Aunque a este instrumento le queda un largo camino para ser ratificado, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, advierte que ya no se puede seguir validando como excusa para retrasar la aprobación el que la legislación internacional no debe sobrepasar la nacional, ya que los tratados de libre comercio nunca han sido objetados por esta causa.
Mientras que en el Congreso se mantiene pendiente la discusión acerca de la ratificación del Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Internacional Penal (TPI), este martes Chile firmó en Francia, junto a una cincuentena de países, la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que tipifica este práctica como delito lesa humanidad.
Aunque al instrumento le queda un largo camino para entrar en vigor, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Sergio Laurenti, advierte que ya no se puede seguir validando como excusa para retrasar su aprobación el que la legislación internacional no debe sobrepasar la chilena, considerando que los tratados de libre comercio nunca han sido objetados por esa causa.
En conversación con El Mostrador.cl, Laurenti da cuenta de la importancia de una convención cómo ésta, mostrándose esperanzado en su pronta ratificación, gracias al empeño expresado hasta el momento por el Ejecutivo chileno, que estuvo representado en París por el diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro, y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La convención sanciona las desapariciones forzadas de personas, no pudiendo invocarse circunstancia excepcional alguna como justificación de este crimen de lesa humanidad, como se lo califica internacionalmente. Además, se prohíbe la detención secreta y se obliga a los Estados a tipificar esta acción ilícita en su legislación penal.
Asimismo, establece un «Comité contra la Desaparición Forzada», integrado por diez expertos, de gran integridad moral, independientes y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que supervisarán el cumplimiento de estas obligaciones. La ratificación de al menos una veintena de países hará efectiva la entrada en vigor de este documento, que consta de 45 artículos.
-¿Cuál es la importancia de este instrumento a nivel global?
-La nueva convención es uno de los tratados más contundentes en materia de derechos humanos. A medida de que avanza la comprensión del mundo en esta materia, se mejoran los instrumentos. En este caso, en términos de su eficacia potencial, este tratado tiene mucho contenido en función de que establece limitaciones muy grandes para la ejecución del delito de desaparición forzada, tanto que los Estados parte pueden actuar.
En el caso de personas sospechosas dentro de su propia jurisdicción, los Estados parte pueden intervenir sobre autoridades que hayan actuado u ordenado o hayan sido cómplices de cualquier forma de desaparición, obligando a los países a extraditar a esta gente.
Por supuesto, dentro del concepto de desaparición forzada hay que incluir una forma muy lamentable y más novedosa, que es la prisión sin juicio en un centro secreto de detención, como ocurre en Guantánamo. Técnicamente, estas personas no están desaparecidas, pero cuando salen de la jurisdicción de un juez, pasan a un estado de virtual extravío.
-¿Cómo evalúa el compromiso del Estado chileno con este texto?
– Es una señal importante que este país se haya comprometido en la preparación de la Convención y también que la haya firmado este martes. Es un gesto político muy relevante del Gobierno el haber enviado a Francia al diputado Tucapel Jiménez y a Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, para expresar la intención del Ejecutivo de ratificarlo. Ahora queda un largo trámite parlamentario para obtener la ratificación, pero de todas formas, consideramos que es una señal para que lo ocurrido en Chile (durante la dictadura) no se repita.
-¿Podría esta convención afectar los juicios que se están llevando a cabo en Chile en torno a violaciones a los derechos humanos?
-No, no tiene efectos retroactivos. Ese mismo ejemplo, podría aplicarse para el TPI, típicamente el argumento que es esgrime es que podría tener esta clase de efecto, pero esto es una absoluta falacia.
Rápido trámite
-¿Qué opina de que para oponerse a la ratificación de este tipo de convenios, se argumente que su aplicación pasa por alto las legislaciones locales?
-Bueno, ése es un razonamiento que se usa de manera bastante simplona cuando se trata de encontrar una justificación para resistirse a la jurisdicción internacional. Vivimos en un mundo global, y Chile es parte de éste, en consecuencia, tiene que admitir que la administración de la justicia se está volviendo mundial, sobre todo en materia de derechos humanos.
Es muy llamativo que las personas que usan este argumento, nunca se refieren a que la legislación que afecta a la economía global representa una gran violación de la jurisdicción local. No he escuchado desde ningún ámbito de grupos interesados que, por ejemplo, las normas que regulan los tratados de libre comercio, infrinjan la legislación nacional. Cuando es una fundamentación que se podría usar perfectamente, pero que en el caso de los derechos humanos se utiliza por los mismos grupos de interesados.
-¿Piensa que con este convenio se podría repetir lo que ha ocurrido con el TPI el cual se ha visto entrampado en el Congreso?
-Espero que no ocurra, sería vergonzoso que sucediera. En ese caso, sería impensable que un legislador se opusiera, de alguna manera, a una veloz ratificación, porque la detención forzada es la forma más terrible de violación de derechos humanos que uno pueda imaginarse.
-¿Cuál ha sido la recepción de este tratado por parte de las grandes potencias, como Estados Unidos, que se oponen al TPI y a otros instrumentos de esta naturaleza?
-Hay utilizaciones políticas, evidentemente, el TPI tiene una jurisdicción internacional diferente que afecta el rol del personal militar, alrededor del mundo, y Estados Unidos ciertamente actúa en protección de sus asuntos. Es lamentable, porque eso significa que ese país pone por delante el interés de su contingente armado y no el valor de las personas en materia de violaciones de Derechos Humanos, esa potencia está enviando el mensaje de que no está dispuesta a hacer justicia cuando sus Fuerzas Armadas incurren en ese tipo de delitos.
