martes, 13 de noviembre de 2018 Actualizado a las 16:13

Ministerio de Salud

Buscan terminar con discriminación de personas con problemas de salud mental

por 9 diciembre, 2006

Millones son las personas que en Chile padecen este tipo de enfermedades, condición que las transforma en víctimas de los prejuicios de la sociedad, que los califica de ''locos''. En el Ministerio de Salud esperan que el proyecto sobre derechos y deberes de pacientes ayude a superar esas dificultades, y permita acercarse a los estándares de países desarrollados en esta materia.
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Según el encargado del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, el psiquiatra Alberto Minoletti, cerca de 3 millones 500 mil personas en Chile enfrentan algún problema de ese tipo, de las cuales 600 mil presentan algún tipo de discapacidad "moderada o severa".



El profesional advierte que la gravedad de estas cifras se multiplica, si se les suma la mochila de la discriminación y estigmatización con que deben cargar estas personas.



Por ello Minoletti afirma que la secretaría de Estado, que conduce María Soledad Barría, está empeñada en avanzar hacia mejores estándares de atención a la población, no sólo en servicios clínicos sino en calidad, que pasa por dimensiones como el trato digno y humano.



Todas estas intenciones están contenidas en el proyecto de ley sobre Deberes y Derechos en Salud, que hoy se encuentra en el Congreso, y que incluye aspectos específicos de protección para los pacientes en general, algo que a juicio del especialista tendrá un importante impacto en quienes sufren de patologías mentales.



"Para que la persona se integre realmente, es importante que pueda ejercer plenamente todos sus derechos como cualquier ciudadano. Esto, porque todavía le ponemos un rótulo a quienes tienen enfermedades severas, como la esquizofrenia, se les dice locos, pensamos que estas personas son violentas, incapaces, que no pueden trabajar y la verdad es que no se le conoce", explica el psiquiatra a El Mostrador.cl.



"Hay temor (en la población), desconfianza, no se sabe como relacionarse con esas personas y, claro, son molestadas, les tiran piedras, y muchas veces la violencia es en respuesta al maltrato", agrega el experto.



Derechos similares para todos



En el fondo, la iniciativa establece que las personas con discapacidad síquica -así como otras patologías- tienen los mismos derechos que los pacientes en general. De aprobarse el proyecto, Chile sería el primer país de América Latina que tendría protección legal para este segmento de la población, sobre la cual la mayor parte de los países desarrollados ya ha legislado.



"Como sociedad tenemos que hacer un cambio en esto, y no sólo eso sino que consagrar estos derechos en leyes, entonces, el ministerio está dando el ejemplo, dentro de la atención en salud con la ley de Derechos y Deberes de las personas, en la que se incluyó una sección para personas con discapacidad psíquica e intelectual", afirma.



"Nos vamos a preocupar de respetar los derechos de estas personas para que reciban un trato digno y respetuoso como cualquier otro paciente, y tengan los mismos derechos que tienen todos los pacientes", sostiene.



Lo anterior se traduce en el derecho al respeto a su dignidad y libertad como personas en toda circunstancia; acceso a la información y a decidir de manera informada; confidencialidad; privacidad; a reclamar si es necesario; derecho a que no se le practiquen tratamientos ni procedimientos sin su consentimiento; el derecho a la autonomía y a la autodeterminación, hasta el punto en que no vulnere sus propias condiciones de autocuidado o se ponga en riesgo a terceros.



Política permanente



En este contexto, el proyecto establece que las personas con discapacidad mental tengan un representante personal y un abogado que los represente en caso de decisiones en las que él no pueda ejercer su voluntad.



De esta manera, enfatiza Minoletti, el Estado está propiciando el desarrollo de mejores respuestas hacia las personas con problemas de salud mental, en términos de prácticas, políticas públicas y cuerpos legales que protejan los derechos de esta parte de la población, colaborando en disminuir la discriminación y la exclusión.



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