Reforma de seguridad de Kast divide a senadores de derecha

La firma del proyecto de reforma constitucional por parte del Presidente José Antonio Kast, destinado a consagrar la seguridad pública como un “deber estatal” y a crear un nuevo Estado de Excepción por Seguridad Pública bajo la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), ha desatado un debate transversal e inmediato en el Senado dividiendo las posturas de la derecha.

Los principales reparos técnicos y políticos surgieron desde un sector de la derecha en el Congreso. Algunos legisladores advierten que la modificación a la Carta Fundamental podría resultar estéril ante la urgencia de la crisis delictiva. En la Cámara Alta sostienen que, después de dos procesos constituyentes fallidos, la Constitución no resolverá el problema, sino que volverá más engorrosa la discusión. También plantean que la reforma será meramente declarativa si no otorga atribuciones reales a las Fuerzas Armadas.

El senador Matías Walker (DEM) ha encabezado estos cuestionamientos. A su juicio, el debate político debería concentrarse en aplicar y despachar los 70 proyectos de seguridad que se encuentran en trámite parlamentario o listos para convertirse en ley, en lugar de abrir una nueva discusión constitucional. Entre las iniciativas que pidió priorizar mencionó la regulación de infraestructura crítica y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), ambas con avances significativos.

“Por ejemplo, el proyecto que presentamos para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condena en las cárceles, contacto 0 del crimen organizado con el exterior. Ese proyecto lo presentamos ya hace varios años, y yo emplazo al ministro Arrau a ponerle discusión inmediata, porque esos son los proyectos que van en la línea correcta”, afirmó Walker a El Mostrador.

El senador agregó: “Lo del Estado de excepción constitucional, por supuesto que lo vamos a discutir, y yo creo que se va a terminar aprobando. Pero ya existe un estado constitucional de emergencia que hay que aplicar, y lo que hay que hacer es fortalecer la presencia de las FF.AA y que no estén divididas en dos. Entre el extremo norte y la macrozona sur”.

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En una línea similar, el senador Andrés Longton (RN) planteó dudas sobre la reforma constitucional de la ACOT, particularmente respecto de la efectividad de implementar un nuevo Estado de Excepción y modificar el artículo 1 de la Carta Fundamental.

Aunque el legislador por la Región de Valparaíso valoró que el Gobierno central sitúe la lucha contra la delincuencia entre sus prioridades, sostuvo que el marco constitucional vigente ya entrega las atribuciones operativas necesarias para actuar en zonas críticas, por lo que consideró innecesario un nuevo diseño constitucional.

Otros parlamentarios, en cambio, valoraron el plan de Arrau. La senadora y jefa de comité de RN, María José Gatica, respaldó la creación del nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública y el conjunto de medidas del ministro Martín Arrau. Afirmó que Chile necesita herramientas más eficaces para enfrentar de raíz al crimen organizado y al narcotráfico.

La senadora por la Región de Los Ríos sostuvo que este mecanismo constitucional busca entregar al Estado facultades inéditas para proteger a las familias en sus propios barrios. Además, recalcó que la iniciativa “no es contra las personas, sino contra quienes nos tienen amenazados” y defendió que la seguridad también constituye un derecho humano fundamental que debe garantizarse sin distinción.

El senador de la UDI Gustavo Sanhueza también enfatizó que “la seguridad es hoy una prioridad para la familia”. Asimismo, coincidió en la necesidad de “tomarlo con el sentido de urgencia que requiere para las chilenas y chilenos: una agenda de seguridad robusta que toma diferentes aristas”.

El estricto nuevo estado de excepción

El eje de la reforma es la creación de un nuevo “Estado de excepción constitucional de seguridad pública”. Según el proyecto, esta herramienta faculta al Presidente de la República para ordenar intervenciones directas y focalizadas en barrios, polígonos o territorios específicos que se encuentren capturados por estructuras delictivas o terroristas. El régimen tendrá una vigencia acotada y sus prórrogas deberán ser aprobadas por el Congreso Nacional.

Bajo este estado de excepción, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas para prestar apoyo a las policías. Sus funciones se restringirán a tareas de vigilancia, logística, control perimetral y apoyo técnico. La autoridad civil también podrá disponer medidas extraordinarias, como el control de desplazamientos y reuniones, la requisición expedita de bienes y el acceso directo a telecomunicaciones para labores investigativas.

La ofensiva legislativa contempla, además, la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Criminales y Terroristas. Mediante este instrumento, el Ejecutivo podrá calificar a agrupaciones delictivas de manera fundada, bajo criterios objetivos y con control del Senado. El proyecto también consagra constitucionalmente la obligación de implementar regímenes de reclusión diferenciados y de aislamiento extremo para los líderes de estas bandas, junto con una nueva institucionalidad que agilice la incautación y posterior liquidación de sus patrimonios financieros y materiales.

Según explican desde el Ejecutivo, el paquete antidelincuencia incluye varias modificaciones legales. Una de ellas propone cambios a la ley antibarricadas para penalizar la obstrucción deliberada del tránsito sin exigir que se acredite el uso de violencia.

En las zonas fronterizas, la iniciativa habilita a Carabineros y la PDI para operar de manera autónoma en la zona primaria, sin requerir autorización de Aduanas. También dispone la destrucción, después de cinco días, de cualquier bien ingresado irregularmente por pasos no habilitados.

En el ámbito comercial, se faculta la clausura de locales y se establece la destrucción obligatoria, en un plazo de 15 días, de las máquinas de azar ilegales. Además, esta actividad será tipificada como delito. Otra iniciativa en preparación es la creación de la Agencia de Decomiso de Bienes.