Greenpeace acusa tramitación “apresurada” de Ley Miscelánea y alerta retrocesos ambientales

Greenpeace cuestionó duramente la tramitación de la Ley Miscelánea, también conocida como megarreforma, impulsada por el Gobierno, acusando que el proyecto ha avanzado mediante un proceso marcado por la “improvisación del Ejecutivo” y una discusión parlamentaria acelerada que, según la organización, impidió un análisis técnico y jurídico adecuado.

A través de una declaración pública, la ONG sostuvo que la Comisión de Medio Ambiente del Senado debió revisar en un plazo acotado más de una decena de artículos vinculados a la protección ambiental y que, además, el Ejecutivo ingresó indicaciones de fondo pocas horas antes de su votación.

“El Gobierno ingresó indicaciones sustantivas a última hora, otorgando apenas unas horas a los parlamentarios para conocerlas, analizarlas y votarlas, sin posibilidad de contrastarlas con expertos ni de sostener un debate informado”, señaló.

La organización afirmó que las consecuencias de esa forma de legislar quedaron reflejadas durante la votación en la Comisión de Medio Ambiente, cuando tres senadores abandonaron la sesión tras no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre el mecanismo para presentar indicaciones.

También te puede interesar:

Según Greenpeace, esa situación obligó a resolver “en tiempo récord” materias que tendrán efectos permanentes sobre el patrimonio ambiental, las comunidades y las economías locales.

Entre los aspectos que calificó como más preocupantes se encuentran las normas relacionadas con la salmonicultura, particularmente las nuevas disposiciones sobre micro-relocalizaciones y relocalizaciones de concesiones en áreas protegidas.

La organización sostuvo que la definición de micro-relocalización fue incorporada por el Ejecutivo pocas horas antes de ser votada y aseguró que “continúa generando serias dudas debido a la falta de antecedentes técnicos que la respalden”.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas, señalando que ello podría beneficiar a empresas con un historial de incumplimientos ambientales.

Como ejemplo, mencionó una eventual relocalización de concesiones de Nova Austral desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia la Reserva Nacional Kawésqar, pese a que, según indicó, la empresa registra sanciones por sobreproducción, daño al fondo marino, manejo inadecuado de mortalidades, gestión deficiente de residuos y ocultamiento de información.

Greenpeace también criticó las modificaciones a la institucionalidad ambiental contempladas en la iniciativa, entre ellas la eliminación de la posibilidad de invalidar Resoluciones de Calificación Ambiental favorables.

A juicio de la organización, de aprobarse esa modificación “dejaría de existir un mecanismo fundamental para revisar la legalidad de las resoluciones que aprueban proyectos con impactos ambientales”.

En la misma línea, cuestionó la incorporación de la denominada “indemnización por falta de servicio” cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada judicialmente.

Según la entidad, esa norma “instala un precedente que privilegia la certeza económica de las empresas por sobre la correcta aplicación de la legislación ambiental” y podría significar que proyectos posteriormente invalidados terminen siendo financiados con recursos públicos.

Finalmente, Greenpeace hizo un llamado a que el Senado reabra el debate durante las etapas que aún restan de la tramitación legislativa.

“Chile necesita una legislación que entregue certezas para el desarrollo, pero también garantías para las comunidades, la protección de los ecosistemas y un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo”, sostuvo la organización, agregando que espera que la Cámara Alta “legisle pensando en el bien común y no en intereses particulares”.