El voto que la izquierda no logra cobrar

Durante las últimas décadas, buena parte de los partidos de izquierda y centroizquierda latinoamericanos ha construido su identidad programática alrededor de la defensa del trabajo: extensión de derechos laborales, fortalecimiento de la negociación colectiva, aumento del salario mínimo, protección frente al despido. Es un catálogo que debería traducirse en el respaldo natural de quienes menos tienen: los trabajadores asalariados, los sectores medios bajos, los hogares que dependen de un sueldo mensual para sobrevivir. Durante buena parte del siglo XX ese supuesto fue razonablemente cierto: ser pobre equivalía, más o menos directamente, a votar por la izquierda.

Conviene mirar esto desde 2021, cuando Gabriel Boric derrotó a José Antonio Kast en segunda vuelta con un programa que prometía reforma tributaria, el fin de las AFP y una ampliación sustantiva de derechos laborales y sociales. Ganó apoyado en un electorado joven y urbano, politizado por el estallido social de 2019 y por un fuerte voto anti-Kast. Menos de un año después, ese diagnóstico empezó a resquebrajarse.

En septiembre de 2022, en el plebiscito sobre la nueva Constitución, el Rechazo se impuso por amplio margen en casi todas las comunas del país (Servel). Un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo mostró que el quintil de menores ingresos votó Rechazo con más fuerza que el promedio nacional. El Rechazo ganó también en las comunas de mayor población indígena y en la mayoría de los recintos penales del país: un año después de elegir al presidente más joven de su historia con un programa refundacional, los sectores más pobres de Chile rechazaron por amplia mayoría el texto que ese mismo gobierno impulsaba.

Ese resultado se confirmó, con más fuerza todavía, en diciembre de 2025, cuando Kast derrotó a Jeannette Jara y se convirtió en el candidato presidencial más votado de la historia de Chile. Jara, exministra del Trabajo de Boric, hizo campaña con el aumento de las pensiones, un salario mínimo más alto y un sistema nacional de cuidados: la agenda que, según el supuesto clásico, debía consolidar el voto popular.

El análisis comunal de la primera vuelta mostró justo lo contrario: obtuvo su peor desempeño en las comunas de menores ingresos, un resultado en el que probablemente pesó también el atávico anticomunismo chileno.

El mapa, con todo, no es homogéneo, y ahí aparece una variable que pesa tanto como el ingreso: la comuna y el sector donde cada persona vive.

En la Región Metropolitana, Jara ganó en un grupo acotado de comunas obreras de tradición industrial -Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia, Lo Espejo, San Joaquín-, con una historia electoral de izquierda que en algunos casos se remonta a antes de la dictadura. Son comunas construidas alrededor de fábricas y poblaciones organizadas desde mediados del siglo veinte, con juntas de vecinos y una memoria barrial que se transmite entre generaciones casi al margen de la coyuntura de cada elección.

Ese tipo de comuna es cada vez más una excepción dentro del mundo popular chileno. La pobreza que más ha crecido en las últimas dos décadas no está ahí, sino en una periferia más nueva y dispersa: sectores levantados a partir de tomas, campamentos o vivienda social sin el mismo tejido comunitario, muchas veces sin junta de vecinos ni sede social que ordene la vida del barrio. Hay, en otras palabras, un núcleo de pobreza obrera con comuna, historia y organización local que sigue votando izquierda, y un universo mucho más amplio y disperso sin ese arraigo, que fue el que se movió hacia Kast.

Entender esa diferencia obliga a pensar en quién era el obrero del siglo XX y quién es el pobre de hoy. El primero entraba todos los días al mismo lugar, tenía un jefe con cara conocida, un horario fijo, una fila de compañeros haciendo lo mismo a su lado, turno tras turno, y un sueldo que llegaba sin sorpresas el mismo día del mes. Esa repetición, sostenida durante toda una vida laboral en la misma fábrica, fabricó algo más que un ingreso: fabricó un “nosotros” que se reconocía como clase trabajadora, con un enemigo común y la costumbre de resolver sus reclamos en conjunto.

El pobre de hoy vive, con mucha frecuencia, lo contrario. Reparte pedidos en moto para una aplicación que jamás conoce en persona. Vende algo por su cuenta en una feria o por internet. Limpia casas por día, cambiando de dirección cada jornada. Trabaja “a trato” en una obra que termina en dos meses y lo deja, otra vez, sin nada fijo. No tiene jefe al que ponerle cara, ni compañeros con los que compartir rutina, ni una historia laboral en común que dure lo suficiente como para volverse una identidad compartida. La izquierda sigue hablándole con el vocabulario que le sirvió al obrero de hace 50 años, y ese vocabulario, para buena parte de este pobre nuevo, ya no describe nada de lo que vive todos los días.

A esa transformación se suma un segundo factor, más inmediato: la seguridad se instaló como la principal preocupación ciudadana, y pesa más en las comunas populares y periféricas -donde se concentran los homicidios y el crimen organizado- que en los barrios altos de Santiago. Ahí la promesa de mano dura compite con el miedo cotidiano al barrio propio, un eje que Kast cultivó desde su primera candidatura en 2017, antes que el resto de la derecha chilena lo asumiera como propio.

Hay, además, un fenómeno más reciente que la izquierda tampoco ha sabido leer: buena parte de esa nueva pobreza convive, en el mismo mercado informal, con una migración igualmente pobre. En campamentos, ferias y trabajo doméstico por día, familias chilenas y migrantes terminan compitiendo por el mismo empleo precario y el mismo cupo en una escuela o un consultorio saturado. Es una tensión entre pobres, no entre pobres y ricos, y por eso mismo un discurso construido sobre la solidaridad de clase tiene más dificultad para ser procesado.

Kast leyó esa tensión con la misma anticipación con que leyó la demanda de seguridad, y la convirtió en una promesa de control fronterizo que, en esas comunas, se escuchó como respuesta directa a un problema concreto y no como política abstracta.

Lo que el caso chileno permite responder con más precisión que cualquier otro ejemplo de la región es por qué ser pobre dejó de significar, casi automáticamente, votar a la izquierda. El supuesto nunca fue una ley sociológica universal: describía una coyuntura histórica puntual, la de mediados del siglo veinte, en la que la fábrica, el compañero de turno y el partido convertían la pobreza urbana en una identidad compartida con voto casi asegurado. Esa coyuntura se disolvió, y con ella la traducción automática entre condición material y preferencia electoral.

Ser pobre sigue siendo, en Chile, una condición material objetiva. Pero ya no viene acompañada, por sí sola, de las mediaciones que hace un siglo la volvían casi sin excepción un voto de izquierda. Esa distancia, más que cualquier defecto puntual de una candidata o una campaña, es lo que explica por qué la izquierda sigue defendiendo leyes laborales que ya no llegan a buena parte de los propios trabajadores y hablándoles en un lenguaje que no les hace significado.