Luis González Plaza aún no se explica cómo pudo vivir tras la matanza del Puente Bulnes de octubre de 1973, luego de ser detenido por Carabineros en una quinta de recreo de Puente Alto. Con todo, cree que la indemnización de $ 75 millones no reparará todo lo que sufrió en 33 años. Su abogado, en tanto, pide al CDE no apelar del pago decretado por Corte de Santiago.
«Dios me dejó aquí para hacer esta justicia que hoy estamos ganando». Con esa frase, Luis González Plaza resume su increíble caso de sobrevivencia a la «Matanza del Puente Bulnes», donde seis de sus amigos murieron a manos de Carabineros luego de ser detenidos en una quinta de recreo de Puente Alto en octubre de 1973.
González Plaza, de acuerdo a un fallo de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, deberá recibir un pago de $ 75 millones como indemnización de parte del Estado chileno por el daño físico y moral que le dejaron las cuatro balas que dispararon Carabineros en su contra aquel viernes 12 de octubre de 1973.
Este hombre, que en aquel entonces tenía apenas 19 años, por lo que para todos los efectos legales era menor de edad, sólo recuerda que recibió cuatro impactos de bala y que horas después despertó en una habitación de la Posta, custodiado por dos carabineros.
«Gracias a Dios no me moví»
González asegura que por los antecedentes que ha logrado reconstituir, dos cuerpos de sus compañeros lo cubrieron en el momento que efectivos de carabineros procedieron a rematar al grupo de siete jóvenes que habían sacado de la quinta de recreo "El Sauce", y lo dejaron abandonado en la vía pública, en las cercanías de lo que entonces era un basural, creyendo que estaba muerto.
«Cuando nos empezó a disparar Carabineros, el niño menor, que tenía 16 años, se abrazó a mí y caímos juntos al río. Él recibió casi más impactos que yo, entonces me dejó con vida a mí. Lo único que sé es que caí con él. Después, Carabineros bajó a rematar a compañeros que se movían, y a mí me dieron vuelta con el pie… pensaron que estaba muerto. Gracias a Dios, no moví ni un músculo", relató el hombre.
Luego de ser trasladado a la Posta, González Plaza fue derivado al Hospital Traumatológico y permaneció en todo momentos custodiado por la policía uniformada, hasta que fue dado de alta semanas más tarde. Sin embargo, la persecución en contra del entonces joven no terminó ahí y durante varios años tuvo que soportar el ser constantemente seguido por agentes de Estado. «Tuve que huir de la casa, porque fui perseguido por agentes y pase una adolescencia muy dolorosa", afirmó.
El ahora sobreviviente aún no se explica por qué la patrulla de Carabineros, integradas por el oficial Rubén Barría Igor y otros tres uniformados, ingresó hasta la quinta de recreo "El Sauce" y los sacó del lugar, para luego "pasearlos" por distintas unidades policiales y terminar ejecutándolos en el Puente Bulnes.
«Todavía no sabemos por qué nos detuvieron. A lo mejor fue porque nosotros estábamos en un grupo donde muchas personas eran del Partido Socialista. Pero yo no tenía derecho a voto, en ese tiempo era un menor de edad. Era simpatizante con el partido, pero no estaba inscrito», dijo.
Agregó que las huellas que le dejó la violenta acción policial aún perduran, a más de 33 años de ocurridos los hechos, y que sólo los tratamientos que se ha realizado con especialistas de la Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas (Fasic) le han permitido en parte alivianar su dolor. "La indemnización de ninguna manera repara todo el daño sicológico y personal que he sufrido. En Fasic tengo que ir a siquiatra y el apoyo de doctores me han hecho estar al menos bien por ese lado".
Luis González recuerda que durante el proceso fue careado con Rubén Barría Igor, ahora condenado a 16 años de prisión, y que lo reconoció claramente como del grupo de Carabineros que lo detuvo. "Yo lo reconocí en el año 1998, cuando presenté la querella y lo vi».
Abogado pide a CDE no apelar por indemnización
En tanto, el abogado del Fasic Alberto Espinoza, que representa a González y otras cuatro familias de los ejecutados del Puente Bulnes, valoró que el fallo de la Corte de Apelaciones se hace cargo de tres aspectos esenciales para el mundo de los derechos humanos: acoge la legislación internacional, sanciona a los responsables penales de la muerte y castiga al Estado por la acción ilegal de uno de sus agentes.
"Este es un fallo excepcionalísimo, porque castiga al agente del Estado responsable de éstos crímenes, que pertenecía a Carabineros, estableciendo claramente que hubo premeditación y alevosía en su actuar. Además, condena al Fisco a reparar a las víctimas por el daño moral que le ha provocado este tipo de acciones generada en una política de terrorismo de Estado", explicó.
El profesional hizo un llamado a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, instruya al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que no recurra a la Corte Suprema por el pago de la indemnización y que de esa forma se repare el daño provocado a las víctimas de esta acción.
"Hago un llamado al Consejo de Defensa del Estado y la Presidenta para que, en el ejercicio de sus atribuciones, por razones humanitarias o razones fundadas, en la aplicación del derecho internacional no se interponga ningún recurso en contra de esta resolución. Si anteriormente un Presidente de la República pidió al CDE que se desistiera de una situación de giro doloso de cheques (de Augusto Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte), en esta ocasión con mayor atención corresponde que la Presidenta haga un llamado al CDE a no interponer casación en contra de este fallo", afirmó Espinoza.
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