominami, quienes han sido mencionados en el proceso indagatorio. Fuentes ligadas a ambos legisladores indicaron a este medio de comunicación que están molestos por el "nulo apoyo" que la directiva les ha entregado en dicho caso.
Schilling: "Yo espero que no haya sido lesionada la imagen del partido"
El secretario general del PS, al ser consulado sobre el caso, dijo que "nosotros somos enfáticos en sostener, cuando se producen este tipo de situaciones, que la justicia debe abocarse a investigar rigurosa y aceleradamente las denuncias, y emitir el fallo que corresponda. Además, siempre partimos de la presunción de inocencia de quienes aparecen relacionados en estos casos".
Agregó: "En este caso en particular, el PS tiene suspendida hace seis meses la militancia de los involucrados y tal situación se mantendrá hasta que la justicia emita su veredicto y una vez que ello ocurra, el Tribunal Supremo tomará las acciones pertinentes".
Interrogado respecto a si el hecho de estar suspendidos en su militancia significa una suerte de prejuicio respecto a la inocencia o culpabilidad de los militantes, Schilling respondió: "Cuando una persona es formalizada frente a la justicia civil no se la supone culpable, se entiende al mismo tiempo que hay antecedentes suficientes como para investigar su eventual participación y mientras las pesquisas duren, nosotros creemos que lo sano para ellos y el PS es la suspensión de su militancia».
«De modo que se puedan defender libremente, haciendo uso de los recursos que la ley les otorga, pero al mismo tiempo se salvaguarda la integridad de nuestra institución, pues eso es que lo corresponde", enfatzió el ex embajador en Francia.
Regular las normas de conducta de los militantes
Schilling anunció que, junto al vicepresidente Solari, propondrá en la próxima comisión política "una línea de conducta sobre este tema para evitar cualquier asomo de duda respecto al PS en cuanto a su recto proceder en la administración pública".
Y precisó: "Queremos proponer que los códigos y normas sean mucho más rigurosos para los militantes", reiterando que es fundamental que todo este tipo de situaciones no pueden pasar inadvertidas cuando se habla de recursos públicos.
En cuanto a si la imagen del partido se ha afectado con esta situación, el secretario general manifestó que "es normal que haya preocupación. No sé si ha sido gravemente lesionada la imagen del partido, yo espero que no y ojalá que se pueda demostrar la inocencia por parte de las personas imputadas y que con eso cualquier duda que pueda existir sobre la institución se diluya".
"En todo caso, nosotros somos muy gente orgullosa porque cuando el gobierno de Salvador Allende fue removido por la fuerza de un golpe de Estado, nunca se pudo enjuiciar por delitos relacionados con la conducta ética de los funcionarios públicos socialistas a ningún militante del partido. Incluso se llegaba a decir que nosotros podíamos haber metido las patas, pero no las manos y queremos que esa conducta se mantenga inalterable en el tiempo. El PS nació para servir al pueblo y no para otros fines", dijo.
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