Según antecedentes que recibió la senadora de la UDI por la Cuarta Región y que constan en un proceso judicial que ya está en su fase terminal, se habrían desviado recursos de los planes de cesantía para la campaña electoral de la diputada del Partido Por la Democracia (PPD) Adriana Muñoz. La causa tiene once imputados, el más importante de los cuales es el ex gobernador del Choapa, Julio Rojos, que fue expulsado de la DC.
La tienda gremialista insiste en que dineros del Fisco destinados a programas destinados a fomentar empleos temporarios en la Cuarta Región habrían sido entregados a activistas políticos para el financiamiento de la campaña parlamentaria de la diputada Adriana Muñoz (PPD), durante el año 2001. Por esta razón, se ha solicitado ya formalmente el desafuero de la legisladora.
La senadora gremialista por la Región de Coquimbo Evelyn Matthei, explica que "a gente de Salamanca les inventaron programas en generación de empleo en Los Vilos, a gente de Los Vilos en Salamanca, y a pobladores de Canela en Illapel, recíprocamente, y los subsidios que estaban destinados a ellos terminaron financiando a partidos políticos".
De acuerdo a datos que ha recopilado Matthei, "mucha gente que estaba contratada por planes oficiales de generación de empleo en realidad estaba siendo contratada como activista electoral por la diputada Adriana Muñoz". A lo que agrega en tono taxativo: "No creo que haya nadie en Chile que crea que ella no sabía".
Según la versión de gente de zona, recopilada en sus testimonios ante los estrados, a pesar de que figuraban en los papeles como beneficiarios de los recursos destinados a combatir la cesantía, aseguran que nunca supieron que estaban contratados por los PGE, si bien reconocieron que trabajaron en diversas labores como brigadistas para la campaña de la diputada Muñoz.
Entretanto, ya se formalizó una petición de desafuero en contra de la ex Presidenta de la cámara baja ante la Fiscalía de La Serena, pero será la Corte de Apelaciones de esa ciudad la que deberá determinar si instruye o no una causa contra la legisladora.
El caso, que ya lleva cinco años en los tribunales, está en la última etapa de su tramitación ante la justicia, pues ya se hizo la formalización de los imputados y el juicio oral contra los involucrados, con excepción de Muñoz cuyo desafuero aún no es revisado, está programado para los próximos meses.
Entre los imputados se encuentra el ex gobernador de Choapa Julio Rojos, formalizado por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Rojos, militante de la DC, fue expulsado de esa colectividad como una señal de la «tolerancia cero» que ese partido pretende emplear frente a casos de faltas a la probidad.
Ex gobernador admitió su responsabilidad
El fraude al Fisco habría sido cometido por Julio Rojos en su calidad de gobernador provincial entre octubre del 2001 a marzo del 2002, ocasión en que ordenó la contratación de varias personas con cargos al Fosac (Fondo de Absorción de Cesantía).
El entonces funcionario requirió el pago de remuneraciones y bonos de salida en algunos casos, a sabiendas que dichas personas no realizaron la función que señalaban los respectivos contratos, sino que prestaban servicios como colaboradores o activistas de la campaña política para la reelección de la diputada Muñoz.
Julio Rojos se declaró confeso en la pasada audiencia del 30 de agosto y se esperaba que en esa oportunidad, conforme al acuerdo establecido por la Fiscalía Regional y la defensa del imputado, el proceso culminara con juicio abreviado. Sin embargo, la jueza del Tribunal decidió mantener el juicio oral por considerar que existían pruebas suficientes para acreditar dicha medida
En su momento Evelyn Matthei investigó la causa, y en esa dirección se reunió con muchos de los testigos. Por su parte, el ex diputado Darío Molina, también gremialista, presentó querellas, contrató al abogado Letelier y el caso ha seguido el camino de la Fiscalía.
En la actualidad, Matthei se dedica con especial énfasis al juicio en contra del suspendido alcalde de Coquimbo Pedro Velásquez Seguel (DC), en que es querellante junto al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. El edil es acusado de fraude al Fisco y negociación incompatible, por la compra de unos terrenos.
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